Continúa el ensañamiento, los maltratos y los abusos, por parte de las autoridades cubanas contra los presos políticos condenados por participar en las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021, informan sus familiares y activistas de derechos humanos.
Elizabeth León Martínez, con cuatro hijos que fueron detenidos por participar en las protestas populares de la barriada de La Güinera, en el municipio Arroyo Naranjo, alertó sobre la situación que tiene José Antonio Gómez León, quien cumple siete años de condena en el penal Combinado del Este, por el presunto delito de atentado.
La mujer dijo que a su hijo de 36 años le han negado ya en tres oportunidades el beneficio de mínima severidad. Ella considera que este beneficio ha sido rechazado por el Ministerio de Justicia, los tribunales y la Seguridad del Estado.
“En este caso, a José Antonio no me le quieren aprobar la mínima. Lo pusieron como un atentado que no hubo, por gritar 'Esa es mi mamá' y defenderme de los policías que me estaban dando golpes. Lo tienen como un delincuente y no es un delincuente”, aseguró la madre de otros tres encarcelados por el 11J: Santiago Vázquez León, Frandy González León y Adonis Alexander Remón León.
La agrupación de monitoreo Justicia 11J asegura que José Antonio Gómez León "se enfrentó a la policía y los boinas negras que estaban golpeando a su madre en la calle. Lo tiraron de un segundo piso y le dispararon balas de goma".
Yosvany Rosell García Caso, de 35 años de edad, cuentapropista, herrero de profesión, padre de tres menores, cumpliendo 15 años de condena por el presunto delito de sedición, está en precarias condiciones en el penal de CubaSí, en la ciudad de Holguín, donde sufre secuelas de las múltiples huelgas que ha realizado en reclamo de derechos.
La última protesta de este tipo fue en el mes de mayo, afirmó su esposa Maylín Rodríguez Sánchez.
“En estos momentos las condiciones en CubaSí, son pésimas. La crisis con la gastritis, que hasta sangra. Le fui a entregar medicamentos que me fueron devueltos, no los reciben. Ahora me dice que lleva más de 20 y pico de días que no recibe los medicamentos de la presión, y entonces mi esposo es hipertenso crónico, él se inflama y retiene líquidos en su cuerpo, al no recibirlos, le afecta su problema del corazón”, advirtió la esposa del preso político.
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos llamó la atención sobre la situación de Roberto Ferrer Gener, de 49 años de edad, que cumple 15 años de cárcel en el Combinado del Este, por los supuestos delitos de desórdenes públicos, atentado y daños a la propiedad.
El residente en el barrio La Güinera, miembro de la organización disidente Movimiento Opositores por una Nueva República, según explicó el abogado Juan Carlos González Leyva está “sobreviviendo en condiciones infrahumanas".
"De acuerdo con las declaraciones de su esposa Isabel Isidra, tiene la presión arterial por las nubes y allí lo están matando de hambre y lo privan hasta de sus medicamentos”, reportó el relator.
González Leyva habló de la situación de Humberto Paz Gutiérrez, periodista independiente y activista de derechos humanos, de 42 años de edad, que cumple cinco años de prisión por los presuntos delitos de atentado y desordenes públicos, por su participación en las protestas en la ciudad de Ciego de Ávila.
Encarcelado en la prisión provincial de Canaleta, en una galera de confinamiento y castigo, este prisionero sufre la negación de todos sus derechos penitenciarios, incluyendo la asistencia médica.
"La policía política continúa negándole la mínima severidad”, dijo el abogado.
Esta es la segunda prisión de carácter político que cumple el activista, quien en el año 2020, fue sentenciado a un año de cárcel por un supuesto desacato.
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