Apenas a un año del cambio de gobierno en México, saltan las alarmas por el rápido deterioro en materia de respeto a los Derechos Humanos y las libertades individuales por parte de los gobiernos en diferentes estados de los que componen la Nación.
Amnistía Internacional advierte de los riesgos a los que están expuestas poblaciones como las del estado de Tabasco, donde los diputados locales acaban de aprobar una reforma dirigida a la penalización de las protestas públicas, incluyendo largas condenas de cárcel para quienes se opongan a proyectos, tanto privados como públicos, e igual castigo para quienes bloqueen calles o cualquier otra vía de comunicación.
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, argumenta al respecto:
“La iniciativa legislativa en Tabasco permitiría al gobierno y a la iniciativa privada imponer megaproyectos que, de afectar a los pobladores, los dejarían sin voz para oponerse a ellos. Esto es una clara violación a la libertad de expresión en México”.
Estas prácticas coercitivas se están llevado a cabo desde 2016, cuando un grupo de pacíficos ciudadanos salieron en manifestación oponiéndose a una obra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la localidad de Cuetzalan estado de Puebla.
A todo esto se suman las denuncias de grupos estudiantiles que el pasado 26 de julio protestaron en el estado de Jalisco por la abrupta subida de los precios en el transporte público y que han denunciado de excesiva la intervención de las autoridades, con participación de agentes de la policía que no dudaron en hacer un desproporcionado uso de la fuerza frente a una masa de manifestantes que no representaban amenaza en ningún aspecto. En dicha jornada resultaron seriamente lesionados varios de los jóvenes participantes.
“Estas acciones –declara Tatiana Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México- muestran la fragilidad del ejercicio de los derechos humanos en México y la falta de voluntad política de los gobiernos para garantizar que las personas puedan expresarse con libertad en contra de proyectos o políticas impulsadas por las autoridades”.
(Basado en un comunicado de Amnistía Internacional)
