A pesar de las advertencias a las autoridades hechas por Saily Núñez, la esposa del manifestante del 11 de julio de 2021, Maikel Puig Bergolla, el preso político fue agredido por reos comunes en la prisión de Quivicán, en Mayabeque, donde está cumpliendo su sentencia de 14 años de privación de libertad.
Díaz antes, Núñez se reunió con funcionarios de la Fiscalía Militar y con mandos del establecimiento penitenciario en el que está recluido Puig Bergolla y los alertó sobre los rumores entre la población penal de la probabilidad de un ataque al preso político.
“Yo vengo denunciando toda la situación de peligro que Maikel corre en prisión. He ido a Fiscalía, incluso, hasta la misma prisión. Me he sentado con los funcionarios, he alertado. Ahora nosotros somos los que estamos dañados”, expresó la mujer en conversación con Martí Noticias.
“No se toman las medidas pertinentes. El Jefe de la Prisión me aseguró que ‘no va a pasar nada’ y ya lo agredieronm y se sigue rumorando que lo van a volver a hacer. No sé a qué le llaman que esté tranquila cuando Maikel debía estar en casa junto a sus hijos y su familia”.
Las circunstancias y las motivaciones por las que un recluso común golpeó al preso político no han sido esclarecidas, ni siquiera por el propio Puig Bergolla, quien se comunicó con su familia en la tarde de este martes.
“Lo que quieren es seguir buscándole delitos a los presos políticos", opinó Núñez.
El régimen cubano niega que las personas encarceladas tras las manifestaciones de 2021 sean presos políticos y los califica como delincuentes culpables de delitos de Sedición, Desórdenes públicos, Resistencia, Robo y Vandalismo.
Representantes de la Unión Europea (UE) solicitaron, a principios de este año, el ministro cubano de Justicia de Cuba, Óscar Silvera, la amnistía o indulto de los presos políticos sancionados por las demostraciones del verano de 2021.
Silvera contestó que en Cuba no existe la posibilidad legal de una amnistía, pero anotó la petición de indulto como una preocupación de los diplomáticos europeos para evaluarla con las máximas autoridades del país.
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