En Santiago de Cuba los opositores Ebert Hidalgo y su hijo, Ebert Luis Hidalgo, fueron citados la pasada semana por la policía del régimen para advertirles de que serían llevados a prisión si salían a marchar el 15 de noviembre.
Ebert Hidalgo, integrante de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) dijo a Radio Martí que las condenas previstas por la Seguridad del Estado para quienes participen en la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba, convocada por la plataforma Archipiélago para el 15 de noviembre, serán por encima de los veinte años de cárcel.
Según Hidalgo, los oficiales de la policía política advirtieron, tanto a él, como a su hijo Ebert Luis que “si salíamos, nos iban a echar la pena máxima de prisión, que todo el que salga va a ser sancionado por la Constitución esa que tienen inventada ellos”.
“Ellos hacen quitan y ponen las leyes que ellos entienden. Les van a echar veinte años o treinta al que salga el 15N”, dijo el opositor.
“Ninguna de las amenazas que ellos hagan van a impedir que el pueblo salga”, apuntó.
Hidalgo aseguró, como han alertado muchos otros activistas, que los dirigentes del régimen están asustados y "tienen a las ‘fuerzas’ en la calle porque, hasta en los centros de trabajo, ellos están movilizando a la gente para hacer como una contramarcha”.
“Los están movilizando para que salgan con palos, los están movilizando el gobierno de Díaz-Canel, pero nosotros, vamos a salir a la calle, a la marcha pacífica que vamos a hacer”, enfatizó.
Con dos meses de antelación, el 20 de septiembre, el grupo Archipiélago Cuba y otras organizaciones de la sociedad civil cubana presentaron una solicitud a varios gobiernos locales, entre ellos el de La Habana para realizar una marcha pacífica, de unas 5.000 personas, contra la violencia.
El régimen respondió programando ejercicios militares en todo el país del 18 al 19 de noviembre y la celebración el 20 de noviembre del "Día Nacional de la Defensa", coincidiendo con la fecha previa de la marcha.
Ante la total militarización del país, los organizadores de la manifestación acordaron entonces adelantarla al 15 de noviembre, pero las instancias locales dijeron que no tendrían autorización para marchar.
Poco después, la Fiscalía General de la República amenazó a los principales promotores de esta iniciativa cívica con procesarlos por los "delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros previstos y sancionados en la legislación penal vigente".
Desde entonces la represión contra los miembros y simpatizantes de Archipiélago y otros grupos de la sociedad civil cubana incluyen amenazas, interrogatorios, despidos laborales, intimidaciones, vigilancia policial, reclusión domiciliaria, detenciones arbitrarias y agresiones físicas.
Archipiélago ha dicho que la convocatoria se mantiene y que los objetivos de la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba son: exigir la libertad de los presos políticos, en especial los del 11J, el fin de la violencia y el respeto de los derechos de todos los cubanos y encontrar solución a los problemas por vías democráticas y pacíficas.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)
