Derechos Humanos
Decomisan teléfono y dinero a periodista independiente y lo amenazan con la cárcel
La Seguridad del Estado en Santiago de Cuba interrogó al comunicador y le advirtió que puede estar incurriendo en un delito que lo llevaría a prisión.
La Seguridad del Estado en Santiago de Cuba incautó este lunes el teléfono celular y más de 500 euros al periodista independiente Jorge Amado Robert Vera.
“A la salida del banco fui interceptado por la policía política, por el mayor de Julio Fonseca, el mayor Manuel Alejandro y otro agente”, relató el comunicador en un audio divulgado por WhatsApp.
“Fui cacheado en plena vía pública y luego me condujeron hacia la Unidad de Operaciones en las Alturas de Versalles, que es un centro donde está la sede de la Seguridad del Estado y el Departamento Técnico de investigaciones”, agregó.
En el cuartel provincial de la policía política, Vera fue interrogado e informado que estaría incurriendo en un delito por el que puede terminar en prisión. Sobre esto le levantaron un acta de advertencia que se negó a firmar.
“Me dijeron que estaba allí por colaborar con una organización terrorista, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Yo les indiqué que ellos tienen una forma muy particular de considerar el terrorismo. También me amenazaron con imputarme de desacato por denigrar de las figuras del gobierno. Yo les pregunté si los dirigentes cubanos son ángeles. Si no lo son, los puedo criticar. Es mi derecho”, recalcó.
“Después del minucioso interrogatorio, me ocuparon el teléfono y la suma de dinero de 540 euros. Más tarde fui puesto en libertad”, detalló.
Robert Vera ha sido arrestado en varias oportunidades. En marzo de 2023, pocos días antes de las votaciones para miembros de la Asamblea Nacional, fue amenazado por los agentes del Estado con ser procesado por “incitación a delinquir” por promover la abstención en las elecciones parlamentarias.
Al menos seis activistas están tras las rejas incriminados por una presunta relación con grupos “contrarrevolucionarios” en el exterior: Sulmira Martínez, Lázaro Mendoza y José Antonio Pompa de La Habana; Daniel Moreno, de Santiago de Cuba, José Manuel Barreiro, de Cienfuegos y Daniel Alfaro de Artemisa.
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Rosa María Payá ante la Asamblea General de la OEA: "las dictaduras solo responden a la presión"
La activista cubana de los derechos humanos, Rosa María Payá, habló el jueves ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, sobre la responsabilidad que tienen los Estados miembros del organismo hemisférico para proteger la democracia en todo el continente, “especialmente en Cuba, Nicaragua y Venezuela, las tres dictaduras”.
Payá, integrante de la Fundación para la Democracia Panamericana, pronunció su discurso ante la Asamblea General en Asunción, Paraguay, en nombre de la Coalición Democracia, Libertad, Justicia y Renovación Política.
“Denunciamos el vergonzoso aumento de las detenciones arbitrarias y los más de 1.600 presos políticos en América latina, al menos 1.100 de ellos cubanos, como el periodista independiente Carlos Michael Morales, que hoy cumple 7 días en huelga de hambre”, afirmó Payá.
También recordó el caso de Olesia Muñoz en Nicaragua, "arrestada por cantar en el coro de la Iglesia", y el arresto de la defensora de los derechos humanos de Venezuela, Rocío San Miguel.
“Los invitamos a exigir que los venezolanos puedan hacer campaña y votar sin ser criminalizados en las elecciones del 28 de julio”, dijo Payá, al recordar que el régimen de Nicolás Maduro está obstaculizando el derecho al voto de “más de cinco millones de venezolanos en el exterior”.
Acerca del éxodo de ciudadanos cubanos a América del Norte, denunció que la dictadura de Miguel Díaz-Canel usa este fenómeno “en una estrategia de desestabilización regional que inició en noviembre del 2021 en una operación fabricada por los gobiernos de Cuba y Nicaragua, cuando este último retiró la restricción de visa para los ciudadanos cubanos, abriendo la posibilidad a los esquemas actuales de extorsión y tráfico de personas desde Managua hasta la frontera sur de Estados Unidos”.
En dos años, más de 535.000 cubanos han sido registrados cruzando esa frontera, precisó la activista, hija del fallecido opositor e impulsor del Proyecto Varela, Oswaldo Payá Sardiñas.
Acerca de la situación en la isla, aseveró que las políticas del régimen han agudizado los problemas económicos y de índole social. Hoy, el Estado cubano “es incapaz de garantizar los servicios básicos al pueblo”, dijo.
En ese contexto, Payá declaró que “los cubanos sabemos que la única salida de la crisis es la salida de la dictadura y estamos exigiendo el cambio democrático, como lo demuestran las miles de protestas de los últimos años”.
Sin embargo, la activista argumentó que el pueblo cubano "está abandonado" por los Estados de las Américas y “las consecuencias han sido devastadoras”.
Al final de su discurso, dijo que el régimen cubano está involucrado en el envío “de al menos 3.000 cubanos a la guerra de agresión rusa contra Ucrania”, y mantiene relaciones con “organizaciones terroristas como Hamás y permiten bases de espionaje China”.
“El régimen no solamente aplica el terrorismo de Estado todos los días contra sus ciudadanos, sino que patrocina el terrorismo internacional, poniendo en riesgo la seguridad de toda la región, como la demostró la presencia de buques de guerra y submarinos nucleares rusos en Cuba”, sostuvo.
“Les pedimos que apoyen la realización de un plebiscito vinculante con estrictas precondiciones democráticas para apoyar el cambio de sistema en Cuba hacia la democracia”, dijo. “Es hora de que los Estados de las Américas se unan contra los dictadores. Los invitamos a exigirle a las dictaduras que eliminen todas las formas de violencia política y a exigir la inmediata e incondicional liberación de todos los prisioneros y prisioneras políticos en todos los países de las Américas”.
“Las dictaduras solo responden a la presión y ustedes tienen las responsabilidades ejercerla para impedir el avance del autoritarismo en América Latina”, concluyó la activista cubana.
Otras declaraciones de la sociedad civil en la OEA
La Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de las Américas, en el marco de la Asamblea General de la OEA, expresó en su intervención su preocupación por las restricciones a la sociedad civil y prensa independiente en Cuba y otros países del continente.
Hay “un grave contexto” de cierre del espacio cívico y de deterioro de la institucionalidad democrática en la región, lo que genera severos impactos “en la vigencia de derechos internacionalmente reconocidos”, aseveró la Coalición.
También llamó la atención sobre las acciones que fomentan “la impunidad” en casos de violaciones de derechos humanos, y que limitan “el trabajo de la sociedad civil y prensa independiente” en Cuba, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela.
Seguridad del Estado impone restricción de movimiento a matrimonio de sindicalistas en Cuba
Consuelo Rodríguez Hernández y Lázaro Roberto Aguiar Mendoza fueron amenazados con entre 2 y 8 años de prisión si continúan con su activismo en redes sociales.
La Seguridad del Estado impuso restricción de movimiento y amenazó con imputar de cargos y procesar penalmente a dos miembros de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) en Cruces, Cienfuegos.
El matrimonio formado por Consuelo Rodríguez Hernández y Lázaro Roberto Aguiar Mendoza, fue citado a comparecer este miércoles en la unidad policial de la localidad.
“Nos estaba esperando la Seguridad del Estado de Cruces, el oficial Camilo y el oficial Adonis. Yo entré primero a la oficina. Me amenazaron con meterme de 2 a 8 años preso”, dijo en un audio enviado a Martí Noticias Aguiar Mendoza, sin precisar el delito por el que los policías pretenden encausarlo.
“Nos prohibieron hacer publicaciones o compartirlas en las redes sociales, tener vínculos con personas contrarrevolucionarias, entre ellos el Secretario de la ASIC, Iván Hernández Carrillo. No podemos salir del municipio”, detalló.
Aguiar Mendoza, enfermero de profesión, se ha quejado en Facebook de la falta de ambulancias y de las condiciones en las que los profesionales de la salud tienen que trabajar en el municipio cienfueguero.
Su esposa, Consuelo Rodríguez, que fue interrogada más tarde por los mismos agentes, también recibió un tratamiento intimidatorio.
“Dijeron que esta era la primera vez que nos estaban llamando la atención y que, si volvíamos a hacerlo, va a haber otras medidas, que podían ser de 2 a 8 años de privación de libertad, que nos harán un registro y decomisarán los teléfonos”.
Ambos sindicalistas fueron advertidos de que, por su actividad en las redes sociales, podrían ser multados bajo el Decreto 370, que incluye la incautación de los dispositivos electrónicos privados.
La organización Prisoners Defenders ha denunciado que la aplicación del 370 es un "gravísimo hecho” que supone la "persecución de la libertad de expresión y otros derechos" en Cuba.
Los integrantes de la ASIC son blanco constante del acoso de las fuerzas del Estado cubanas. El asedio a los sindicalistas ha sido puesto en conocimiento de Gilbert F. Houngbo, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Esto se trata de un acto de hostigamiento contra los miembros de la ASIC y nosotros estamos muy preocupados por lo que está sucediendo, toda una vez que el régimen cubano está en un momento de muchas situaciones difíciles, sociales, económicas y políticas, y puede traer consigo una escalada represiva contra los sindicalistas independientes”.
La organización mundial de los trabajadores ha pedido a las autoridades cubanas en más de una ocasión que legalice la ASIC y reconozca el libre sindicalismo en la isla.
Rechazan apelación y ratifican condena de cárcel al opositor Adrián Curuneaux
El preso político cubano, vicepresidente del Movimiento de Opositores por una Nueva República, encarcelado desde el 3 de agosto de 2023, deberá cumplir cuatro años de cárcel.
El Tribunal Provincial Popular de La Habana ratificó la sentencia de cuatro años de privación de libertad impuesta en abril al opositor Adrián Curuneaux Stevens por el delito de lesiones.
Su esposa, Yurisán Valdés, dijo a Martí Noticias que el abogado del opositor, integrante del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), le comunicó la decisión el lunes.
A pesar de haber apelado la sentencia de su esposo, “se le quedó en cuatro (años) igual", dijo. "Lo mismo que le pedían es lo mismo que se le quedó”.
Curuneaux, padre de cinco hijos, ha sido prisionero político en tres ocasiones. Su activismo político incluye la militancia en el MONR y su filiación al Movimiento Democracia y a la organización opositora Cuba Decide.
En esta ocasión, el opositor fue condenado por supuestas lesiones y está encarcelado en la 1580, como se le conoce a la prisión ubicada en la localidad habanera de San Miguel del Padrón. El activista está encarcelado desde el 3 de agosto de 2023, tras ser acusado por una supuesta agresión a un oficial de la Policía.
"Eso es cosa de la Seguridad (del Estado) también, eso fue lo que él me dijo", afirmó la esposa.
Según el acta de sentencia emitida en abril, Curuneaux y su hijo, Enrique Fajardo, se encontraban en su vivienda en La Habana en julio de 2023 cuando fueron atacados por Yoelvis Daniel Rojas, quien irrumpió en el hogar del activista, armado con un bate de madera para "desquitarse" de un altercado que había tenido anteriormente con Fajardo, quien sí le ocasionó lesiones al agresor.
“El que fue lesionado es el muchacho, pero no fue Adrián, fue el hijo, porque es una persona que va a la casa de uno, no entiendo por qué tiene que ir preso el dueño de la casa, cuando fue el muchacho el que fue a la casa. ¡Yo no lo entiendo todavía!”, exclamó Valdés.
Mientras Adrián Curuneaux y su hijo cumplirán una sentencia de cuatro años de prisión, Rojas Rivero, el agresor, se encuentra en libertad, denunció a Martí Noticias la esposa del preso político.
El centro de asesoría legal Cubalex declaró que el caso de Curuneaux Stevens estuvo marcado por una detención arbitraria, la indefensión y las violaciones del debido proceso.
(Con reporte de Ivette Pacheco para Martí Noticias)
Fuertes críticas a Cuba en carta de Amnistía Internacional a la OEA
La organización denunció el uso excesivo de la fuerza policial, militarización y detenciones arbitrarias, entre otras violaciones de derechos, en varios países de América Latina, incluidos Venezuela, Nicaragua y El Salvador.
Amnistía Internacional citó la situación de los derechos humanos en Cuba y otros países de América Latina en una carta abierta enviada el lunes a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que participarán en la Asamblea General del organismo a partir del 26 de junio en Asunción, Paraguay.
El lema de la 54° Sesión Ordinaria de la Asamblea General es “Integridad y Seguridad para el Desarrollo de la Región”, recalcó Amnistía. En ese sentido, aseveró que “la integridad y la seguridad sólo pueden ser sostenidas de forma integral en la medida que se centren en el respeto y garantía de los derechos humanos”.
“A la Asamblea General de la OEA le decimos: no hay seguridad con la violencia estatal. En nombre de la seguridad, avanza la militarización y el uso excesivo de la fuerza en la región; y denunciamos que siguen las detenciones arbitrarias en Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela”, dijo la ONG.
La carta se refiere a otros temas preocupantes, en los cuales se menciona a Cuba. Advierte que “en países como Argentina, Colombia, Cuba, El Salvador, México, Paraguay, República Dominicana y Venezuela se somete a amenazas, hostigamiento, y en algunos casos incluso el homicidio y la vigilancia ilegítima a profesionales de los medios de comunicación”.
En torno al activismo en las filas de la oposición pacífica, denuncia que “Estados y actores no estatales utilizan diversas herramientas, tales como el hostigamiento, la estigmatización, la criminalización, la desaparición y el homicidio, para impedir que activistas de derechos humanos llevaran a cabo su legítima y necesaria labor en países como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico República Dominicana y Venezuela”.
La carta también aborda la situación de los disidentes y presos políticos en el continente americano: “Así, en Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela se continúa violando el derecho a la libertad, a un juicio justo y a la integridad física”.
“De igual forma, en El Salvador, México, Nicaragua y Venezuela, las personas detenidas sufren con frecuencia tortura u otros malos tratos y, en ocasiones, desaparición forzada”, precisó la misiva.
El documento íntegro, a continuación:
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CARTA ABIERTA A LAS JEFAS Y JEFES DE ESTADO DE LOS ESTADOS AMERICANOS EN OCASIÓN DE LA LIV SESIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA El lema de la 54° Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) es “Integridad y Seguridad para el Desarrollo de la Región”. En ese sentido, Amnistía Internacional estima que la integridad y la seguridad sólo pueden ser sostenidas de forma integral en la medida que se centren en el respeto y garantía de los derechos humanos. De hecho, la OEA ha determinado la importancia e interdependencia de los derechos humanos al consagrar dentro de sus cuatro pilares fundamentales a: “la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo”. Como todos los años, Amnistía Internacional hace un llamado a la OEA y a su Secretaría General a centrar sus esfuerzos para que los derechos humanos guíen las políticas públicas a desarrollar por parte del máximo foro multilateral del continente. Al respecto, Amnistía Internacional considera que el cierre del espacio cívico en varios Estados del hemisferio es un punto de inflexión que requiere tomar medidas urgentes por el concierto de las naciones interamericanas. Asimismo, frente a la elección de magistradas y magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la organización exhorta a los Estados Miembros a elegir a quienes presenten las más altas credenciales en la materia, para garantizar que esta Corte regional pueda continuar liderando el desarrollo efectivo de estándares interamericanos en materia de derechos humanos. Por tanto, Amnistía Internacional hace un firme llamado a este foro para priorizar soluciones duraderas con perspectiva de derechos humanos a nivel regional. Cierre del espacio cívico en las AméricasPara Amnistía Internacional es claro que el espacio cívico se ha visto seriamente reducido en el hemisferio americano, siendo su consecuencia directa los retrocesos en materia de derechos humanos. Debe señalarse que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha determinado que el espacio cívico “se refiere a las circunstancias reales que hacen posible la participación ciudadana en una sociedad en un momento y tiempo determinado. Se constituye por aquellos factores jurídicos, políticos, administrativos, económicos, culturales, que determinan la forma y las modalidades operativas del escenario, tanto físico como digital, en el que las y los diferentes actores de la sociedad civil participan efectivamente en la vida de su comunidad”. Así, la CIDH también ha señalado que la “determinación respecto de la apertura o cierre del espacio cívico en un Estado depende de las condiciones jurídicas y las circunstancias fácticas que favorecen o restringen el ejercicio de aquellos derechos identificados para que las personas y grupos puedan desempeñar dicho papel significativo en sus sociedades y contribuir en los procesos de toma de decisiones en los asuntos que les afectan, en particular: la libertad de expresión, el derecho de reunión, la libertad de asociación y el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos”. • Organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas En las Américas, el cierre del espacio cívico ha afectado particularmente a personas defensoras de derechos humanos, incluidos colectivos y organizaciones de base, a quienes ejercen el periodismo, y a las personas percibidas como opositores políticos. En países como como El Salvador, Nicaragua y Venezuela, donde el derecho a la libertad de expresión ya estaba amenazado, los Estados impusieron más medidas legales e institucionales contra los grupos de la sociedad civil para tratar de silenciar las críticas. En el caso de Venezuela, existen proyectos de ley, cuya aprobación y entrada en vigor podrían ser inminentes, amenazando con cerrar el ya limitado espacio cívico. Asimismo, entre agosto de 2022 y septiembre de 2023, Nicaragua revocó la personería jurídica de más de 2,000 organizaciones no gubernamentales (ONG), con lo que la cifra total de ONG clausuradas desde 2018 ascendía a 3,394. En agosto del 2023 se cerró la Universidad AMR 01/7948/2024 Centroamericana de Nicaragua, acusada de ser un “centro de terrorismo” y se confiscaron los bienes de organizaciones como Cruz Roja. Por su parte, en El Salvador, durante el 2023, se produjo un aumento de las protestas ante la situación del estado de excepción que se había impuesto en marzo de 2022. Sin embargo, la respuesta por parte del Estado fue la estigmatización, amenazas, hostigamiento y vigilancia a quienes organizaban las protestas y a quienes participaban en ellas, y restricciones a la libertad de circulación. De igual forma, la organización resalta que las Américas es un lugar del mundo altamente peligroso para quienes ejercen el periodismo. En países como Argentina, Colombia, Cuba, El Salvador, México, Paraguay, República Dominicana y Venezuela se somete a amenazas, hostigamiento, y en algunos casos incluso el homicidio y la vigilancia ilegítima a profesionales de los medios de comunicación. El uso de la violencia a través de redes digitales, con el objeto de silenciar y acallar a periodistas, en especial mujeres, líderes de la oposición, artistas y medios de comunicación, también ha afectado a periodistas y personas defensoras en Argentina. En República Dominicana, se demostró con pruebas que la destacada periodista especializada en corrupción e impunidad Nuria Piera había sido atacada en 2020 y 2021 con el programa espía Pegasus de NSO Group, que permite el acceso pleno y sin restricciones a dispositivos electrónicos; las autoridades negaron haber participado en la vigilancia. En México, en 2023 al menos cinco periodistas fueron asesinados por motivos posiblemente relacionados con su trabajo, según la organización ARTICLE 19. Mientras en El Salvador no se tienen datos sobre el avance de las investigaciones sobre el uso del programa espía Pegasus en contra de diversos miembros de la sociedad civil. Por otro lado, Amnistía Internacional tampoco puede dejar de señalar que el hemisferio americano sigue siendo una de las regiones más peligrosas del mundo para las personas defensoras de los derechos humanos. En ese sentido, Estados y actores no estatales utilizan diversas herramientas, tales como el hostigamiento, la estigmatización, la criminalización, la desaparición y el homicidio, para impedir que activistas de derechos humanos llevaran a cabo su legítima y necesaria labor en países como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico República Dominicana y Venezuela. Honduras presenta la cifra más alta del mundo de personas defensoras de la tierra, territorio y medio ambiente asesinadas en relación con su población, según datos de Global Witness. A nivel regional, las violencias contra personas defensoras del aborto han persistido; y en lugares como Argentina o Estados Unidos se han recrudecido sensiblemente. Aunque la mayoría de los países de las Américas carecen de sistemas sólidos de protección para personas defensoras de derechos humanos, Colombia mostró algunas señales de mejora. En este país, el Ministerio del Interior anunció el fortalecimiento del programa de protección colectiva de las personas defensoras de los derechos humanos integrantes de organizaciones populares y comunidades, dirigido específicamente a quienes defendían la tierra y el territorio. Aunque los resultados de estas acciones, en términos de mejoría del espacio para ejercer la labor de defensa de derechos humanos en el país, está por verse. Amnistía Internacional hace un llamado a los Estados de las Américas para garantizar que las personas defensoras de derechos humanos y quienes ejercen el periodismo pueden llevar a cabo sus actividades en condiciones de seguridad, sin temor de ser amenazados, perseguidos y/o criminalizados, elaborando programas de protección efectiva, o mejorando los existentes, así como velando por que las personas sospechosas de agredir a estos miembros de la sociedad civil comparezcan ante la justicia. • Uso excesivo de la fuerza policial y militarización Para la organización es imperativo mencionar que el uso excesivo e innecesario de la fuerza, incluidos medios letales, por parte de autoridades encargadas de hacer cumplir la ley ha estado presente en toda la región. En Brasil, entre julio y septiembre de 2023, al menos 394 personas murieron violentamente en operaciones policiales que tuvieron lugar en los estados de Bahía, Río de Janeiro y São Paulo, mientras que el Estado seguía sin adoptar medidas para reducir la violencia policial, incluido el uso de cámaras corporales. En Perú, el cierre del espacio cívico fue patente al restringirse el derecho a la protesta durante diciembre de 2022 y febrero 2023. En tal período, las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo e ilegitimo de la fuerza como política de castigo contra las personas que protestaron. A la fecha, es de preocupación la falta de acceso a la justicia, la verdad y la reparación para los familiares de las 50 personas fallecidas y quienes resultaron heridas. En Estados Unidos, al menos 1,153 personas perdieron la vida a manos de la policía en 2023, según los medios de comunicación, como el Washington Post. La represión por parte de las autoridades de Canadá y Estados Unidos en contra de manifestaciones en su mayoría pacíficas, realizadas por estudiantes universitarios que protestan por los bombardeos de Israel en contra de Gaza y la negativa de ayuda humanitaria, pone en detrimento el derecho a la protesta. En Argentina el denominado “protocolo anti-protesta” pone en detrimento diversos derechos humanos, además de identificar a la protesta pacífica como un delito, y de criminalizar, perseguir, estigmatizar a manifestantes, organizaciones y grupos determinados, con especial foco en líderes, referentes sociales y organizaciones políticas, sociales y sindicales, así como defensores de derechos humanos. En lo que va de este año, diversas personas, incluyendo periodistas que cubrían las protestas han resultado lesionadas. También organizaciones sociales, denuncian haber sido criminalizadas debido a la aplicación del anterior protocolo. Por otra parte, la militarización de la seguridad pública es una constante en varios países, como El Salvador, Honduras, y Ecuador, que cuentan con estados de excepción en vigor. Además, Ecuador y México impulsaron diversas iniciativas legislativas para permitir la intervención prolongada de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. En virtud de lo anterior, Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades de los Estados de las Américas a garantizar que la aplicación de la ley cumpla con las normas y los estándares internacionales de derechos humanos, en particular aquellas que regulan el uso de la fuerza. También urge a los Estados para que las personas presuntamente responsables de violaciones de derechos humanos comparezcan ante la justicia en juicios justos ante tribunales de naturaleza civil. • Crisis de personas refugiadas Las crisis políticas, humanitarias y económicas en las que se encuentran sumidos varios Estados de la región, tiene relación directa con el aumento sistemático del número de personas que abandonaban su país de origen en busca de seguridad. Ellos, a su vez, son con frecuencia objeto de violaciones de derechos humanos en tal proceso. Así, por ejemplo, la escalada de violencia en Haití ha alcanzado niveles alarmantes, y se reportan decenas de muertos, secuestros, violaciones sexuales a mujeres y niñas, y el desplazamiento forzado de más de 95,000 personas desde inicios de 2024. De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 7.72 millones de personas venezolanas se han marchado de su país, lo cual representa a más del 25% de la población total del país y una de las crisis de movilidad humana más grandes a nivel global. Así, las autoridades de Panamá notificaron que unas 520,000 personas habían atravesado la frontera entre Colombia y Panamá a través del Tapón del Darién. También se ha producido un aumento vertiginoso del número de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas que llegaban a México con el objetivo de pasar a Estados Unidos o Canadá. Además, en Estados como Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú, no se han respetado ni protegido los derechos de las personas migrantes y refugiadas, en particular, el derecho de solicitar asilo. Por ejemplo, en Estados Unidos las autoridades continúan aplicando la detención arbitraria masiva por motivos migratorios, utilizando prisiones privadas para recluir a las personas que buscan seguridad. En República Dominicana, la discriminación contra la población haitiana o de ascendencia haitiana y el racismo contra las personas negras persiste, colocando a migrantes, solicitantes de asilo y refugio, mujeres y niñas y personas LGBTI en una situación especialmente vulnerable. Las autoridades de inmigración y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley irrumpieron en los hospitales, efectuando registros discriminatorios en busca de mujeres y niñas haitianas para detenerlas arbitrariamente y expulsarlas. Mientras en Chile, Colombia, Ecuador y Perú, las personas venezolanas encontraron importantes barreras para acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de persona refugiada y otros programas de protección temporales o complementarios. En consecuencia, muchas no podían regularizar su situación y acceder a los servicios básicos, incluidos los relacionados con la salud, y quedaban expuestas a riesgos a sus vidas e integridad. Al contrario de sus obligaciones internacionales y nacionales, tanto Chile como Perú impulsaron iniciativas legislativas regresivas en materia de protección a personas refugiadas y migrantes, poniéndolas en situaciones de alarmante vulnerabilidad y en riesgo de expulsiones sumarias y colectivas y de posible criminalización. Por todo lo anterior, Amnistía Internacional hace un llamado a los Estados de las Américas para respetar el principio de no devolución (non-refoulement), así como también abstenerse de detener arbitrariamente a personas refugiadas y migrantes, y suspender de forma urgente las expulsiones. Además, los Estados de las Américas deben garantizar que todas las personas pueden solicitar asilo y acceder a un procedimiento justo y eficaz para ello, especialmente quienes huyen de violaciones de derechos humanos. • Detenciones arbitrarias Por otra parte, Amnistía Internacional lamenta que la detención arbitraria sea una práctica generalizada en la región, y en ocasiones sea usada como herramienta para acallar voces disidentes. Así, en Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela se continúa violando el derecho a la libertad, a un juicio justo y a la integridad física. De igual forma, en El Salvador, México, Nicaragua y Venezuela, las personas detenidas sufren con frecuencia tortura u otros malos tratos y, en ocasiones, desaparición forzada. En Venezuela, las organizaciones de la sociedad civil señalaron que se habían llevado a cabo aproximadamente 15,800 detenciones arbitrarias entre 2014 y 2023, y que unas 280 personas seguían detenidas por motivos políticos. Por lo anterior, Amnistía Internacional exhorta a los Estados de las Américas a garantizar el derecho a un juicio justo y abstenerse de hacer un uso indebido del sistema de justicia, con el fin de acallar a quienes defienden derechos humanos o son percibidos como opositores políticos. Elección de las y los miembros de Corte IDHEste año, la Asamblea General de la OEA tendrá la tarea de elegir a tres personas para ostentar una magistratura ante la Corte IDH. Amnistía Internacional ha señalado en diversas ocasiones que el Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos (SIDH), conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH, es un patrimonio a salvaguardar en las Américas, siendo con frecuencia la única esperanza de justicia para muchas víctimas de violaciones a derechos humanos. La Corte IDH ha sido una piedra angular para la construcción de una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos en las Américas. Gracias al desarrollo de estándares y jurisprudencia interamericana emitida por esta Corte, que ha sido adoptada y acogida posteriormente en los países del continente y que no sólo ha permitido la creación de políticas públicas en materia de derechos humanos, sino también el desarrollo de jurisprudencia nacional respetuosa de estos derechos. De hecho, los avances en dichos estándares y jurisprudencia interamericana también han permeado y beneficiado a nivel internacional, siendo común encontrarlos en otros mecanismos regionales de derechos humanos (sistema africano y sistema europeo) y de los órganos de tratado de Naciones Unidas, como el Comité de los Derechos del Niño, o incluso la Corte Penal Internacional, que han basado sus resoluciones en fallos interamericanos. Este año cinco candidaturas fueron propuestas para los tres puestos vacantes en la Corte IDH. Las candidaturas provienen de Colombia, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Amnistía Internacional reconoce la labor del Panel independiente para evaluar candidaturas del sistema interamericano de derechos humanos (SIDH), un mecanismo que desde la academia y la sociedad civil evalúa las candidaturas, basándose en un exhaustivo análisis de su trayectoria en materia de derechos humanos bajo los principios de equidad, transparencia e inclusividad en los procesos de nominación y elección, y abogando por la nominación de candidaturas distinguidas por sus calificaciones e independencia. La labor del Panel sin duda ofrece un mecanismo independiente que facilita a los Estados de las Américas a elegir a quienes cumplen con las más altas credenciales para conformar el SIDH. Para que la Corte IDH continúe siendo una pieza vital dentro del engranaje interamericano de derechos humanos, necesita estar conformada por quienes cumplan con los principios de idoneidad, imparcialidad, independencia y reconocida competencia en materia de derechos humanos, tal como lo establece la Resolución de esta Asamblea General del año 2022, AG/RES 2991 (LII-O/22), llamada “Paridad de género y representatividad geográfica y de los diferentes sistemas jurídicos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos” en el sentido de garantizar la transparencia en los procesos y “sostener la paridad de género, observando siempre el cumplimiento de los requisitos de independencia, imparcialidad, alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos”. Por lo anterior, Amnistía Internacional hace un firme llamado a los Estados de la Américas elegir basándose en la propia normativa interamericana, priorizando los principios antes señalados. |
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