CARACAS (AP) — El gobierno venezolano denunció el sábado un supuesto plan para atentar contra el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios de Estado y aseguró que detuvo a 14 personas, entre ellas a seis extranjeros, que estarían relacionadas con el presunto complot.

El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, afirmó en rueda de prensa que luego de un trabajo de inteligencia y rastreo también se decomisaron 400 fusiles y pistolas, armamento que según el funcionario sería utilizado para provocar actos violentos en territorio venezolano.

Cabello dijo que entre los capturados figuran tres estadounidenses, dos españoles y un checo. Entre los estadounidenses, mencionó a un hombre al que identificó como Joseph Castañeda Gómez, quien según dijo es miembro de la Armada estadounidense y a quien acusó de pertenecer a un “equipo de mercenarios”.

“El gobierno de los Estados Unidos no está ajeno a esta operación", acotó, y agregó que detrás de ella está un personaje “nefasto del tráfico de armas” al que identificó como Iván Simonovis.

En 2002, Simonovis —entonces jefe de seguridad ciudadana de Caracas— fue encarcelado por lo que, según él, fueron acusaciones falsas de ordenarle a la policía que disparara contra manifestantes progubernamentales que habían salido a las calles para defender Hugo Chávez durante un breve golpe de Estado. Diecinueve personas murieron a raíz del tiroteo en un paso elevado en el centro de Caracas. Simonovis huyó en 2019.

Cabello aseveró que detrás de la operación se encuentran agencias de inteligencia de Estados Unidos y España.

El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró a The Associated Press en un correo electrónico que las acusaciones de ser parte de un complot para derrocar a Maduro “son categóricamente falsas” y agregó que su gobierno está a favor de una solución democrática a la crisis política en la nación sudamericana.

Adicionalmente, Washington confirmó la detención de un militar estadounidense y dijo que tiene conocimiento de otros connacionales aprehendidos. Estados Unidos sigue de cerca la situación, añadió.

La embajada de España en Caracas no respondió de inmediato a un email de la AP en busca de comentarios.

El mandatario venezolano y sus aliados han acusado en numerosas oportunidades a Estados Unidos de promover supuestas conspiraciones y atentados contra el gobierno del país sudamericano, algo que ha sido rechazado por las autoridades estadounidenses. Caracas rompió relaciones con Estados Unidos en 2019.

En septiembre del 2020, el presidente Maduro anunció que había tomado la decisión de impulsar un amplio plan de seguridad con miras a frustrar una supuesta trama desestabilizadora orquestada por Washington y que, según el gobernante, salió a la luz luego de la captura de un presunto espía que estaría vinculado con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés).

El gobierno de Maduro elevó recientemente la tensión con España, país que acogió al excandidato presidencial Edmundo González tras el otorgamiento de asilo político. La oposición sostiene que González se impuso de forma contundente en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

El canciller venezolano Yvan Gil advirtió el viernes que Caracas no permitirá “ninguna acción injerencista” luego de que la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, calificó al gobierno de Maduro como una “dictadura”.

Tras su arribo a Madrid, González ha mantenido reuniones con líderes españoles que le han expresado su respaldo. La comunidad internacional ha cuestionado los resultados oficiales de los comicios que dieron la victoria a Maduro para un tercer mandato.

Estados Unidos advirtió este viernes al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, de decisiones adicionales si no "hace lo correcto" y publica las actas detalladas de los resultados de las votaciones del 28 de julio, un día después de sancionar a 16 funcionarios chavistas.

"Hemos emitido sanciones. No vamos a descartar nada en el futuro", dijo el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una rueda de prensa telefónica.

El funcionario agregó que Maduro "tiene opciones y decisiones que sólo él puede tomar" y "la primera decisión que debe tomar es publicar todos los datos y resultados electorales para que el mundo pueda ver cómo se desarrollaron esas elecciones y cómo y hasta qué punto se cumplió realmente la voluntad del pueblo venezolano”.

"La decisión más importante en este momento para él es si va a hacer lo correcto para el pueblo venezolano. Él tiene que tomar esa decisión. Y si no lo hace, tendremos que tomar algunas decisiones adicionales por nuestra cuenta", agregó Kirby.

El jueves, Estados Unidos sancionó a 16 funcionarios venezolanos, entre ellos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Asamblea Nacional, por "obstruir proceso electoral presidencial" venezolano.

Entre los sancionados están a presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez; la presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, Rosalba Gil Pacheco; y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante Aparicio.

Del mismo modo, el Departamento de Estado prohibió la entrada al país de "funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y que son responsables de los actos de represión".

Reacciones en Venezuela

Ya más temprano, funcionarios de la Corte Suprema y el Poder electoral de Venezuela habían repudiado estas sanciones.

“No vamos a doblegarnos ante ellos”, dijo la presidenta de la Corte Suprema de Venezuela, Caryslia Rodríguez, en la lista de los nuevos sancionados por Estados Unidos, que tildó como “una nueva acción colonialista”.

El CNE también sacó un comunicado rechazando lo que consideró es un “infame acto de injerencia cometido por el gobierno de Estados Unidos”.

“Se intenta señalar y amedrentar a un conjunto de servidores públicos venezolanos, entre ellos la rectora del Consejo Nacional Electoral, Rosalba Gil Pacheco y su secretario Antonio José Meneses Rodríguez”.

En el comunicado, el CNE exige a Estados Unidos no “involucrarse en asuntos internos” del organismo.

"No somos chantajeables, ni nos dejamos intimidar por la lacra imperial", expresó por su parte la Fuerza Armada, en un comunicado leído en la televisión estatal por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, acompañado por el alto mando militar.

Un total de 111.463 personas han pedido asilo en España entre enero y agosto de 2024, casi un 40% de ellas venezolanas, según datos publicados este viernes por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Según estos datos, publicados en la red social 'X' y recogidos por Europa Press, casi 4 de cada 10 solicitudes han sido presentadas por personas que han huido de Venezuela que, tal y como indica CEAR, "atraviesa una grave crisis humanitaria y política".

Además, CEAR ha señalado que un 15% de las solicitudes se han resuelto de manera favorable, lo que supone un incremento de un 2% en el último mes, pero que casi una de cada dos siguen siendo denegadas.

Asimismo, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha advertido de que el 40% de las personas, en su mayoría venezolanas, solo reciben protección por razones humanitarias, "que tiene menos garantías".

CEAR ha pedido "voluntad política" para "poner encima de la mesa planteamientos más estratégicos que incentiven vías legales ya" y "aborden la llegada de personas que necesitan refugio desde la inclusión y la corresponsabilidad en su bienestar social y el de las sociedades de acogida".

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se refirió el jueves al Gobierno de Nicolás Maduro como una "dictadura" recordando a todos los hombres y mujeres venezolanos que "han tenido que salir de su país".

Poco después, el ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil Pinto, anunció su decisión de convocar al embajador español en Caracas, Ramón Santos Martínez, y de llamar a consultas a su representante diplomática en España, Gladys Gutiérrez, como respuesta a lo que consideró como "insolentes, injerencistas y groseras" declaraciones de la ministra de Defensa española.

"El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ante las insolentes, injerencistas y groseras declaraciones de la ministra española Margarita Robles, que apuntan a un deterioro de las relaciones entre ambos países, ha decidido llamar a consultas a la embajadora venezolana acreditada ante el Reino de España, Gladys Gutiérrez", reza un comunicado de Gil publicado en su cuenta de la red social Facebook.

Gil también ha indicado que el embajador español deberá comparecer este viernes en la sede del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.

Las declaraciones de la ministra Robles ocurrieron como parte de su intervención durante el acto de presentación de la novela de Julia Navarro 'El niño que perdió la guerra', donde además ha recordado a todos los hombres y mujeres venezolanos que "han tenido que salir de su país".

Al acto en el Ateneo de Madrid, asistieron el expresidente del Gobierno Felipe González, el juez Manuel Marchena y la recién nombrada presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, entre otras personalidades.

A colación de los totalitarismos que se revelan en la novela de Julia Navarro, la ministra hizo un inciso para mandar un "recuerdo a los hombres y mujeres de Venezuela que han tenido que salir de su país, precisamente por la dictadura que viven".

En este contexto, Robles mencionó también al opositor Edmundo González que se encuentra en España tras abandonar por deseo propio Venezuela para solicitar asilo. El opositor fue recibido el jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció en un comunicado que sancionó a 16 funcionarios alineados con el gobernante venezolano Nicolás Maduro, por considerar que “obstruyeron un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo en Venezuela y violaron los derechos civiles y humanos del pueblo”.

Las personas sancionadas incluyen a los líderes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) porque “impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos, así como a los funcionarios militares, de inteligencia y del gobierno responsables de intensificar la represión mediante la intimidación, las detenciones indiscriminadas y la censura”.

“Desde las elecciones del 28 de julio, Maduro y sus representantes han arrestado indiscriminadamente a venezolanos por ejercer sus derechos políticos y civiles y han desplegado una serie de tácticas de intimidación para silenciar a la oposición. Estos actos incluyen la emisión de una orden de arresto contra el candidato presidencial ganador, Edmundo González Urrutia, lo que lo obligó a salir de Venezuela para buscar asilo en España”, señaló el Departamento del Tesoro.

Al mismo tiempo, el Departamento de Estado impuso nuevas restricciones de visa a los funcionarios de Maduro "que han socavado el proceso electoral en Venezuela y que son responsables de actos de represión”.

“En lugar de respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, Maduro y sus representantes han proclamado falsamente su victoria mientras reprimen e intimidan a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder por la fuerza”, dijo el Secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.

El jefe de la diplomacia de EEUU manifestó que con las medidas adoptadas hoy, el Tesoro ha sancionado a más de 140 funcionarios venezolanos por "contribuir a la situación en el país".

“Hasta la fecha, el Departamento de Estado ha identificado a casi 2.000 personas como potencialmente sujetas a restricciones de visado en virtud de diversas autoridades por su papel en socavar la democracia, participar en actos de corrupción significativos o violar los derechos humanos del pueblo venezolano”, agregó Blinken.

Estos son los funcionarios y militares sancionados por EEUU

1. Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta es un juez que se desempeña en el TSJ alineado con Maduro desde 2014, actualmente en la Sala Constitucional del TSJ. Según la cobertura de los medios, en su calidad de magistrado del Supremo, Figueroa apoyó la decisión de la Sala Electoral de revisar y certificar la afirmación del CNE de que Maduro ganó las elecciones.
2. Malaquias Gil Rodríguez es un magistrado que se desempeña como presidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ desde 2022. Según fuentes de medios creíbles, Gil ha obstruido la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado.
3. Juan Carlos Hidalgo Pandares es un juez que se desempeña como vicepresidente de la Sala Político-Administrativa del TSJ desde 2022. Según fuentes de los medios, Hidalgo ha obstruido la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado.
4. Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez encabeza el TSJ alineado con Maduro. Rodríguez ha sido la presidenta del TSJ desde enero de 2024 y encabeza la Sala Electoral del TSJ. Rodríguez y la Sala Electoral certificaron la afirmación infundada de Maduro de que había ganado las elecciones a pesar de las acusaciones bien fundadas de fraude electoral generalizado en las elecciones de julio.
5. Fanny Beatriz Márquez Cordero es la vicepresidenta del TSJ y miembro de la Sala Electoral. Según varios medios de comunicación, Márquez estaba entre los funcionarios de la Cámara Electoral que certificaron la infundada afirmación de la victoria de Maduro.
6. Edward Miguel Briceño Cisneros es el juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia con jurisdicción sobre terrorismo, afín a Maduro. Según fuentes de los medios, Briceño emitió una orden de captura contra González, menos de una hora después de que el Ministerio Público la solicitara por los delitos de usurpación de funciones, instigación a la desobediencia a las leyes, asociación para delinquir, sabotaje para dañar sistemas y asociación con miembros de la oposición a quienes Maduro considera criminales.
7. Luis Ernesto Duenez Reyes es fiscal del Ministerio Público, afín a Maduro. En su cargo, Duénez emitió la solicitud oficial de la orden de arresto contra el candidato presidencial opositor Edmundo González, que luego fue emitida por Briceño.
8. Rosalba Gil Pacheco es rectora del CNE y se desempeña desde 2023 como presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, alineada con Maduro. Según el Departamento del Tesoro, Gil Pacheco ha obstruido la democracia al instituir una nueva regla restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales, instituir irregularidades en el registro electoral y retrasar intencionalmente los procesos en los centros de votación.
9. Antonio José Meneses Rodríguez es el Secretario General del CNE desde agosto de 2023. Según informes de prensa, Meneses instituyó una nueva norma restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales, introduciendo irregularidades en el registro electoral y retrasando intencionalmente los procesos en los centros de votación.
10. Dinorah Yoselin Bustamante Puerta es una fiscal que se desempeña en el Juzgado Primero Especial de Primera Instancia de Venezuela, una oficina dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) alineada con Maduro.
11. Pedro José Infante Aparicio se desempeña como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, alineada con Maduro.
12. Domingo Antonio Hernández Larez es el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), alineada con Maduro.
13. Elio Ramón Estrada Paredes es el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), alineada con Maduro. Según el Departamento del Tesoro, Estrada lideró a la GNB en la detención de miles de manifestantes pacíficos a favor de la democracia después de las elecciones del 28 de julio.
14. Johan Alexander Hernández Larez es el comandante de REDI Capital de la GNB.
15. Asdrúbal José Brito Hernández es el Director de Investigaciones Criminales de la DGCIM. Según el Departamento del Tesoro, la DGCIM ha liderado una campaña coordinada de “Operación Toc Toc” para acosar, detener y arrestar arbitrariamente a miembros de la oposición y de la sociedad civil después de las elecciones.
16. Miguel Antonio Muñoz Palacios es el subdirector del servicio de inteligencia alineado con Maduro, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), desde 2021. El SEBIN ha llevado a cabo arrestos y detenciones por motivos políticos de Maduro de líderes de la oposición, voluntarios, trabajadores electorales y testigos electorales.