La plataforma Archipiélago reprochó en una carta pública al presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, que en la práctica no se cumplan sus pronunciamientos del 24 de julio pasado, cuando aseveró que manifestarse, lejos de ser un delito, es “un derecho constitucional de las personas".
Ferro constituye el "máximo órgano judicial en la Isla”, explicó desde Miami Eric Brito, de la Comisión de Apoyo a la Marcha del 15N, un grupo independiente formado por juristas, politólogos y especialistas en Relaciones Internacionales.
“Están haciendo uso de las palabras que dijera esta persona tras las protestas del pasado 11 de julio; a la hora que él dijera, de manera pública, que manifestarse en Cuba, contrario a la ideología imperante en el país, contrario incluso al Estado, no constituye en sí mismo un delito”, apuntó el activista.
Sin embargo, a quienes han solicitado permiso para marchar el 15 de noviembre, o simpatizado con la acción, se les está perjudicando de formas muy graves como campañas difamatorias, citaciones e interrogatorios, amenazas de la Seguridad del Estado y hasta expulsiones del centro de trabajo.
En ese sentido, remarcó Brito: “Cuando los manifestantes de Archipiélago intentan las vías establecidas para manifestarse en varias provincias del país - lo explican claramente en la carta- han sido reprimidos, muchos han sido incluso expulsados de sus centros laborales solamente por expresar libremente sus ideas”.
Archipiélago indicó en su misiva de este miércoles, que “se emplea la legislación penal como un instrumento para cohibir y reprimir el ejercicio de derechos”: varios miembros han sido advertidos que, de manifestarse el día 15 de noviembre, incurrirían en delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros.
La carta señaló que no solo se está negando el derecho a marchar, sino que se está calificando esta actividad como ilícita: "Lo cual equivale a declarar que manifestarse es ilícito si contraviene a los intereses del Gobierno. ¿En qué parte del artículo 56 dice semejante cosa?", preguntó Archipiélago y añade:
"Si las autoridades y órganos del Estado no protegen debidamente los derechos, con apego a la igualdad, la justicia, y la legalidad, entonces no solo se está poniendo los intereses estatales por encima de los intereses públicos y ciudadanos, sino que se está actuando al margen del mandato constitucional".
La plataforma denuncia que negar ese derecho viola la Constitución porque las marchas han sido comunicadas conforme establece la ley y con el compromiso de respetar las normas sanitarias y el orden público, por lo que no hay fundamento para objetarlas.
“Si en efecto, Ud., como presidente del Tribunal Supremo sostiene las palabras que anteriormente citamos; que los cubanos tenemos derecho de libre expresión y manifestación, entonces comprenderá que los hechos que por este medio denunciamos y ponemos en su conocimiento, requieren atención y soluciones inmediatas por los daños causados a la ciudadanía”, afirmó el colectivo y agregó que espera una respuesta.
“Entonces están haciendo este llamado a la máxima institución judicial del país para que, primero, justifique las palabras que fueron dadas de manera pública y luego entonces explique de qué manera hay otras instancias de gobernatura en el país que se han adjudicado el derecho de interpretar la Constitución y cancelar estos derechos que están establecidos y deben ser de goce por parte de todos los cubanos”, concluyó Brito.
