Las autoridades de la Prisión Provisional de Holguín pretenden que se radique un nuevo proceso penal contra el preso político Miguel Enrique Girón Velázquez, manifestante del 11 de julio condenado a 11 años de privación de libertad.
“Le están fabricando un nuevo delito de amotinamiento dentro de la prisión y mi hijo pasó ahora 21 días en Instrucción Penal. Lo regresaron a la prisión el 7 de junio. El abogado fue a ver qué habían hecho con el expediente de instrucción fiscal que estaban haciendo y ahí no hay nada, pero todavía lo tienen abierto”, dijo a Radio Televisión Martí, su padre, Miguel Girón, radicado en Kentucky, Estados Unidos.
El oficial penitenciario Alexander Rodríguez Villares acusa al joven de 25 años de “amotinamiento” y por ello fue recluido en el centro de Instrucción Penal de la provincia por más de 20 días.
“La acusación se basa en una denuncia hecha por un oficial de la prisión. Alguien quiso callarle la boca a mi hijo, bajarle la soberbia. Que mi hijo no diga más nada, que declare algo diferente, cosa que no va a pasar. El muchacho está bien firme. Mi hermano pidió una entrevista en la sede de la Seguridad del Estado y le dijeron que tenían muchas pruebas. Llevaron a Instrucción Penal a todos los presos por el 11J para interrogarlos acerca de mi hijo para ver si podían añadir algo, pero no pudieron. Lo que quieren es bajarle la moral, bajarle su orgullo bajarle su dignidad”, afirmó Miguel.
“Él no se metió por embullo en las marchas como algunos familiares dicen. Nunca fue opositor, pero sí está claro, que el comunismo, no es lo que quiere para su futuro. Se metió en la manifestación por pura convicción y así se lo ha dicho a los jueces del Tribunal Supremo y también que se metió por la necesidad, por la escasez, por todo que no funciona en Cuba. En la vista le habló al juez sobre la persecución que tiene la Seguridad de Estado contra ellos y contra las familias”, relató el padre.
La pasada semana, el Tribunal Supremo concluyó el proceso de apelaciones y dictó las sentencias contra 14 encausados por sedición que participaron en el estallido social, entre ellos Girón Velázquez.
Iván Colón Suárez recibió un fallo de 14 años de prisión; José Ramón Solano Randiche y Maikel Rodríguez del Campo, 13 años; Mario Josué Prieto Ricardo y Cruz García Domínguez, 12 años; Yoirdan Revolta Leyva, 11; William Manuel Leyva Pupo y Franklin Reymundo Fernández Rodríguez, 9 años de cárcel.
A Jessica Lisbeth Torres Calvo, condenada en primera instancia a 15 años de prisión, el Tribunal Supremo redujo su pena a 10 años por su condición de madre.
Marcos Antonio Pintueles Marrero, que fue excarcelado tras el juicio, deberá cumplir cinco años de trabajo correccional con internamiento, el mismo tiempo que estará en reclusión domiciliaria Yoel Ricardo Sánchez Borjas, que tenía la medida cautelar de libertad bajo fianza.
Miguel Cabrera Rojas y Yosvany Rosell García Caso pasaron de los 20 a los que estaban sentenciados a 15 años de privación de libertad.
“Por supuesto que estamos inconformes con lo que acaba de llegar. Nosotros entendemos que no merece un día más ahí, porque al final él no ha cometido un delito, no ha matado a nadie. Él ejerció un derecho constitucional”, insistió Mailín Rodríguez Sánchez, esposa de García Caso.
“Todo el mundo (los familiares) tiene la misma postura: No estamos conformes. Queremos seguir los procesos porque ellos (los jueces) se están dando cuenta que son una injusticia las largas condenas y se las están bajando de poquito en poquito. A mi esposo al principio le pedían 30 años y ya va por 15. Mira el gran error que cometieron”, señaló Rodríguez Sánchez.
Uno de los presos del 11 de julio en la capital holguinera, Cruz García Domínguez, estaría en huelga de hambre desde hace seis días.
“Dice que prefiere morir a pasar 12 años de su vida en prisión. Está protestando por la sanción”, dijo.
El juicio se celebró el 27 de abril y el tribunal mantuvo el delito de sedición, uno de los más graves en casi todos los sistemas judiciales del mundo.
