El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, pidió este lunes la liberación de menores de edad detenidos en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, y advirtió que el principio de complementariedad y cooperación se está quedando “sin camino”.
“Enfaticé a las autoridades venezolanas la necesidad de ver un impulso y un progreso real, y mi oficina ha estado haciendo un seguimiento en relación a esto”, advirtió durante la inauguración de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, en La Haya.
“Después de las elecciones este año he insistido en mis comunicaciones con Venezuela, en declaraciones públicas, en la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos o cualquier otra persona que estuviera manifestando pacíficamente”, continuó.
Venezolanos en diversos países participaron este fin de semana en protestas para exigir la actuación de la CPI para que se haga justicia por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Amnistía Internacional (AI) aseguró la pasada semana que la “tortura, detención arbitraria y abusos contra decenas de niños y niñas” tras las elecciones presidenciales en Venezuela, deben movilizar a la justicia internacional y consideró que los hechos deben sumarse a la investigación abierta por la Fiscalía de la CPI.
AI ha contabilizado al menos 198 niños y niñas arrestados, de los cuales fueron excarcelados más de 100 en septiembre y unos 25 en noviembre, aunque precisó que estos siguen sometidos a medidas cautelares y procesos judiciales por cargos de terrorismo.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha descartado que en el país haya niños arrestados, pero admitió que sí detuvieron a adolescentes que, según aseguró, participaron en actos de violencia postelectoral.
El presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador de los comicios, pero la oposición publicó copias de las actas conservadas por sus testigos de mesa, denunció fraude y le atribuyó la victoria al excandidato Edmundo González Urrutia, actualmente en un exilio “forzado” en España.
Parte de la comunidad internacional no ha reconocido a Maduro como ganador y ha pedido una verificación independiente de los resultados que causaron protestas que dejaron 28 personas muertas y más de 2.400 detenidas.
El más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés) advirtió que las violaciones a los Derechos Humanos en el país se han agravado tras los comicios.
Complementariedad finita
Khan sostuvo que el Estado venezolano debe cooperar de manera “más tangible” con su oficina y advirtió que el mecanismo de cooperación entre el sistema de Justicia venezolano y la CPI corre peligro.
“No he visto la implementación concreta que esperaba de leyes y prácticas en Venezuela. Quiero dejar claro que la pelota está en el lado de la cancha de Venezuela y que la vía de la complementariedad se está quedando sin camino”, manifestó.
Khan, que en abril de este año instaló en Caracas una oficina que tiene funciones de asesoría técnica, capacitación y formación de fiscales y jueces venezolanos, insistió además en que el gobierno de Maduro debe permitir el reingreso de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos (ACNUDH), tal y como se le prometió.
El gobierno venezolano decidió suspender las actividades de la oficina del ACNUDH en febrero de este año, luego de acusarla de un “ente imparcial”, tras las afirmaciones por el ente internacional de que la detención de la abogada experta en asuntos militares, Rocío San Miguel, podría calificar en ese entonces como una desaparición forzada, lo que fue negado por la Fiscalía venezolana.
Fiscales de la CPI anunciaron en 2021 su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y firmó con el Estado un memorando de entendimiento basado en el principio de la complementariedad positiva establecido en el Estatuto de Roma.
La investigación abarca, entre otros, casos de asesinatos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución y uso excesivo de fuerza en el contexto de manifestaciones antigubernamentales desde abril de 2017.
El gobierno de Maduro ha asegurado que se busca “instrumentalizar” los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos y sostiene que los presuntos crímenes de lesa humanidad “nunca han ocurrido”.
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