La legislación firmada por el gobernador de Florida, Rick Scott, que prohíbe a este estado estadounidense y a gobiernos locales hacer negocios o contratar empresas con vínculos comerciales con Cuba, podría resolverse en 2013.
Según la agencia Notimex, la ley FHB 959 fue promulgada el primero de mayo pasado, pero un día después el propio Scott la suspendió pues violaba leyes federales.
En un comunicado, el gobernador de Florida señaló que las restricciones entrarían en efecto cuando el Congreso apruebe, y el presidente Barack Obama firme, “una ley que permita a los estados imponer independientemente ese tipo de sanciones contra Cuba y Siria”.
La iniciativa fue promovida por el senador estatal René García, y el representante, también floridano, Michael Bileca, ambos del condado Miami-Dade. El proyecto fue aprobado en la legislatura estatal en Tallahassee sin mayor oposición, y tras la firma del gobernador Scott, se preveía su entrada en vigor el primero de julio.
La legislación impediría que los impuestos de los contribuyentes del estado de Florida pasen, mediante contratos con compañías extranjeras, a las manos de regímenes opresivos, según la versión original.
La ley contempla igualmente medidas “correctivas” que pudieran dejar sin efecto acuerdos vigentes y en desarrollo, en caso de que se descubra que una empresa tiene operaciones comerciales con Cuba o Siria.
La empresa de construcción brasileña Odebrecht, cuya filial lleva a cabo trabajos en el puerto de Mariel, demandó al estado de Florida ante un tribunal federal de Miami, al argumentar que la ley es inconstitucional porque se inmiscuye en política exterior, facultad que corresponde únicamente al gobierno federal.
Más tarde, un juez federal ordenó una suspensión temporal de la entrada en vigor el primero de julio e instó a las partes a ponerse de acuerdo, según destaca Notimex.
Para el economista cubanoamericano Jorge Salazar Carrillo, profesor de la Universidad Internacional de Florida (FIU), el caso podría resolverse en 2013 siguiendo esta trayectoria: decisión de un juez federal/Tribunal Supremo estatal/Tribunal Supremo del país.
La ley creó descontento en empresas de Brasil y Canadá, que son los principales socios comerciales del estado de Florida.
Por su parte, la Cámara de Comercio del estado, al calificar la legislación de inconstitucional, indicó que enviaba un mensaje negativo a nivel internacional.
El reporte de Notimex destaca que compañías canadienses que trabajan en Florida y Cuba amenazaron con abstenerse de invertir en Florida, “por temor” a verse afectadas por la ley.
Por último, el informe hace referencia a que la posición del gobernador floridano de congelar la ley un día después de firmarla, produjo la férrea oposición de los representantes federales republicanos Ileana Ros-Lehtinen, Mario Díaz-Balart y David Rivera.
Según la agencia Notimex, la ley FHB 959 fue promulgada el primero de mayo pasado, pero un día después el propio Scott la suspendió pues violaba leyes federales.
En un comunicado, el gobernador de Florida señaló que las restricciones entrarían en efecto cuando el Congreso apruebe, y el presidente Barack Obama firme, “una ley que permita a los estados imponer independientemente ese tipo de sanciones contra Cuba y Siria”.
La iniciativa fue promovida por el senador estatal René García, y el representante, también floridano, Michael Bileca, ambos del condado Miami-Dade. El proyecto fue aprobado en la legislatura estatal en Tallahassee sin mayor oposición, y tras la firma del gobernador Scott, se preveía su entrada en vigor el primero de julio.
La legislación impediría que los impuestos de los contribuyentes del estado de Florida pasen, mediante contratos con compañías extranjeras, a las manos de regímenes opresivos, según la versión original.
La ley contempla igualmente medidas “correctivas” que pudieran dejar sin efecto acuerdos vigentes y en desarrollo, en caso de que se descubra que una empresa tiene operaciones comerciales con Cuba o Siria.
La empresa de construcción brasileña Odebrecht, cuya filial lleva a cabo trabajos en el puerto de Mariel, demandó al estado de Florida ante un tribunal federal de Miami, al argumentar que la ley es inconstitucional porque se inmiscuye en política exterior, facultad que corresponde únicamente al gobierno federal.
Más tarde, un juez federal ordenó una suspensión temporal de la entrada en vigor el primero de julio e instó a las partes a ponerse de acuerdo, según destaca Notimex.
Para el economista cubanoamericano Jorge Salazar Carrillo, profesor de la Universidad Internacional de Florida (FIU), el caso podría resolverse en 2013 siguiendo esta trayectoria: decisión de un juez federal/Tribunal Supremo estatal/Tribunal Supremo del país.
La ley creó descontento en empresas de Brasil y Canadá, que son los principales socios comerciales del estado de Florida.
Por su parte, la Cámara de Comercio del estado, al calificar la legislación de inconstitucional, indicó que enviaba un mensaje negativo a nivel internacional.
El reporte de Notimex destaca que compañías canadienses que trabajan en Florida y Cuba amenazaron con abstenerse de invertir en Florida, “por temor” a verse afectadas por la ley.
Por último, el informe hace referencia a que la posición del gobernador floridano de congelar la ley un día después de firmarla, produjo la férrea oposición de los representantes federales republicanos Ileana Ros-Lehtinen, Mario Díaz-Balart y David Rivera.
