Derechos Humanos
Ferrer, Alcántara y El Osorbo destacados en el informe mundial de Human Rights Watch
Los casos de los opositores cubanos José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara y Maikel Castillo Pérez (El Osorbo) fueron destacados por la organización internacional Human Rights Watch en su informe anual de derechos humanos a nivel global.
La entidad abordó extensamente la situación de Cuba durante 2023, en la 34.a edición del Informe Mundial en la que analiza las prácticas de derechos humanos en casi 100 países.
En el caso de Cuba, la entidad reconoce que el régimen de La Habana "continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública, y que los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos básicos".
"Cientos de críticos del gobierno y manifestantes, incluyendo muchos de los que salieron a las calles en las protestas de julio de 2021, siguen detenidos arbitrariamente. Las manifestaciones continuaron durante 2023, en respuesta a apagones, la escasez de comida y medicamentos y el deterioro de las condiciones de vida. Los cubanos siguieron abandonando el país en números sin precedentes. Estados Unidos continuó con su fallida política de aislamiento hacia Cuba, incluyendo el embargo", plantea el reporte.
A continuación reproducimos íntegramente las valoraciones de HRW sobre la situación de derechos humanos en la isla:
Detenciones y acusaciones arbitrarias
El gobierno continuó llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes y opositores políticos.
Dos años después de las protestas de julio de 2021, las más multitudinarias desde la revolución cubana, organizaciones de defensa de derechos humanos contabilizaron a más de 700 personas, incluyendo más de 70 mujeres, que permanecían encarceladas en relación con las protestas. Muchas estuvieron incomunicadas en detención. Algunos fueron sometidos a maltratos y, en ciertos casos, torturas.
El gobierno afirmó que más de 380 personas detenidas en el contexto de las protestas, incluyendo varios niños y niñas, cumplían una condena. Algunos fueron juzgados en tribunales militares, lo cual viola el derecho internacional. A varios se les imputó el delito de “sedición” en juicios ordinarios—en relación con supuestos hechos de violencia, como arrojar piedras—y recibieron penas desproporcionadas de hasta 25 años de prisión. Muchos sólo fueron procesados en juicios sumarios por cargos definidos vagamente como “desorden público” o “desacato”.
La fiscalía presentó como conductas delictivas acciones como criticar al gobierno en redes sociales o protestar pacíficamente, que constituyen ejercicios legítimos de la libertad de expresión y de asociación. Además, los fiscales utilizaron pruebas poco creíbles y sin corroborar.
Migración
Entre enero de 2022 y octubre de 2023, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos aprehendió a más de 420.000 cubanos. Esta cifra podría incluir múltiples aprehensiones a las mismas personas. Muchos viajaron hacia el norte a través de Nicaragua, que a fines de 2021 eximió el requisito de visado para cubanos.
Además, entre octubre de 2022 y julio de 2023, la Guardia Costera de Estados Unidos interceptó a más de 6.800 cubanos en el mar.
Además, muchos cubanos han huido a países distintos de Estados Unidos, incluyendo en América Latina y Europa.
Restricciones a la posibilidad de viajar
Desde que se implementaron reformas en 2013, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado el permiso para viajar a Cuba o desde el país han podido hacerlo, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros. Sin embargo, las reformas otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir los viajes por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”.
El gobierno siguió prohibiendo a los críticos abordar aviones para visitar o regresar a su propio país, lo cual viola el derecho internacional de los derechos humanos.
Derechos económicos y sociales
La crisis económica de Cuba afecta gravemente la posibilidad de las personas de ejercer derechos económicos y sociales. Los cubanos padecen apagones del servicio eléctrico y una grave escasez de comida, medicamentos y otros productos básicos. En febrero, las autoridades dijeron que los cubanos debían prever apagones de tres horas diarias durante varios meses.
En mayo, la directora de operaciones de la industria farmacéutica cubana dijo que las autoridades no podían conseguir muchos medicamentos que necesita la población cubana. Atribuyó la escasez de medicamentos al embargo impuesto por Estados Unidos.
Las autoridades cubanas, en mayo, reportaron un descenso de la esperanza de vida, que pasó de 78,07 años entre 2014 y 2016 a 77,7 años entre 2018 y 2020. También reportaron un aumento de la mortalidad infantil, que pasó de 4,9 muertes por cada 100.000 nacidos vivos en 2020, a 7,5 en 2022.
Presos políticos
En noviembre, Cuba mantenía encarceladas a más de 1.000 personas, incluyendo 34 adolescentes y otros niños y niñas, que cumplían con la definición de presos políticos, según Prisoners Defenders, una organización con sede en Madrid.
Los cubanos que critican al gobierno se enfrentan al grave riesgo de ser perseguidos penalmente. No se les garantiza el derecho al debido proceso, incluyendo el derecho a audiencias justas y públicas ante un tribunal competente, independiente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al poder ejecutivo.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, el principal partido de oposición, permanecía en prisión en el momento de redactar este informe. En abril de 2020, un tribunal de Santiago de Cuba lo condenó a cuatro años y medio de “restricciones a las libertades” por una supuesta “agresión”. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria consideró arbitrario este caso. En julio de 2021, Ferrer fue detenido por policías mientras se dirigía a una manifestación. Un tribunal de Santiago de Cuba decidió, en agosto de 2021, que Ferrer no había cumplido con las “restricciones a las libertades” y lo envió a la prisión de Mar Verde. Sus familiares aseguran que Ferrer ha permanecido incomunicado durante largos periodos y que sufre problemas de salud.
En junio de 2022, un tribunal de La Habana condenó a los activistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez, quienes en 2021 interpretaron el video musical de “Patria y vida”, que reformula el viejo lema del gobierno “patria o muerte” y critica la represión en el país. Se los procesó por acusaciones que violan su derecho a la libertad de expresión, como publicar un meme del presidente Díaz-Canel. Otero y Castillo recibieron penas de cinco y nueve años de prisión, respectivamente.
Condiciones en centros de detención
Las prisiones del país en general están hacinadas. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los detenidos puedan presentar reclamos por abusos.
El gobierno sigue sin permitir que organizaciones de derechos humanos internacionales y cubanas accedan a las cárceles. En junio de 2022, el Comité contra la Tortura de la Naciones Unidas expresó su preocupación por las “denuncias sobre patrones de maltratos y tortura hacia los reclusos”.
Libertad de expresión
El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba, restringe el acceso a información proveniente del extranjero y censura habitualmente a críticos y periodistas independientes.
El mayor acceso a Internet ha permitido que los activistas pudieran comunicarse, denunciar abusos y organizar protestas. Algunos periodistas y blogueros publican artículos, videos y noticias en páginas web y redes sociales, como X (anteriormente conocida como Twitter) y Facebook.
Las autoridades suelen bloquear el acceso a muchas páginas web de noticias dentro de Cuba y han impuesto en repetidas ocasiones restricciones individuales y, por momentos, generalizadas al acceso de los críticos a los datos de telefonía móvil.
En mayo de 2023, la Asamblea Nacional aprobó una Ley de Comunicación Social que restringe fuertemente el funcionamiento de medios de comunicación independientes e incluye prohibiciones excesivamente amplias, como la prohibición de “sustentar la agresión comunicacional que se desarrolla contra el país”, que podría utilizarse para censurar críticas.
Derechos laborales
Cuba ratificó tratados de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad de asociación y la negociación colectiva, pero el Código de Trabajo cubano—actualizado en 2014—viola esos derechos.
En un informe de abril de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró “patrones sistemáticos de violación de los derechos humanos laborales”, incluyendo medidas limitadas para la protección de la salud y seguridad laboral, y falta de libertad de expresión en el lugar de trabajo.
Miles de trabajadores de la salud cubanos enviados al extranjero prestan valiosos servicios. Sin embargo, el gobierno les impone normas que violan sus derechos fundamentales, incluyendo a la privacidad, la libertad, la circulación y la libertad de expresión y asociación.
Defensores de derechos humanos
Al rehusarse a reconocer el trabajo en derechos humanos como una actividad legítima, el gobierno niega estatus legal a las organizaciones cubanas que desempeñan esa tarea. Ha sido habitual que las autoridades hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que documentan abusos.
En junio de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el gobierno cubano fue responsable de la muerte, en 2012, de los activistas por la democracia Oswaldo Payá y Harold Cepero.
Orientación sexual e identidad de género
La Constitución de 2019 prohíbe expresamente la discriminación sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, muchas personas LGBT sufren violencia y discriminación, sobre todo en el interior de Cuba.
En julio, Prisoners Defenders reportó que más de 100 mujeres transgénero encarceladas en Cuba están recluidas con hombres, en violación de estándares internacionales de derechos humanos.
En septiembre de 2022 se aprobó por referendo un nuevo Código de las Familias que incluye una definición de matrimonio neutral en cuanto al género. Con ello Cuba legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Derechos de las personas con discapacidad
Cuba no ha armonizado su legislación nacional con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tampoco ha implementado políticas para abordar los derechos de las personas con discapacidad en lo concerniente a accesibilidad, acceso a la justicia, capacidad legal, educación, vida independiente y empleo. Los niños y niñas con discapacidad son enviados a escuelas especiales segregadas.
Derechos de mujeres y niñas
Cuba despenalizó el aborto en 1965. El procedimiento se ofrece sin cargo en los hospitales públicos.
En julio de 2023, los legisladores reportaron un aumento de los embarazos en mujeres y niñas menores de 19 años e informaron que casi el 20 % de los embarazos en el país correspondían a embarazos de personas menores de 19 años. Igualmente, aseguraron que estas tasas eran mayores en algunas zonas de Cuba entre adolescentes negras, que viven en zonas rurales o tienen bajos ingresos.
Entre enero y julio, Yo Sí Te Creo, una organización no gubernamental de apoyo a las sobrevivientes de violencia basada en género, reportó 54 “feminicidios” en Cuba. El gobierno no publica cifras oficiales de asesinatos por motivos de género.
Actores internacionales clave
La comunidad internacional no ha conseguido, a lo largo de décadas, que haya avances sostenidos en materia de derechos humanos en Cuba.
El embargo estadounidense sigue proporcionando al gobierno cubano una excusa para sus problemas, un pretexto para sus abusos y una forma de lograr el apoyo de gobiernos extranjeros que, de otro modo, podrían estar dispuestos a condenar más enérgicamente las prácticas represivas del país.
En noviembre de 2023, la Asamblea General de la ONU votó abrumadoramente a favor de condenar el embargo. La resolución recibió el apoyo de 187 países. Estados Unidos e Israel se opusieron. Ucrania se abstuvo.
La Unión Europea mantuvo su política de relaciones con reservas ante Cuba. En mayo de 2023, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, visitó Cuba. Borrell condenó el embargo estadounidense y señaló que la UE y Cuba tenían “diferencias” en cuanto a los “conceptos de los derechos humanos”, pero añadió que la UE “no tiene ni la capacidad ni la voluntad de imponer cambios en Cuba”. En noviembre, el representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, visitó Cuba, donde se reunió con el gobierno y con miembros de la sociedad civil y pidió la liberación de personas detenidas arbitrariamente.
En julio, el Parlamento Europeo aprobó una resolución condenando las violaciones sistemáticas de derechos humanos y los abusos contra los manifestantes en Cuba.
En mayo, el secretario de Estado de Estados Unidos volvió a incluir a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, una política aplicada inicialmente por el expresidente estadounidense Donald Trump en 2021. El presidente Joe Biden ha condenado repetidamente los abusos contra manifestantes y ha impuesto sanciones selectivas a varios funcionarios que están creíblemente vinculados a la represión.
En enero de 2023, la administración Biden anunció un programa de permanencia temporal humanitaria para los cubanos que tengan un apoyo financiero en Estados Unidos. En julio, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que 38.000 cubanos habían sido evaluados y se les había aprobado viajar a Estados Unidos en lo que va de año.
A pesar de su pésimo historial en materia de derechos humanos, en octubre, Cuba fue elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por sexta vez.
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Preso político en estado grave por una isquemia cerebral
Carlos Manuel Pupo Rodríguez, encarcelado por manifestarse del 11 de julio de 2021, en San Antonio de los Baños, tuvo que ser internado de emergencia en el hospital de Artemisa, donde tiene vigilancia permanente de oficiales del Ministerio del Interior.
El preso político Carlos Manuel Pupo Rodríguez, de 70 años, está ingresado en el Hospital General Comandante Ciro Redondo, de Artemisa, tras sufrir, el pasado sábado, una isquemia cerebral, confirmó a Martí Noticias, su esposa Janet Bulnes.
“Una isquemia en desarrollo. Le están administrando medicamentos para su mejoría y que no le repita. El médico que pasó visita me dijo que le hicieron un TAC (Tomografía Axial Computarizada) y arrojó eso, una isquemia. Me dijo que hay lesiones en el cerebro”, declaró Bulnes, a quien le permitieron cuidar del enfermo, reportado en estado grave.
“Fue por una subida de presión. Yo no hacía ni cinco días que le había llevado medicamentos para la presión y para la diabetes”, explicó la mujer.
Pupo Rodríguez, manifestante del 11 de julio de 2021, en San Antonio de los Baños, padece diabetes e hipertensión arterial. Días antes había sufrido una caída en el correccional con internamiento Ceiba 5 donde estaba recluido, luego de que las autoridades de ejecución le aprobaran el tránsito a un régimen de menor severidad.
La esposa relató que Pupo tiene el lado derecho del cuerpo afectado, con parálisis en el brazo y la pierna “y el lenguaje no se le entiende, no está articulado”.
Aunque el preso político no está internado en una sala penal porque el hospital artemiseño carece de este tipo de instalación, tiene vigilancia permanente de oficiales del Ministerio del Interior (MININT).
“Ahora, hay un teniente coronel del MININT que está aquí constantemente, sentado al lado de nosotros”, indicó Bulnes.
“Yo estuve hablando con el militar que estaba [de guardia] por la mañana y me dice que ellos van a procesar una licencia extrapenal para presentarla al tribunal y el tribunal es el que decide. Después le pregunté al teniente coronel qué cree en este caso de la presentación de una extrapenal y me contestó que se la van a conceder, porque ‘en el estado que está ¿dónde lo van a tener?’. Él no puede caminar, no puede comer, hay que darle la comida”, señaló.
La legislación cubana otorga a los tribunales la facultad para otorgar la licencia extrapenal durante el tiempo “que se considere necesario” y en casos de enfermedad o padecimientos que incapaciten al reo de forma temporal o definitivamente.
El centro de asesoramiento legal Cubalex ha emitido varias alertas acerca del estado de salud de Pupo Rodríguez, coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI).
La organización ha destacado que, debido a sus enfermedades y a su edad, Pupo es uno de los presos políticos más vulnerables, cuestión que se agrava con la falta del acceso necesario a cuidados médicos especializados y a la administración puntual de los medicamentos que requiere.
Cubalex denuncia sanciones más severas para afrodescendientes acusados de sedición en protestas del 11J
Una organización no gubernamental analizó las condenas del 11J y detectó lo que podría ser un “un sesgo racial en la imposición de sanciones y un perfilamiento basado en lo que el Estado define como conductas desfavorables”.
Un informe de la ONG Cubalex que analiza la discriminación racial en las sentencias por sedición tras las protestas del 11J en Cuba, concluye que las personas afrodescendientes “reciben, en promedio, sanciones más largas”.
Hay un preocupante patrón de “sanciones más severas” para la comunidad negra. Esto podría indicar “un sesgo racial en la imposición de sanciones y un perfilamiento basado en lo que el Estado define como conductas desfavorables”, subraya el estudio publicado el 31 de agosto, Día Internacional de los Afrodescendientes.
Las personas afrodescendientes reciben sanciones con una duración promedio de 13.63 años, frente a los 12.61 años para las personas no afrodescendientes, precisa el documento.
Cubalex explica que el Estado considera como “conductas desfavorables” la falta de participación en actividades políticas o comunitarias, la desvinculación laboral y la limitación de relaciones sociales.
“Este enfoque es injusto cuando no se garantiza acceso a trabajos dignos o educación”, dice la organización. “Penalizar la desvinculación laboral o la falta de participación en actividades políticas como conductas desfavorables afecta desproporcionadamente a las personas afrodescendientes, que enfrentan barreras estructurales en el acceso a empleo y educación”.
Además, las sanciones son más severas “para quienes tienen niveles educativos más bajos. La mayoría de las personas afrodescendientes solo cuentan con educación secundaria o preuniversitaria, lo que agrava otras formas de vulnerabilidad”.
El estudio añade que el uso de antecedentes penales para justificar sanciones más severas “perpetúa un ciclo de criminalización que afecta desproporcionadamente a los afrodescendientes, reforzando la desigualdad y la exclusión social”.
Otros estudios
Cubalex reveló en su informe correspondiente al mes de julio que las personas más vulnerables a la represión del régimen son los defensores de derechos humanos, los afrodescendientes y las personas privadas de libertad.
La organización, entre el 8 y el 12 de julio, documentó 160 hechos de hostigamiento.
"Las categorías de vulnerabilidad más recurrentes entre las víctimas son defensores de derechos humanos, personas privadas de libertad y afrodescendientes", indicó la ONG.
“Máxima severidad” son las palabras clave del sistema judicial de Cuba, país donde los juicios ejemplarizantes se han convertido en una nueva herramienta represiva, informó el 31 de agosto el diario independiente 14ymedio.
Por ejemplo, el 20 de agosto “se publicó información sobre cuatro juicios celebrados en el tribunal municipal de Songo-La Maya, en Santiago de Cuba. La prensa no reveló detalles sobre los casos, pero sí subrayó su carácter de advertencia”.
“Cuando hacemos juicios ejemplarizantes potenciamos la comunicación para que el mensaje que queremos transmitir llegue a determinados destinatarios”, dijo, por las claras, Geovanis Mestre, uno de los jueces del tribunal provincial santiaguero, entrevistado por Sierra Maestra. Es indispensable, argumentó, que los delincuentes se enteren de que las autoridades tienen a la ganadería en la mira y que los castigos serán severos, reporta 14ymedio.
En julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abordó la discriminación racial en Cuba, durante el 190 período de sesiones de la entidad adscrita a la OEA.
En la audiencia, María Matienzo, del Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, presentó cuatro patrones fundamentales que caracterizan a la perfilación racial en Cuba: disparidad racial y discriminación sistémica; un patrón de muerte significativa debido a la violencia policial contra afrodescendientes; leyes que teóricamente garantizan la igualdad pero no se implementan efectivamente para proteger a los afrodescendientes; y la criminalización y marginalización.
“Los afrodescendientes que representan un 9.3% de la población y los mestizos, el 26.6%, están sobrerrepresentados en el sistema carcelario y en las víctimas de la violencia policial”, dijo Matienzo.
En su informe anual del 2021, la Comisión Interamericana denunció que "persisten patrones discriminación racial en Cuba" y los afrodescendientes recibirían la mayor represión del régimen.
El organismo señaló que organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la desigualdad racial fue una de las razones desencadenantes para que empezaran las protestas históricas del 11 de julio del 2021.
Según el documento, 726 organizaciones han informado a la CIDH que agentes del castrismo aplicaron "prácticas de perfilado racial y uso excesivo de la fuerza" en contra de afrocubanos que se manifestaron en las protestas sociales y destacaron el caso de Diubis Laurencio Tejeda, afrodescendiente de 36 años, fallecido en el marco de las manifestaciones por un disparo de la policía.
Tras huelga de hambre, presa política logra que aminoren su castigo en la cárcel de Mayabeque
Yilian Oramas García inició una huelga de hambre el 13 de agosto cuando los mandos del penal le informaron que había perdido sus beneficios por atrasarse en el regreso de un pase. La mujer está encarcelada a más de 250 km de distancia de su ciudad de residencia.
La presa política Yilian Oramas García abandonó este martes una huelga de hambre que llevaba desde hace varios días, luego de conseguir que las autoridades de la prisión "Cuba Panamá" para enfermos de VIH, cambiaran la medida punitiva de revocación del régimen de menor rigor a la suspensión de dos visitas a su hogar.
Oramas García inició su protesta el 13 de agosto cuando los mandos del penal ubicado en la provincia Mayabeque le informaron que había perdido sus beneficios por atrasarse en el regreso de un pase a su vivienda situada en la ciudad de Santa Clara, a más de 250 kilómetros de la prisión donde está recluida.
“Ella estaba muy débil porque es diabética, le pusieron sueros en el hospitalito que tienen en la prisión. Ella levantó la huelga, pues el Jefe de Cárceles y Prisiones de Mayabeque [Yunior Lázaro Santana], en conjunto con la Seguridad del Estado, le quitaron la revocación que era por dos años y, en su lugar, le tumbaron dos pases. Con la dictadura no se gana, pero la revocación significaba que tenía que cumplir los tres años”, dijo a Martí Noticias, María Josefa Oramas, la madre de la reclusa.
De habérsele modificado el tipo de régimen en el que cumple su sentencia, Oramas García perdería, además, su derecho a la libertad anticipada y tendría que cumplir toda la pena que le resta tras las rejas.
La mujer de 43 años, cumple una sentencia de seis de privación de libertad por su participación en una protesta el 15 de agosto de 2021 en la capital villaclareña. El tribunal la encontró culpable de los delitos de Atentado y Resistencia.
Yilian, su esposo el también preso político Geobel Manso y otras personas, protagonizaron una manifestación frente a la funeraria de la localidad, en la que exigieron que el gobierno tomara medidas para brindar adecuada asistencia hospitalaria a los enfermos de Covid-19 y que se implementaran mejoras en los servicios mortuorios.
Denuncian deterioro de la salud de preso político cubano: "Está muy mal"
Una fuente familiar de Loreto Hernández García, condenado por participar en las protestas populares del verano de 2021, alertó sobre varias complicaciones de salud del preso político.
El preso político Loreto Hernández García refleja un deterioro sostenido de su estado de salud mientras cumple sentencia en la Prisión de Hombres de Guamajal, en Villa Clara, alertó desde Placetas, su hija Rosabel Sánchez.
La fuente familiar explicó que el miércoles visitó en la cárcel a su padre y a su esposa, la también presa política Donaida Pérez Paseiro. Ambos fueron condenados por su participación en el levantamiento popular del 11 de julio de 2021 en Placetas y reconocidos por la organización Amnistía Internacional como prisioneros de conciencia.
“En esta visita pudimos conversar, pudimos observar, pudimos visualizar nosotros mismos la situación que presenta mi padre de salud. Mi padre, cada vez que vamos a verlo, adelgaza más. A menudo le da un dolor en el lado izquierdo, un dolor que le coge el pulmón. Le está dando falta de aire, está descompensado con la diabetes (...) nos explica que en varias ocasiones tiene decaimiento, flojera. En cuanto a la salud, lo vimos que no ha mejorado nada, cada vez está peor, está muy mal”, dijo Sánchez.
Según refirió su hija, el preso político “se mantiene firme” en sus posturas políticas como opositor al régimen comunista.
“En varias ocasiones ya, la Seguridad del Estado se ha acercado a él y le ha propuesto acogerse a los beneficios para darle la mínima y pasarlo para el campamento para comenzar a darle pases y esas cosas y, tanto él como su esposa, se niegan a dichos beneficios”, aseguró Sánchez.
Loreto Hernández y su esposa, al momento de su detención en las protestas populares del verano de 2021, presidían la Asociación "Yorubas Libres de Cuba" y fueron sentenciados a siete y ocho años de cárcel respectivamente.
El caso del matrimonio opositor ha sido denunciado como una violación de la libertad religiosa en Cuba en varios informes del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de EEUU y por organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas y Solidaridad Cristiana Internacional (CSW, por sus siglas en inglés).
También cinco relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas, vinculados a la libertad de religión o de creencias, la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y las cuestiones de las minorías; además del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, se han pronunciado sobre el encarcelamiento de estos opositores y la falta de atención médica para Hernández García.
(A partir de un reporte radial de Ivette Pacheco)
Madre de hermanos presos por la protesta de Caimanera denuncia abusos en la prisión de Guantánamo
Los cubanos condenados por la manifestación pacífica de Caimanera están sufriendo abusos en prisión por parte de los propios carceleros, denunció la madre de Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez.
En precarias condiciones y soportando abusos se encuentran los hermanos Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Octavio Correa Martínez en la prisión provincial Combinado de Guantánamo, según constató la madre de estos presos políticos, Victoria Martínez Valdivia.
Ambos son parte del grupo de cinco personas condenadas en julio de 2024 por el Tribunal Municipal Popular de Niceto Pérez, en la provincia de Guantánamo, a penas de entre dos y ocho años de privación de libertad por -según la sentencia- gritar “frases ofensivas sobre el presidente de la República y autoridades del Gobierno local” y “provocar una aglomeración de personas en la vía pública”, en Caimanera, el 6 de mayo de 2023.
Ese día, cientos de personas salieron a la calle para demandar derechos y mejores condiciones de vida en una manifestación pacífica en la que se escucharon gritos de “Libertad”, “Patria y Vida” y “Vivan los derechos humanos”. Rápidamente, las autoridades interrumpieron el servicio de Internet en casi todo el país y familiares de los manifestantes denunciaron que estos fueron golpeados por las tropas especiales del ejército.
Entre los detenidos, Daniel Álvarez González y Alarcón Martínez, fueron sancionados a ocho y siete años de prisión, respectivamente; Freddy Sarquiz González, a cinco años; Rodolfo Álvarez González, a cuatro años; y Correa Martínez, a dos años.
La señora dijo a Martí Noticias que visitó este martes a sus dos hijos en la mayor cárcel de la provincia de Guantánamo.
En el caso de Felipe Octavio, quien sufre de discapacidad intelectual, está haciéndole mucho rechazo a esa prisión, dijo su madre.
“Felipe sigue con un estado de depresión, llorando. La situación está bien fuerte, han pasado muchas cosas y él está alterado de los nervios. Él tiene un retraso mental y convulsiones”, explicó.
Mientras que Luis Miguel, condenado a siete años de prisión, está siendo acosado por su posición política y además tiene que proteger a su hermano enfermo, señaló su madre.
“Luis Miguel se mantiene todo el tiempo protegiendo al hermano y tratando de evitar los problemas allí en ese lugar porque hay abuso, tanto de presos comunes como de los mismos guardias que están cuidándolos a ellos allá dentro. Están abusando de los mismos presos y los ofenden y provocan para que el preso se altere y darle a golpes”, aseguró Martínez Valdivia.
La madre de los presos políticos denunció además la precaria alimentación y la falta de medicamentos para hacer frente a las múltiples enfermedades que sufren los reos en esa cárcel.
“No comen lo suficiente, se mantienen los brotes de enfermedades, primeramente está la plaga de las chinches, y está el dengue por la falta de higiene", indicó.
En julio, los familiares de los condenados por participar en la manifestación apelaron la condena.
Desde entonces no han sabido “nada nuevo”.
“Fui a la Fiscalía Provincial y me quejé, pero dicen que hay que seguir esperando”, declaró Martínez Valdivia.
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