En el nuevo informe de Amnistía Internacional (AI) titulado Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas, la organización defensora de los derechos humanos pone de relieve la difícil situación por la que atraviesan decenas de miles de personas en Venezuela, El Salvador y Paraguay detenidas en centros de cuarentena a causa de la epidemia de COVID-19.
El informe, fehacientemente documentado, expone lo que puede ser considerado constitutivo de malos tratos tanto a migrantes, refugiados, personas que regresan a su país de origen como a habitantes de comunidades de bajos recursos, que son recluidos en centros de cuarentena gestionados por el Estado y que carecen de recursos elementales como agua corriente, asistencia sanitaria y además, en condiciones de insalubridad. “Las terribles condiciones”, expresa AI,“tienden a convertirlos en espacios contraproducentes donde se corre el peligro de contraer COVID-19”.
De acuerdo con Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas, “En muchas partes del mundo las autoridades han pedido a la población que se quede en casa o se ponga en cuarentena voluntariamente para atenuar el riesgo de contagio de COVID-19. Pero cuando los Estados confinan a decenas de miles de personas sin garantizar en cada caso la necesidad y proporcionalidad de la medida, las recluyen en condiciones terribles bajo supervisión militar o policial y las discriminan o usan la cuarentena como castigo, están convirtiendo una intervención de salud pública en una táctica represiva y punitiva”.
Según datos oficiales, en los últimos días del mes de agosto, las autoridades de Venezuela han obligado a cuarentena a cerca de 90.000 personas que regresaron al país al haber perdido sus trabajos y por ende, sus viviendas en países fronterizos como Colombia y Perú, las han enviado a centros de confinamiento considerados insalubres e inhumanos y que se hayan bajo supervisión militar.
En el caso de El Salvador, tras haber cerrado sus centros estatales de confinamiento a finales de agosto, el gobierno cuenta con más de 16.000 personas encerradas por cuarentena, algunas acusadas de haber violado la orden de confinamiento obligatorio a nivel nacional, otras que regresaban del extranjero y también las que se encontraban bajo sospecha de haber permanecido expuestas por contacto con personas cuyos resultados de las pruebas dieron positivo.
En Paraguay, desde fines de junio, las autoridades impusieron las medidas de cuarentena a más de 8.000 personas que, en su mayoría, regresaron al país tras haber perdido sus empleos en Brasil a causa de las medidas de confinamiento adoptadas por el gobierno de dicho país.
Sabemos por otras pandemias que los enfoques punitivos no protegen a las comunidades y que asociar un virus a comunidades concretas sólo conduce al estigma y la discriminación.
“Aunque estos gobiernos”, ha dicho Erika Guevara Rosas, “hayan tenido que reaccionar rápidamente ante una pandemia sin precedentes, Amnistía Internacional concluye que la imposición de cuarentenas gestionadas por el Estado se ha caracterizado por la arbitrariedad, sumada a su aplicación por fuerzas policiales y militares”.
Mientras la pandemia continúe amenazando a los países centroamericanos y exista la posibilidad de repetir las medidas de confinamiento, es vital tener en cuenta el resultado que arroja esta investigación inicial para que "las autoridades eviten recurrir a enfoques coercitivos, punitivos y discriminatorios al adoptar medidas de salud pública”, afirma AI.
“Sabemos por otras pandemias que los enfoques punitivos no protegen a las comunidades y que asociar un virus a comunidades concretas sólo conduce al estigma y la discriminación. En cambio, los enfoques basados en los derechos humanos, que empoderan a la gente con los conocimientos que necesita para proteger su salud y la dotan de recursos y el apoyo que necesita para cumplir medidas voluntarias, históricamente han demostrado ser más efectivas”, declaró Guevara Rosas.
