América Latina
EEUU pagará vuelos de repatriación de migrantes irregulares en Panamá
EEUU pagará el costo de los vuelos de repatración para ayudar a Panamá a frenar la migración irregular en ese país.
Estados Unidos se hará cargo del costo de los vuelos para repatriar a migrantes irregulares en Panamá, según un acuerdo firmado el lunes por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, durante su visita a ese país para acudir a la investidura del nuevo mandatario, José Raúl Mulino.
“La migración irregular es un desafío regional que requiere una respuesta regional”, dijo Mayorkas mientras el presidente de la nación centroamericana prometió cerrar el Tapón del Darién por donde transitan la mayoría de los migrantes en su ruta hacia Estados Unidos.
"El nuevo acuerdo entre Estados Unidos y Panamá promueve la colaboración en la gestión de la migración, incluido el apoyo a operaciones de repatriación seguras y efectivas de panameños que incluyen la evaluación de protección. El programa de vuelos de expulsión es parte del enfoque regional integral para abordar la migración irregular", recoge el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés).
Asimismo, indica que "Estados Unidos está trabajando con 21 socios en toda la región para tomar medidas coordinadas para promover la estabilidad, ampliar las vías legales y brindar a las personas opciones para quedarse donde están, y gestionar humanamente las fronteras en todo el continente americano".
A finales de junio Mulino había anunciado que estaban a la espera de la firma de un convenio con Estados Unidos para facilitar la repatriación de los migrantes que cruzan el peligroso Tapón del Darién.
El nuevo presidente panameño, que tomó posesión del cargo este lunes 1 de julio, había prometido durante su campaña que buscaría cerrar la selva por donde cruzaron el año pasado más de medio millón de migrantes.
"He visto crisis en el Darién de otra dimensión, pero esta se saltó la barda; me quebró el alma ver a niños de la edad de mis nietos pidiéndome una botella de agua... madres y otras embarazadas. Creo que no hay ninguna razón y nadie nos puede pedir a Panamá que toleremos esto", afirmó en mayo.
Según cifras del Servicio Nacional de Migración de Panamá, entre enero y junio de este año unas 174.513 personas transitaron por esa vía. De ellos, 113.244 eran venezolanos, 12.300 ecuatorianos, 11.219 colombianos, 10.348 chinos, 9980 haitianos, 1771 de India, 402 cubanos y el resto de otras nacionalidades.
Mulino, de 65 años, fue ministro de Seguridad en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Mulino juramenta en Panamá, aboga frenar inmigración y recuperación económica
José Raúl Mulino tomó posesión el lunes como presidente de Panamá y en su primer discurso se comprometió a recuperar la bonanza económica del país, encarar la abultada deuda pública y frenar la migración irregular.
A principios de mayo, el diplomático y empresario de 65 años ganó las elecciones generales impulsado en la popularidad de su otrora compañero de fórmula, el expresidente Ricardo Martinelli, quien, a pesar de haber sido condenado por corrupción, hizo campaña por Mulino desde su asilo en la embajada de Nicaragua en la capital panameña.
Mulino, quien gobernará hasta mediados de 2029, se ha declarado afín a la libre empresa y las inversiones extranjeras y, en un guiño al sector empresarial, nombró en mayo a casi todo su gabinete, entre los que destacan el economista Javier Martínez-Acha en la cartera de Exteriores y el ejecutivo de negocios y banquero Felipe Chapman en Economía y Finanzas.
"Tenemos el desafío de dejar un Panamá en crecimiento para que quienes nos sucedan puedan hacer un trabajo mejor que el nuestro y darle más oportunidades y más prosperidad a las generaciones venideras", dijo el mandatario, quien minutos antes, al recibir la banda presidencial, se emocionó hasta las lágrimas.
Sin embargo, advirtió que el camino por recorrer no será sencillo.
"Tendremos que enfrentar duros retos para sacar a Panamá del atolladero en el que lo dejaron. El estado de las finanzas públicas es preocupante, en cinco años duplicaron la deuda (pero) con mi equipo de gobierno daremos vuelta a la economía y echaremos a andar el progreso", prometió.
Desafíos
Ministro de Gobierno y Justicia y de Seguridad Pública durante el mandato de Martinelli (2009-2014) y canciller en la década de 1990, Mulino se comprometió a recuperar el robusto crecimiento de Panamá, una de las economías más dinámicas de la región, y regresar a los altos niveles de creación de empleo durante el gobierno de Martinelli.
Además, de la mano de una fuerte inversión pública, buscará rehabilitar carreteras, construir un tren hasta la frontera con Costa Rica y duplicar el salario mínimo para colocarlo como el más alto de Latinoamérica.
Pero para desarrollar su ambicioso plan deberá enfrentar una serie de desafíos, desde la corrupción -el tema que más preocupa a los panameños, según encuestas- y el elevado déficit fiscal -que trepó al 7,4 % del PIB el año pasado- hasta seducir a los mercados para evitar que más calificadoras retiren el grado de inversión a la nación como lo hizo Fitch Ratings.
Mulino también prometió atajar la migración que atraviesa por el Darién, la peligrosa jungla que separa Panamá de Colombia y que el año pasado vio pasar a un récord de 520,000 migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos.
"Apelaré a la solidaridad internacional y buscaré soluciones con los países involucrados, sobre todo, con Estados Unidos que es el destino final de tales migrantes", dijo Mulino. "No permitiré que Panamá sea un camino abierto para personas que ingresan ilegalmente a nuestro país", agregó.
El nuevo gobierno también heredará los problemas que enfrenta el Canal de Panamá, cuyos ingresos cayeron después de que se vio obligado a cortar los cruces de barcos debido a una prolongada sequía.
Mulino ha adelantado que pedirá al Congreso una ley que le permita a la vía interoceánica construir nuevos embalses para paliar la escasez de agua.
Tribunal en Argentina aborda presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela
Frustrados por los límites de la lenta Corte Penal Internacional y determinados a que los oficiales de seguridad que presuntamente mataron a sus seres queridos no gocen de impunidad, los venezolanos han llevado su caso de crímenes de lesa humanidad a un tribunal federal en Argentina, a más de 4.000 kilómetros de su hogar.
Por primera vez para Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro, un tribunal federal en Buenos Aires concluyó dos días de testimonios de víctimas venezolanas el viernes, como parte de una investigación sobre posibles abusos de derechos humanos que afirman fueron cometidos por fuerzas de seguridad en 2014, el año después de que Maduro asumiera el poder.
A principios de año, fiscales argentinos revivieron una denuncia penal presentada en 2023 por la Fundación Clooney para la Justicia en nombre de sobrevivientes y familiares de las víctimas de lo que los abogados llamaron un "plan sistemático" del Estado para "aplastar la disidencia".
Los fiscales declararon que los crímenes cometidos alegadamente por altos miembros de la Guardia Nacional Venezolana eran de "extrema gravedad" y requerían una investigación inmediata.
Varias personas volaron desde Venezuela para la primera audiencia preliminar, que comenzó el jueves en Argentina, un país que ha lidiado con su propio legado de crímenes de guerra y se ha comprometido a perseguir a criminales de guerra más allá de sus fronteras.
"Los que testifican son personas que han buscado justicia en Venezuela durante mucho tiempo, y han llegado al final de lo que pueden hacer", dijo Yasmine Chubin, directora de defensa legal en la Fundación Clooney, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo legal gratuito a víctimas de abusos de derechos humanos.
Según se alega, fuerzas de seguridad utilizaron tácticas duras para reprimir las protestas masivas contra el gobierno que sacudieron a Venezuela en 2014, arrestando, torturando y matando a quienes sospechaban de disidencia. Al menos 43 personas, incluidos oficiales de seguridad y manifestantes, murieron en esos actos.
Los venezolanos han luchado para desafiar a Maduro en su propio país, donde los expertos legales dicen que los casos contra el gobierno a menudo castigan a oficiales de bajo rango mientras protegen a los poderosos.
La Corte Penal Internacional abrió en 2018 una investigación inicial sobre los abusos en Venezuela, tras una remisión sin precedentes de cinco países latinoamericanos y Canadá, pero años después, la investigación sigue en sus primeras etapas.
En marzo, el tribunal con sede en La Haya rechazó la apelación de Venezuela, manteniendo su decisión de investigar las supuestas atrocidades cometidas en el país. El gobierno de Maduro niega las acusaciones de crímenes a gran escala y dice que ya está revisando algunas denuncias de abusos internamente.
Abogados de derechos humanos de todo el mundo han buscado cada vez más casos en tribunales nacionales bajo lo que se llama el principio de jurisdicción universal, diciendo que la CPI a menudo se mueve demasiado lentamente para tener un efecto en tiempo real sobre los eventos actuales.
"La capacidad de la CPI es limitada ya que solo puede manejar unos pocos casos", dijo Chubin. "La escala de atrocidades en Venezuela, que abarca miles de muertes y numerosas otras violaciones como persecución, detención arbitraria, tortura y violencia sexual, requiere un enfoque más amplio".
Entre los pocos países que han adoptado el principio en sus sistemas legales, Argentina se destaca en la región por su historial inusualmente favorable de aplicar el concepto legal para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en España, Nicaragua y Myanmar.
La fundación dijo que eligió presentar su caso completo con 15,000 páginas de documentación, en Argentina debido a la proximidad del país con Venezuela, su gran comunidad de inmigrantes venezolanos y su amplia interpretación de la jurisdicción universal, producto de su transición a la democracia en 1983 desde una brutal dictadura militar.
Bajo el principio legal, ni los acusados ni los demandantes necesitan ser residentes del país donde se celebra el juicio. La fundación se negó a proporcionar detalles sobre los venezolanos que testificaron el viernes, citando los peligros continuos que enfrentan en su hogar.
No se sabe cuánto tiempo podría llevar el proceso, pero los abogados dicen que están alentados por la rapidez con la que Argentina decidió iniciar su investigación, solo un mes después de que la fundación presentó su denuncia. Aunque es poco probable que el caso produzca arrestos antes de las elecciones en Venezuela el 28 de julio, cualquier riesgo de una disputa desordenada en los tribunales argentinos podría eclipsar la votación.
"Dependiendo de la situación con la jurisdicción universal, podrías estar buscando resultados simbólicos. Ese no es nuestro caso", dijo Ignacio Jovtis, gerente senior de programas en la Fundación Clooney para la Justicia. "Estamos muy decididos a ver las cosas hasta el final y lograr resultados concretos".
En otras palabras, dijo Jovtis, los demandantes esperan ver a altos funcionarios de seguridad venezolanos extraditados y en juicio en Buenos Aires. La fundación se ha negado a nombrar públicamente a los acusados, por temor a darles un aviso anticipado del caso en su contra.
El fiscal federal argentino que tomó el caso, Carlos Stornelli, no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.
Las largas audiencias del jueves y viernes agotaron a los demandantes, muchos de los cuales se derrumbaron al relatar los horrores que sufrieron, dijo Chubin. Pero en el tribunal de Buenos Aires el viernes, dijeron que sintieron algo parecido a la esperanza.
Panamá anuncia posible acuerdo con EEUU para repatriación de inmigrantes
En lo adelante, según el mencionado convenio entre ambos países, los inmigrantes que arriben a Panamá, en su mayoría venezolanos, ecuatorianos, colombianos y chinos, serán devueltos en avión a sus respectivos países.
El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, anunció el viernes que espera firmar un convenio con Estados Unidos con el objetivo de que la nación norteamericana ayude con la repatriación de los migrantes que cruzan el peligroso Tapón del Darién y que buscan llegar a ese país.
En una conferencia de prensa durante una visita por esa provincia selvática fronteriza con Colombia, Mulino dijo que abordará ese asunto con la delegación de Estados Unidos que participará en su toma de posesión el lunes y que liderará el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
El acuerdo implicaría que los migrantes que arriben a Panamá, en su mayoría venezolanos, ecuatorianos, colombianos y chinos, sean devueltos en avión a sus respectivos países.
"Espero suscribir un convenio con Estados Unidos respetuoso y digno para que entre los dos países comencemos los procesos de repatriación de toda esta gente que está aquí acumulada", dijo Mulino tras visitar el campamento de recepción temporal de Lajas Blancas, donde había el jueves alrededor de mil migrantes que esperaban tomar autobuses para seguir a Costa Rica. No quedó inmediatamente claro el contenido del acuerdo pero el mandatario electo dijo que el lunes hablará del tema con más detalles.
Mulino, quien tomará las riendas del país centroamericano por los próximos cinco años a partir del 1 de julio, ha prometido desde su campaña que lo llevó a ganar las elecciones en mayo que buscará cerrar ese corredor selvático en la frontera con Colombia por donde cruzaron el año pasado más de medio millón de migrantes y más de 186.000 lo han hecho en lo que va de 2024.
El plan implicaría cerrar puntos en la selva que utilizan los migrantes, con vigilancia de cientos de policías fronterizos, según Mulino.
"He visto crisis en el Darién de otra dimensión, pero esta se saltó la barda; me quebró el alma ver a niños de la edad de mis nietos pidiéndome una botella de agua... madres y otras embarazadas", afirmó. "Creo que no hay ninguna razón y nadie nos puede pedir a Panamá que toleremos esto".
El nuevo líder de 65 años, quien fue ministro de Seguridad en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), fue acompañado al Darién por varios miembros de su equipo ministerial designado.
En la víspera de su visita, los migrantes que estaban en Lajas Blancas seguían contando las dificultades económicas y de seguridad en sus respectivos países que los empujaron a emigrar por una ruta a veces mortal. Varios también veían bien los planes del nuevo gobernante panameño de cerrar la migración por allí.
"Con ese gobierno que tenemos allá (en Venezuela) nunca tenemos vida", dijo a The Associated Press Jorbys Ocampo, un treintañero que dejó a su familia y a su hija de ocho años en la ciudad de Maracaibo. "Mi hija nació con un problema del corazón y no hay insumos, no hay dinero, no alcanza para nada".
"Sería bueno y que le den más vías legales para migrar a la gente y no hacer esa travesía terrible", consideró Ocampo al referirse a los planes de clausurar esa ruta. "Aunque si cierran por un lado, abren por otro", advirtió.
"Fue horrible (el cruce) porque primero cuando llegué acá después de haber pasado todo lo más horrible murió mi esposa en una canoa... ella tenía un problema intestinal", contó, por su parte, su compatriota Pedro Monte.
"Él (Mulino) tendría que hacerlo, cerrar, porque eso es lo más peligroso que puede haber, hay muchos ladrones, eso es lo más horrible; hay muertos, da lástima que se pierdan personas allí".
Repatriación difícil y costosa
Respecto de los planes de repatriación de Mulino, los expertos consideran que sería una tarea difícil y que sólo lograría deportar a un porcentaje mínimo cada día, además de lo costosa que sería la operación.
Mulino también se refirió al impacto ecológico que tiene la migración por el Darién —un parque natural protegido— y el costo económico que ha implicado atenderla. En este sentido, señaló, que su gobierno presentará una denuncia internacional ante Naciones Unidas o levantará una "voz de protesta grave porque nuestro país no va a seguir tolerando esto".
Del lado colombiano, donde inicia la travesía por la selva, los riesgos para los migrantes incluyen la trata de personas y la violencia sexual, especialmente para los que tienen que pasar varios días en pueblos del Caribe colombiano porque sus recursos son limitados y están "desesperados por encontrar dinero para pagar las exorbitantes tarifas" de miles de dólares que les permitan continuar su viaje al Darién, advirtió un informe de la relatora especial sobre la trata de personas de las Naciones Unidas divulgado el viernes.
La relatora, Siobhán Mullally, indicó que las redes delictivas que operan en la zona también han afectado a los niños y jóvenes de comunidades afrodescendientes e indígenas colombianas en las zonas fronterizas. "Son captados con fines de delincuencia forzada, reclutamiento y utilización, en particular como guías y porteadores a través del Tapón del Darién", detalló el informe.
Qué pasó en Bolivia en el "intento de golpe de Estado"
Un grupo de militares tomó el miércoles el control de una importante plaza en La Paz, en lo que el presidente Luis Arce calificó como un intento de golpe de Estado. El general presuntamente enfrente de la operación fue detenido.
Bolivia vivió horas de incertidumbre este miércoles luego de que un grupo de militares tomaran el control de la Plaza Murillo en La Paz y accedieron al Palacio Quemado, la antigua sede del gobierno, presuntamente encabezados por el general Juan José Zúñiga, quien este martes había sido destituido como jefe del Ejército boliviano.
El hecho fue calificado por el presidente Luis Arce como un intento de "golpe de Estado" ,aunque inicialmente había dicho que se trataba de “movilizaciones irregulares de algunas unidades del Ejército".
Zúñiga se opone al regreso de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, y esta semana había mencionado en una entrevista la posibilidad de detenerlo si regresara al cargo. "Llegado el caso, no permitiré que pisotee la Constitución”, aseguró.
¿Qué desencadenó el hecho?
Bolivia enfrenta una grave crisis económica por falta de combustibles y escasez de divisas que ha provocado manifestaciones sindicales en el país.
En los últimos meses Arce y Morales han mantenido confrontación política por el futuro del partido Movimiento al Socialismo (MAS) y el intento del expresidente Morales de aspirar a un nuevo mandato.
El presidente Arce, antes aliado de Morales, ha dicho que es objeto de un “golpe blando” cuyo objetivo es “acortar mandatos”, aunque el expresidente sostiene que Arce intenta socavar sus aspiraciones a una nueva candidatura.
Morales dejó el poder en 2019, luego de una alzamiento militar tras la primera vuelta de las elecciones, pero regresó una vez que Arce devolvió al poder al MAS. Con el apoyo de una parte importante de los cultivadores de coca, el año pasado Morales anunció sus planes de postularse a las elecciones de 2025.
¿Quién es el general Juan José Zúñiga, el supuesto cabecilla del plan que fue detenido?
Juan José Zúñiga Macías fue nombrado por Arce comandante general del Ejército de Bolivia en noviembre de 2022 y ratificado en enero pasado. Anteriormente había ocupado el puesto de jefe del Estado Mayor.
En el pasado enfrentó acusaciones por el desvío de $2.7 millones de bolivianos (unos US$400.000) de fondos públicos, cuando era jefe de un Regimiento de Infantería.
En 2022, Morales lo señaló como líder de un grupo dentro del ejército que presuntamente ejercía una “persecución permanente” contra dirigentes políticos.
Tras lo ocurrido este miércoles, Zúñiga fue capturado y conducido a un vehículo policial. “¡Está detenido mi general!”, señaló el viceministro de Gobierno (Interior), Jhonny Aguilera.
Poco después, Arce convocó a los bolivianos a movilizarse “en contra del golpe de Estado”, y en el mismo palacio presidencial tomó juramento a los nuevos comandantes.
Reacciones internacionales
Varios gobiernos han condenado lo ocurrido en Bolivia, incluyendo el régimen de La Habana. El miércoles el gobernante Miguel Díaz-Canel lamentó en su cuenta de X el “atropello a la democracia y al pueblo boliviano” y ofreció “toda la solidaridad” a Arce.
El canciller Bruno Rodríguez mantuvo un discurso similar y dijo que condenaba “contundentemente esos actos”.
Líderes de Chile, Paraguay, Brasil, Ecuador y la Unión Europea también expresaron su apoyo a Arce.
El presidente venezolano Nicolás Maduro.dijo que había hablado con Arce y Morales y denunció "un golpe de Estado contra la democracia boliviana".
Luis Almagro, secretario general de la OEA, indicó que la comunidad internacional y la OEA "no tolerarán ninguna forma de quebrantamiento al orden constitucional legítimo en Bolivia".
Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, comentó que el bloque "condena cualquier intento de quebrantar el orden constitucional en Bolivia".
Golpes de Estado en Bolivia
Bolivia ha tenido más de 190 intentos de golpe y revoluciones desde su independencia en 1825. El más reciente ocurrió en 2019 cuando Morales se postuló para un tercer mandato pese a una prohibición constitucional.
Tras unas polémicas votaciones que provocaron protestas masivas, el líder indígena renunció y huyó del país.
Arce, el sucesor escogido por Morales, ganó las elecciones de 2020.
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