La reanudación de las protestas en Perú contra el gobierno de Dina Boluarte dejó el lunes 18 muertos en una sola jornada por los enfrentamientos entre manifestantes y policías al sur del país. Las manifestaciones, que comenzaron a inicios de diciembre pasado contra la destitución de Pedro Castillo como presidente, suman ya 46 muertos, según el recuento de la Defensoría del Pueblo.
Diecisiete personas fallecieron en enfrentamientos con fuerzas de orden en la ciudad de Juliaca, en Puno, según la Defensoría del Pueblo. Además, una recién nacida falleció por no poder ser evacuada a un hospital debido a que la vía estaba bloqueada como parte de las manifestaciones en esta región.
Con este saldo, el lunes fue la jornada más letal desde que empezaron las protestas en diciembre pasado. Hasta ahora, el día más violento había sido el 15 de diciembre, que dejó ocho muertos, según reportó la Defensoría. Se han contabilizado hasta ahora 46 víctimas en el contexto de las protestas: 39 en la confrontación con las fuerzas del orden y otras siete por accidentes de tránsito o en eventos vinculados al bloqueo de carreteras.
Los fallecidos en los enfrentamientos eran jóvenes entre 21 y 35 años, además de un menor de 17 años, según el registro de la Dirección de Salud de Puno. También murieron tres personas de 38, 50 y 55 años. Cuatro víctimas aún no han sido identificadas.
Un hombre herido en las protestas de Juliaca, Perú, el 9 de enero de 2023, exigiendo elecciones y la liberación de Pedro Castillo.
Uno de los muertos era un joven médico, Marco Samillán Sanga, de 29 años que, según la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina Humana, falleció por fuego de perdigones cuando atendía a los heridos del enfrentamiento.
Al final de la tarde del lunes, la Defensoría del Pueblo reportó movilizaciones, paralizaciones y bloqueos de vías en 25 provincias.
En un comunicado, la Defensoría recordó a las Fuerzas Armadas y a la Policía que "tienen el deber de cumplir con las normas vigentes y los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza" y que el Ministerio Público "debe realizar las investigaciones necesarias para identificar a los responsables de la pérdida de vidas humanas (...) a fin de evitar toda forma de impunidad".
El gobierno responsabilizó a los manifestantes de la violencia en Puno. El primer ministro, Alberto Otárola, afirmó en un mensaje televisado que "más de 9.000 personas se aproximaron al aeropuerto y 2.000 de esas personas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía (...) generando una situación extrema que ha producido muertes que lamentamos". Otros ministros acompañaban a Otárola en la comparecencia, con la destacada ausencia de Boluarte.
El primer ministro advirtió que las autoridades no permitirían que los manifestantes sureños se movilizaran hacia Lima y calificó las protestas como "una resaca del golpe de Estado" en referencia al intento de Castillo de cerrar el Congreso en diciembre, por lo que fue destituido.
Otárola debe acudir al Congreso el martes a presentar las políticas del gobierno y pedir un voto de confianza, para que el gabinete ministerial sea validado y siga en funciones. Si no lo logra, debe cambiarse de primer ministro y equipo.
El embajador británico en Perú, Gavin Cook, describió la violencia en Juliaca como "sumamente preocupante". "Es esencial que las fuerzas del orden respeten derechos humanos y actúen legal y proporcionalmente", publicó en
Twitter.
Las protestas -que exigen un adelanto de elecciones generales, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso- tomaron un nuevo impulso tras retomarse el miércoles pasado, después de una tregua parcial por las fiestas de fin de año.
En Juliaca, se intensificó la protesta desde el viernes, cuando cientos de manifestantes intentaron tomar el aeropuerto, pero fueron refrenados por las fuerzas del orden. El aeropuerto de Juliaca mantiene la suspensión de sus operaciones.
La violencia hizo que Boluarte suspendiera una reunión del Acuerdo Nacional, en que representantes de entidades del Estado, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil iban a buscar una salida a la actual crisis política.
"No podíamos continuar la sesión. (...) Dos brevísimas conclusiones han surgido de esta sesión muy simples: No a la violencia y no más muertos", dijo a la prensa Max Hernández, secretario del Acuerdo Nacional, en Palacio de Gobierno, al retirarse del encuentro.
Algunos manifestantes también reclaman que se libere a Castillo, el antecesor de Boluarte, que fue depuesto y permanece preso e investigado por presunta rebelión.
Boluarte asumió el gobierno luego de que Castillo, que era presidente desde 2021, fuera destituido por el Congreso tras intentar disolver este poder del Estado con un mensaje televisivo el 7 de diciembre. La actual mandataria era vicepresidenta y fue elegida en la misma lista con su antecesor. El Parlamento la juramentó el mismo día de la destitución de Castillo por ser sucesora constitucional.
Castillo fue detenido cuando iba en un vehículo con su comitiva en una avenida del centro de Lima. Según la Fiscalía, se dirigía a la embajada de México para buscar asilo político.
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