La comunidad cubana LGBTIQ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Intersexuales y Queer) está indignada por lo sucedido a Merlía Somers, transexual que sufrió malos tratos y una multa de la Policía por vestir de mujer.
Merlía Somers denunció en Facebook que el pasado viernes mientras se encontraba haciendo una cola en la tienda en MLC (Moneda Libremente Convertible) en Cabaigüán, Sancti Spíritus, agentes policiales la insultaron por vestir como mujer.
Según cuenta cuando pidió turno en la fila se le acercó un hombre con uniforme verde olivo: “me preguntó 'qué yo hacía vestido así allí' y llamó a un policía de los que estaban controlando la cola. El policía me dijo que yo les estaba faltando el respeto al yo aparecerme vestida así allí (de mujer) que eso era desacato a la ley y que yo estaba violando un artículo”.
La joven narró que, cuando ella respondió a los agentes, la mandaron a callar y cuando se negó la esposaron y la condujeron a la estación de la PNR donde le pusieron una multa de 1.000 pesos, por llevar el nasobuco mal colocado, lo cual, asegura, no era cierto.
En una entrevista con el medio digital Tremenda Nota, Merlía aclaró que el lunes fue citada a la unidad de la PNR para resolver “el malentendido”. Allí la atendieron “muy bien” y le prometieron que investigarán el asunto y retirarán la multa.
En relación con el incidente, la periodista independiente habanera María Matienzo, especializada en temas de género y diversidad sexual, criticó, aunque no se sorprendió, de la actitud de los representantes del orden:
“Tristemente, el caso este de transfobia es uno en tantos otros que ocurren, que han ocurrido en la historia de la homofobia y de la política que tiene la policía, que no respeta ninguna diferencia en ningún tipo de diversidad. Habría que ver las historias del Parque Central y cómo las muchachas trans son chantajeadas, son muchas veces cuestionadas por la policía. Y habría que ver también un tema que se ha puesto ahora sobre el tapete y creo que es bueno y sano que se empiece a ver ya cómo las mujeres trans tienen que recurrir, por lo general y casi siempre, a la prostitución para poder sobrevivir, porque no son aceptadas, tal cual ellas se conciben, en los centros de trabajo ¿Y entonces qué se puede esperar para la Policía que es reflejo de toda esta otra política gubernamental y sistémica que hay, que va en contra de la diferencia y la diversidad?”, subrayó Matienzo.
Desde 2013, la discriminación laboral por razón de orientación sexual está prohibida por ley en Cuba, aunque la ley de igualdad de oportunidades no cubre la identidad de género ni tampoco la discriminación en otros sectores como la educación, la vivienda y las instalaciones públicas.
En este sentido, la activista Kiriam Gutiérrez Pérez escribió en las redes sociales que los transexuales están pasando en la Isla por una “tremenda crisis existencial”, razón por la que están emigrando.
“Todas las semanas se van cinco, diez y 15 mujeres a Rusia a exponerse a cruzar fronteras. Están emigrando porque el 90% de las mujeres trans en Cuba practican sexo transaccional. Se están muriendo de hambre en Cuba. Se han muerto en Rusia por la falta de atención médica. A quien no le guste que lo arregle”, dijo.
Por su parte, el defensor de los derechos de los LGBTIQ en Taguayabón, Villa Clara, Leandro Rodríguez, indicó que el Centro Nacional para la Educación Sexual (CENESEX) debe crear espacios para que los cuerpos del orden y los funcionarios públicos sean instruidos sobre los derechos del grupo.
“Este centro tiene que informar y constituir una herramienta para que conozcan los derechos que tenemos. Y deben parar los abusos. Por eso creo que el CENESEX más que tener una agenda virtual y un marketing político lo primero que debe hacer es a los órganos de la fuerza política cubana enseñarle a respetar los derechos que tenga cada persona dentro de Cuba, sea miembro o no de la comunidad LGBTIQ”.
De igual modo, la pinareña Leodán Suárez Quiñones, delegada nacional del colectivo LGBTIQ del Partido Cuba Independiente y Democrática, señaló que el “primer problema es la homofobia y transfobia” que está presente en todas las esferas, sobre todo en los policías y militares”.
“Pienso que lo que pasó a Merlía no es aislado. Cada segundo pasamos un momento difícil, ya sea en el entorno familiar o en las calles, porque no hay una ley que nos proteja”, advirtió.
En la actualidad continúan actitudes sociales de aversión hacia las personas LGBTIQ en la sociedad cubana, donde la homofobia y el machismo aún son norma.
“Recuerdo que una vez fui citada para presentarme en la estación policial ante la Seguridad del Estado. Yo fui vestida como siempre lo hago, como una mujer, porque es así cómo me siento y noté el malhumor del oficial que me entrevistaba; incluso siempre me llamaba en términos de hombre, lo hacía para hacerme sentir mal. Pero yo sé lo que soy o cómo me siento. No me importó su opinión ni nada al respecto, ni su forma de tratarme. Esta situación que vive esta chica es otro ejemplo más de violencia de género que aún está latente en nuestra nación”, relató Suárez.
La Constitución de 2019 prohíbe la discriminación por razones de orientación sexual y la identidad de género.
“Art. 42. Todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana. Todas tienen derecho a disfrutar de los mismos espacios públicos y establecimientos de servicios. Asimismo, reciben igual salario por igual trabajo, sin discriminación alguna. La violación del principio de igualdad está proscrita y es sancionada por la ley”.
Sin embargo, las personas LGBTIQ opinan que, aunque está dispuesto en la Carta Magna, en la realidad no se han instrumentado leyes protectoras o que castiguen a aquellos que violan esos preceptos.
“La falta de ley que nos proteja, que ampare nuestros derechos. Creo que deberíamos hacer un llamado para unirnos en una sola voz y reclamar nuestros derechos, a hacer un cambio en el CENESEX, porque ellos no cumplen ningún objetivo y no ayudan a nuestra comunidad. Debemos denunciar a cuanta institución sea posible cada vez que acontezcan este tipo de hechos donde se violan nuestros derechos”, recalcó Suárez Quiñones.
El asunto fue destacado por Alberto Roque Guerra, que pertenece al oficialista CENESEX: "se requiere respuesta inmediata, además de la queja que la persona afectada hará por las vías formales".
