El Congreso de Estados Unidos prohibió el uso de fondos gubernamentales para invitar, asistir o participar en ejercicios conjuntos con militares cubanos, en el año fiscal 2017, bajo las actuales circunstancias en Cuba.
La medida está contenida en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA por sus siglas en inglés) aprobada por el Senado, en consonancia con el mismo texto que aprobó antes la Cámara de Representantes.
La NDAA, que ya fue enviada a la firma del Presidente, establece en su Sección 1286 del Título XII, que el Secretario de Defensa no puede disponer fondos para ninguna actividad con militares cubanos, hasta que “en consulta con el Secretario de Estado y el Director Nacional de Inteligencia, certifique a los correspondientes comités congresionales” las siguientes condiciones:
- “Que los militares cubanos han cesado de cometer abusos y violar los derechos humanos de los activistas civiles y otros ciudadanos de Cuba.
- Que los militares cubanos han dejado de proveer inteligencia militar, entrenamiento de armas, planificación estratégica y seguridad logística, a las fuerzas militares y de seguridad de Venezuela.
- Que los militares cubanos y otros fuerzas de seguridad cubana hayan cesado de perseguir, intimidad, arrestar, encarcelar y asesinar a disidentes y miembros de organizaciones religiosas."
Otras dos condiciones que establece Ley exigen que el Gobierno de Cuba, suspenda sus demandas de recuperar el territorio de la Base Naval de Guantánamo, que ocupa Estados Unidos por un acuerdo internacional.
Por último, la medida exige que no se podrán asignar fondos para ninguna cooperación con militares cubanos, hasta que los oficiales cubanos acusados de asesinar a los ciudadanos estadounidenses cuando el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, no sean entregados a justicia estadounidense.
La Ley toma en cuenta excepciones a estas disposiciones cuando se trate de operaciones realizadas por desastres humanitarios, asignaciones para la operación de la Embajada de Estados Unidos y la Base Naval de Guantánamo, así como actividades encaminadas a apoyar la democracia en Cuba, según lo establecido en la Ley de Solidaridad para la Libertad y Democracia Cubana, de 1996, conocida como Helms-Burton.
