Una revisión de la lista de 36 empresas estatales que el sector privado está obligado a usar en Cuba para importar y exportar mercancías deja ver que el gobierno aún se reserva cuánto cobrará por la “gestión” de sus intermediarios y que pretende usarlos para seguir explotando la exportación de servicios profesionales y de mano de obra.
También: que ETECSA es la única entidad que no ofrece nombres de personas de contacto para recibir solicitudes de mediación.
Además: que las ofertas de algunos de esos servicios profesionales descritos para la exportación hacen suponer una experiencia de libre mercado ajena a la realidad cubana, y que los comentarios de los propios lectores de los medios oficiales no son nada complacientes a la hora de juzgar la decisión del gobierno de imponer la mediación.
“Está forma de gestión no logrará el por ciento de clientes que se piensa, y tiene muchas manifestaciones en contra, ya que aquellos que tienen facilidades de viajar o tienen proveedores en el extranjero no necesitan de un intermediario para importar o exportar”, escribió Armando Enrique al pie de una nota reciente en el periódico Granma.
Basta cumplir las regulaciones aduanales, comenta el lector, y se pregunta por qué si su familia le envía un auto desde el extranjero, hace falta un intermediario que cobre sin hacer gestión alguna.
“Tampoco está claro si cuando yo exporte, la empresa estatal me pagará de inmediato o tendré que esperar a que llegue al destinatario”, alerta. “Aquí [en Cuba], ¿quién asume la responsabilidad de los incumplimientos de los tiempos pactados? Si el destinatario manifiesta inconformidad, ¿quién pagará las penalidades?”
Me parece que las trabas continúan, escribió Roberto también en la sección de comentarios de los lectores de la edición digital de Granma.
La intermediaria estatal que aparece en el directorio con el número 31, Dinvai Construcciones, S.A., dice gestionar “asistencia técnica y fuerza de trabajo, consultoría técnica y diseño de proyectos y gerencia de obras y dirección integrada de la construcción”, además de “servicios de montaje especializado de la construcción”.
En un país donde los únicos grandes inversionistas (los militares, con su consorcio GAESA) contratan a una empresa francesa, Bouygues Bâtiment International (BBI), para construir el hotel Manzana Kempinski, y esa empresa francesa a su vez importa trabajadores hindúes, el gobierno asegura que Dinvai Construcciones, S.A., “garantiza la Gestión Integral de proyectos constructivos desde su concepción hasta su puesta en marcha con la participación fundamental de empresas especializadas del sector construcción”.
INTERAUDIT, S.A., por ejemplo, se especializa en “servicios profesionales asociados a las actividades de auditoría y asesorías técnicas y de negocios”, mientras que la Empresa de Informática y Medios Audiovisuales (CINESOFT) se ofrece como “plataforma de educación a distancia, plataforma de producción de contenidos digitales educativos y generación de contenidos utilizando un modelo pedagógico”.
¿Será cualquiera de ellas un mediador eficiente al servicio de un cuentapropista cuyos recursos son limitados tanto para importar como para exportar? El economista Emilio Morales, presidente de la firma de consultoría The Havana Consulting Group, se aparta de los detalles y asegura que toda la operación montada esta vez por el régimen se resume en cambiar el lenguaje y mantener el mismo concepto.
“Cambian la semántica, pero al final todo sigue siendo lo mismo”, opina Morales. Hacen que el sector no estatal se vea obligado a importar y exportar a través de un grupo de entidades estatales porque, dice, “no toman una sola medida que signifique un cambio real en la política económica”.
La verdadera estrategia de supervivencia del gobierno cubano está delineada desde los años 80 del siglo pasado y sigue siendo la misma, asegura el experto: mantener a los cubanos de la isla como rehenes para sacarles el dinero a sus familiares en el extranjero.
“Se refugian en los dólares con una economía cuya fuerza productiva es incapaz de generar dólares”, comenta Morales, refiriéndose a las cuentas en dólares necesarias --con tarjetas magnéticas-- para operar un negocio. “Son estrategias parásitas; no hay nada que le permita a la gente poder desarrollarse efectivamente y prosperar en un mercado de libre comercio. Se trata de un pueblo esclavo que el gobierno exporta en mano de obra y en servicios, y que se mantiene realmente con el dinero de la familia que se fue a otro país”.
Desde La Habana, el analista Ángel Marcelo Rodríguez Pita observa que todas las entidades estatales que aparecen como intermediarias para que los cuentapropistas importen y exporten tienen cuentas en instituciones como el Banco Metropolitano, “pero si el banco no tiene liquidez, quiere decir que esas empresas tienen problemas con sus ciclos de cobro y sus ciclos de pago, y eso a su vez repercute en que no sean eficientes”.
Según la información oficial, serán tres los bancos comerciales que darán servicios a los cuentapropistas en función del lugar del país donde radique su negocio: el Popular de Ahorro, el Metropolitano y el de Crédito y Comercio. El ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, dijo que hay un mapa con 1.026 bienes y servicios exportables y que se han identificado “382 formas de gestión no estatales con potencial para exportar en sectores diversos”.
A su vez, el gobierno cubano está vendiendo la Zona del Mariel como un comercio de exportación, pero en realidad es un comercio de frontera, asegura Rodríguez Pita.
“No se puede concebir la exportación si no hay un proceso previo de producción y reproducción de los bienes y servicios; si no existe eso dentro del mercado interno no va a ser posible nunca esa exportación con calidad”, dice. Porque “no es llegar solo a exportar: es competir en esa dinámica de exportación, porque no es llegar y pensar que vamos a tener a alguien que nos va a querer comprar. Hay otros productos con calidad” en el mercado, indica el analista.
Entre los comentarios de los lectores al pie de las notas correspondientes de Granma hay uno firmado por “RealxEver”, quien subraya que el embargo comercial estadounidense se aplica a las empresas estatales, pero no a los cubanos.
“Las personas naturales no son objeto de ‘bloqueo’ y pueden comprar lo que quieran y donde quieran si tienen el dinero necesario”, dice el lector o lectora. “Si de verdad se quiere que funcione, hay que permitir que los propios privados importen y exporten por su cuenta”.
Habría que ver cuánto se incrementan los costos a los particulares utilizando los servicios de un tercero que no produce nada, pero mantiene una burocracia grande “acostumbrada a los viajes al extranjero y a vivir del cuento del bloqueo durante muchos años”, añade.
