Al cabo de casi tres años, el drama del contratista estadounidense Alan Gross, preso en Cuba, se ha convertido en una batalla en torno a una protuberancia que le ha salido en el hombro, según dice un artículo publicado por el diario The New York Times.
El artículo comenta la negativa de las autoridades cubanas de que Gross tenga cáncer, pero subraya que el abogado del prisionero, Jared Genser, ha reclamado que un médico independiente examine a su cliente para poder descartar que se trate de un tumor maligno.
La controversia se desarrolla en momentos en que la familia del contratista ha intensificado la campaña pública para obtener su libertad, acusando en Naciones Unidas a Cuba de violaciones de los derechos humanos y poniendo una demanda contra el gobierno de EE.UU.
El Departamento de Estado volvió a pedir el miércoles a La Habana que libere a Gross, pero “los dos, Cuba y EE.UU. se han resistido a negociar”, dice el Times.
La esposa del prisionero, Judy Gross, ha dicho que Cuba tiene gran parte de la culpa por ser “un gobierno comunista brutal”, pero que EE.UU. también debe ser considerado responsable, agrega el diario.
La demanda presentada el pasado 16 de noviembre en una corte en Washington pide como indemnización $60 millones de dólares al gobierno estadounidense y a la firma DAI, que contrató a Gross por encargo del Departamento de Estado para ir a Cuba en 2009.
De acuerdo con Scott Gilbert, miembro del equipo legal de Gross, la demanda al menos traería como resultado que haya más escrutinio por parte del gobierno de EE.UU. en los esfuerzos por promover la democracia en la isla.
El Times resalta que cuando fue detenido durante su tercer viaje a Cuba, a Gross ya le preocupaban los riesgos que corría llevando equipos de conexión a Internet para la comunidad judía de la isla, por lo que la demanda sostiene que ambos, el gobierno en Washington y DAI, “fallaron en proteger” al contratista.
Según el diario, Judy Gross piensa que “no se debe recompensar a un país (Cuba) por tener a un rehén”, pero también que los legisladores cubanoamericanos de línea dura con el gobierno de la isla se han convertido en un gran impedimento para la liberación de su esposo por no querer negociar.
El abogado Genser ha puesto de relieve que Alan Gross es un contratista enviado a hacer un trabajo por el gobierno de EE.UU. “Si podemos negociar la libertad de personas en Irán, Birmania y Corea del Norte,--dijo-- seguramente podemos encontrar la vía para liberar a alguien en Cuba”.
El artículo comenta la negativa de las autoridades cubanas de que Gross tenga cáncer, pero subraya que el abogado del prisionero, Jared Genser, ha reclamado que un médico independiente examine a su cliente para poder descartar que se trate de un tumor maligno.
La controversia se desarrolla en momentos en que la familia del contratista ha intensificado la campaña pública para obtener su libertad, acusando en Naciones Unidas a Cuba de violaciones de los derechos humanos y poniendo una demanda contra el gobierno de EE.UU.
El Departamento de Estado volvió a pedir el miércoles a La Habana que libere a Gross, pero “los dos, Cuba y EE.UU. se han resistido a negociar”, dice el Times.
La esposa del prisionero, Judy Gross, ha dicho que Cuba tiene gran parte de la culpa por ser “un gobierno comunista brutal”, pero que EE.UU. también debe ser considerado responsable, agrega el diario.
La demanda presentada el pasado 16 de noviembre en una corte en Washington pide como indemnización $60 millones de dólares al gobierno estadounidense y a la firma DAI, que contrató a Gross por encargo del Departamento de Estado para ir a Cuba en 2009.
De acuerdo con Scott Gilbert, miembro del equipo legal de Gross, la demanda al menos traería como resultado que haya más escrutinio por parte del gobierno de EE.UU. en los esfuerzos por promover la democracia en la isla.
El Times resalta que cuando fue detenido durante su tercer viaje a Cuba, a Gross ya le preocupaban los riesgos que corría llevando equipos de conexión a Internet para la comunidad judía de la isla, por lo que la demanda sostiene que ambos, el gobierno en Washington y DAI, “fallaron en proteger” al contratista.
Según el diario, Judy Gross piensa que “no se debe recompensar a un país (Cuba) por tener a un rehén”, pero también que los legisladores cubanoamericanos de línea dura con el gobierno de la isla se han convertido en un gran impedimento para la liberación de su esposo por no querer negociar.
El abogado Genser ha puesto de relieve que Alan Gross es un contratista enviado a hacer un trabajo por el gobierno de EE.UU. “Si podemos negociar la libertad de personas en Irán, Birmania y Corea del Norte,--dijo-- seguramente podemos encontrar la vía para liberar a alguien en Cuba”.
