Los jueces de apelaciones de la Corte Penal Internacional dictaminaron el viernes que puede continuar una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad venezolanas bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro durante la represión de las protestas antigubernamentales en 2017.
Por su parte, Caracas expresó su desacuerdo con la decisión.
El juez presidente del panel de apelaciones, Marc Perrin de Brichambaut, dijo que el tribunal "rechaza las apelaciones" presentadas por Venezuela.
El fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, anunció a finales de 2021 que abriría una pesquisa tras una larga investigación preliminar y una remisión oficial —una solicitud de indagación— en 2018 por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.
Sin embargo, la investigación a gran escala quedó en suspenso cuando las autoridades venezolanas indicaron que querían hacerse cargo del caso. La CPI es un tribunal de último instancia que sólo se ocupa de casos cuando las autoridades nacionales no quieren o no pueden investigar, un sistema conocido como complementariedad.
Khan siguió adelante con sus esfuerzos para continuar su investigación, la primera del tribunal en América Latina. El fiscal dijo el año pasado que los esfuerzos venezolanos para impartir justicia "siguen siendo de alcance insuficiente o aún no han tenido ningún impacto concreto en procedimientos potencialmente relevantes".
Los jueces de la CPI estuvieron de acuerdo con Khan y el año pasado lo autorizaron a reanudar las pesquisas en Venezuela. Los jueces señalaron en ese momento que "Venezuela parece haber tomado medidas de investigación limitadas y que, en muchos casos, parece haber períodos de inactividad investigativa inexplicable".
Caracas apeló el fallo, lo que llevó a la decisión del viernes.
En tanto, el gobierno de Maduro expresó el viernes en un comunicado su desacuerdo con la decisión de la sala de apelaciones de la CPI y afirmó que "quedó amplia y suficientemente demostrado que el proceso incoado (abierto)" en esa instancia judicial "responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido".
"Toda esta maniobra ha sido construida a partir de la manipulación de un reducido conjunto de delitos que, como se evidenció con toda la información aportada por Venezuela, han sido o están siendo debidamente investigados y sancionados por las autoridades del sistema de justicia venezolano, de manera soberana como establece la constitución", destacó el escrito divulgado por el canciller venezolano Yvan Gil mediante su cuenta en la red social X, antes Twitter.
Venezuela reiteró que como Estado tiene "derecho a llevar a cabo sus propios procesos penales en sus tribunales internos, sin injerencias externas. Venezuela sigue dispuesta y en condiciones para investigar y enjuicia cualquier delito cometido en su territorio", agregó el comunicado.
Por su parte, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez rechazó la decisión y consideró que el caso es "a todas luces politizado, donde se pretende instrumentalizar la justicia internacional para agredir a Venezuela, a sus altas autoridades (y) a nuestra fuerza armada nacional", entre otros organismos de seguridad, que "han estado en primera línea en defensa de la paz y tranquilidad de nuestra república, a favor del pueblo venezolano, frente al extremismo violento, frente al extremismo que por todas las vías a pretendido tomar el poder".
En declaraciones difundidas por la televisión estatal, Rodríguez manifestó que los contactos con el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan se mantendrán en atención al memorando de entendimiento en que el gobierno de Maduro se comprometió a cooperar para esclarecer los hechos.
"Hemos recibido al fiscal y los seguiremos recibiendo", acotó.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), una de las organizaciones más prestigiosas del país sudamericano, aplaudió la decisión al considerar que se trata de "un paso crucial en la lucha contra la impunidad en Venezuela".
"En un contexto marcado por el desmantelamiento del Estado del derecho en el país y una nueva ola de persecución a contra todas las voces disidentes, la respuesta de la CPI supone un giro importante, ya que permite avanzar la investigación de graves violaciones a los derechos humanos y el derecho penal internacional cometidos por el régimen de Maduro", destacó Provea en un comunicado.
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