La Fiscalía Provincial de Holguín está pidiendo 30 años de privación de libertad para cuatro personas que se sumaron a las marchas populares efectuadas el 11 de julio en más de 60 localidades de la Isla.
Se trata de Miguel Cabrera Rojas, José Ramón Solano Randiche, Iván Colón Suárez y Yosvani Russel García Caso, cuya esposa Mailin Rodríguez Sánchez dijo a nuestra redacción:
“El se incorporó a la marcha que se regó por todo Holguín. Al cuarto día, el 15, vienen a buscarlo a la casa”.
El 10 de julio, Yosvani Russel García Caso había protestado junto a un grupo de vecinos por la falta de fluido eléctrico en el reparto Alcides Pino, donde reside. El texto acusatorio asegura que los incitó a lanzar piedras contra locales estatales.
“El nunca convocó a nadie en la cuadra. Es mentira, ni siquiera se sabe cuando fue realmente porque aquí se va la luz todos los días. Si hubiera ocurrido de verdad se lo hubieran llevado preso el mismo momento”, indicó la esposa.
Igualmente, la Fiscalía holguinera solicitó 28 años de prisión para Mario Josué Prieto Ricardo y Maykel Rodríguez del Campo, 27 para Jessica Lisbeth Torres Calvo, 25 para Cruz García Domínguez, Miguel Enrique Girón Velázquez y Yasmany Crespo Hernández, y para Yoirdan Revolta Leyva, 22 años.
Seis manifestantes tienen petición fiscal con penas de 18 años y 15 para otros cuatro.
Todos están inculpados por el delito de sedición
Según las conclusiones provisionales del órgano acusatorio, a las que Radio Televisión Martí tuvo acceso, los encausados se manifestaron de forma violenta en la tarde del 11 de julio frente a instituciones estatales, como los Gobiernos Provincial y Municipal, el Ministerio del Interior y el Comité Provincial del Partido Comunista en la ciudad de Holguín, con el propósito de "alterar el orden social socialista consagrado en la Constitución de la República de Cuba".
Tenían la intención de "desestabilizar el proceso revolucionario y procurar la ruptura del orden y la tranquilidad ciudadana” y "fueron convocados por algunos líderes contrarrevolucionarios de Cuba y el exterior no identificados en el proceso investigativo”, reza el documento que agrega que vociferaron improperios “contra los dirigentes del Estado y el Partido Comunista de Cuba”.
“Siendo mentira. Mi esposo sí tiene amistades en Estados Unidos, pero son amigos que se criaron juntos desde que nacieron y se fueron del país. Es una enorme injusticia. Le ponen también ahí [en la petición fiscal] que es un vago cuando lleva 12 años ejerciendo la soldadura, es un herrero. Mantiene una familia que somos 5, nuestros hijos de 3, 5 y 13 años. Es un hombre bueno y están acabando con una familia”, destacó Rodríguez Sánchez.
“El abogado Enoel Hidalgo Fajardo me dice que está difícil pero que va a estudiar el caso y se va a fajar”, dijo.
Al menos 121 personas están acusadas de sedición en distintas zonas del país, entre ellos 11 menores de 18 años, informó el grupo Justicia 11J que aseguró recientemente:
"La sedición está siendo usada como delito político contra personas que exigen derechos elementales y que no tienen formación política. La desobediencia civil no es ni sediciosa ni se debe catalogar como vandalismo. Hacerlo es discriminatorio y elitista”.
