América Latina
Muere el expresidente peruano Alberto Fujimori
El expresidente peruano Alberto Fujimori murió el miércoles de cáncer en Lima. La última vez que se le vio de forma pública fue el 4 de septiembre saliendo en silla de ruedas de un hospital privado.
Alberto Fujimori, el expresidente peruano que gobernó 10 años con mano dura, señalamientos de corrupción y abusos graves a los derechos humanos que lo llevaron a ser enjuiciado y a prisión, murió el miércoles de cáncer en Lima, informó su hija, la política Keiko Fujimori. Tenía 86 años.
“Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma”, publicó en un mensaje en la plataforma X que terminaba con un “gracias por tanto papá” y los nombres de los cuatro hijos a modo de firma.
La noticia del agravamiento de la salud del exmandatario había sido anunciada horas antes por el legislador fujimorista Alejandro Aguinaga, quien dijo a la prensa tras salir de la casa del expresidente que Fujimori estaba “luchando” por su vida.
La última vez que se le vio de forma pública fue el 4 de septiembre saliendo en silla de ruedas de un hospital privado.
El primer hijo de japoneses en llegar a ser jefe de Estado de otro país en el mundo por voluntad popular fue elegido tres veces como presidente de Perú desde 1990 a 2000. Nacido en Lima en 1938, pasó sus últimos meses de vida en libertad al beneficiarse de un indulto humanitario que permitió su excarcelación en diciembre de 2023 tras 10 años en prisión con cargos por asesinato.
Durante sus mandatos —el último de ellos de menos de un año— aplicó duras medidas de ajuste económico, pero mantuvo altos niveles de popularidad. Sin embargo, en el año 2000, tras fuertes cuestionamientos internacionales por abusos a los derechos humanos, huyó a Japón y renunció por fax.
Después, el exmandatario fue condenado a 25 años de prisión en 2009, con cargos por asesinato que lo señalaban como responsable de la creación y financiación en su gobierno de un escuadrón militar clandestino que mató al menos a 25 personas —entre universitarios y vecinos de un barrio de la capital, incluido un niño— a quienes consideraron exguerrilleros de Sendero Luminoso.
Su ascenso rápido al poder ocurrió en medio de la ruina económica en la que se encontraba Perú en julio de 1990, al término de los cinco años de gobierno de su antecesor Alan García. En agosto de ese año la inflación mensual llegó a 397% y el país soportaba una década de sangriento conflicto armado interno entre las fuerzas de seguridad y los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
“Enfrentó al terrorismo, controló la hiperinflación y hasta el momento se sigue su línea económica para bien o para mal”, dijo a The Associated Press Yusuke Murakami, profesor de ciencia política en la Universidad de Kyoto y experto en Fujimori.
Decepcionados de los partidos políticos que no acabaron con el caos que se vivía, los peruanos eligieron como presidente en 1990 al ingeniero agrónomo Fujimori, quien entonces era un desconocido profesor de matemáticas en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Venció en segunda vuelta al premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.
Le decían “el Chino” por sus ojos rasgados y su tez morena, que lo acercaban a la mayoritaria población de Perú: los mestizos e indígenas.
Sus padres, nacidos en la provincia japonesa de Kumamoto, trabajaron como costureros, reparadores de neumáticos, repartidores de rosas y dueños de una granja avícola para mantener a los tres hijos y dos hijas de la familia.
Durante su campaña pregonó con su voz aguda un gobierno de “los más capacitados y de conducta intachable”. En una ocasión, los diarios difundieron una fotografía suya vestido de karateca con cinturón negro y rompiendo un ladrillo con sus manos delgadas. Días después —en abril de 1990— ante el New York Times confesó que nunca aprendió karate y que el ladrillo ya estaba roto con anticipación.
Doce días después de llegar al poder, a los 52 años, aplicó las drásticas medidas que había prometido no usar durante su campaña para combatir la hiperinflación más alta en la historia de Latinoamérica, con 397% mensual, de acuerdo a cálculos de Steve Hanke, profesor de economía aplicada de la Universidad Johns Hopkins, experto de inflación en el mundo.
En un mensaje televisivo, su ministro de Economía anunció que el precio de la gasolina subiría 32 veces junto al resto de productos básicos alimenticios. El costo se triplicó de un día para otro. Las colas en busca de alimentos se dispararon y la policía detuvo aquel fin de semana a unos 10.000 peruanos por saquear tiendas.
Según el analista Murakami, quien fue funcionario de la embajada de Japón en Lima y estuvo encargado del análisis político sobre Perú en la primera mitad de su gobierno, consideró que sus veloces decisiones “le sirvieron de algo para responder en el corto plazo a las emergencias, pero no para el mediano y largo plazo”.
El 5 de abril de 1992, Fujimori anunció en un mensaje televisivo el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema judicial y el inicio de un “gobierno de emergencia” que tendría entre sus objetivos redactar una nueva Constitución para reemplazar a la de 1979, que prohibía la reelección inmediata.
“Disolver, disolver”, fue la frase repetida con la que Fujimori anunció el llamado “autogolpe” y quedó por muchos años en el recuerdo de los peruanos.
Su popularidad aumentó luego de que un grupo de investigadores policiales, que recibía más apoyo de la embajada de Estados Unidos, capturara una noche de sábado de septiembre al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, y a miembros claves de su cúpula que desde 1980 hasta 2000 provocaron más de 12.000 asesinatos.
Años más tarde, Fujimori sacó partido del rescate de la residencia del embajador japonés en Lima tomada por rebeldes del Movimiento Túpac Amaru. Ese día, soldados del ejército rescataron vivos a 72 de 73 rehenes y ejecutaron extrajudicialmente a los rebeldes. Una imagen de Fujimori en chaleco antibalas y botas militares, paseando victorioso por la residencia liberada, recorrió el mundo.
De acuerdo con diversos estudiosos, Fujimori inauguró un nuevo tipo de autoritarismo en la región: gobernó con un régimen autoritario de fachada democrática y gran respaldo popular.
Desde las sombras, su jefe de espías Vladimiro Montesinos —exabogado de narcos y oficial expulsado del ejército— dirigió un sistema de inteligencia que, usando dinero público, favoreció a Fujimori y le allanó cualquier tipo de oposición sobornando a legisladores, jueces, fiscales y dueños de medios de comunicación.
Su ambición por el poder le hizo reelegirse en 1995, cuando ganó por abrumadora mayoría. Volvió a hacerlo en el 2000, pese a acusaciones de fraude, pero su tercer gobierno duró poco. A finales de ese año se difundió un video que mostraba cómo su asesor Montesinos sobornaba a un legislador opositor. Eso desató una ola de protestas que provocó su caída.
Fujimori salió del país y se refugió en Japón, desde donde renunció a la presidencia vía fax.
Casi una década después de haber finalizado su gobierno, Human Rights Watch calificó su gestión como “un régimen mafioso” que se sustuvo en el poder mediante la corrupción y la manipulación de las instituciones democráticas.
La prensa independiente descubrió que en su gobierno un escuadrón militar clandestino financiado con dinero público asesinó a 15 vecinos durante una fiesta —entre ellos un niño de 8 años—, a nueve universitarios y a un catedrático a quienes consideraban miembros de Sendero Luminoso.
En 1994 se divorció de su esposa Susana Higuchi después que ésta denunciara a sus cuñados por enriquecerse con ropa donada de Japón. Fujimori le quitó el título de primera dama y se lo dio a su hija Keiko, de 19 años. Tras la separación, sus hijos se quedaron con él y Keiko se dedicó a la política, postulándose a la presidencia en 2011 y 2016. Ahora, ella dirige un partido de centro-derecha que reivindica los logros de su padre y es mayoría en el Parlamento unicameral.
A mediados de julio, Keiko Fujimori anunció por redes sociales que su padre sería candidato presidencial en 2026, pese a que a inicios de ese mes fue operado de una fractura de cadera y se estaba sometiendo a sesiones de inmunoterapia y radioterapia para tratar un tumor canceroso en la lengua que apareció en mayo de 2024.
Transparencia Internacional calculó en 2004 que en su gobierno se malversaron 600 millones de dólares y lo colocó entre los diez presidentes más corruptos del mundo.
En 2005 Fujimori viajó a Chile y una corte de ese país autorizó extraditarlo a Perú dos años después. A su regreso, el juicio se volvió histórico: duró 15 meses y polarizó al país. Fujimori era el primer presidente elegido democráticamente que asistía a juicio por violación de derechos humanos. Y aunque se defendió diciendo que era una venganza política, fue señalado como autor mediato por 25 asesinatos y se le sentenció a 25 años de prisión.
Asimismo, fue condenado por corrupción por realizar un pago ilegal de 15 millones de dólares a Montesinos para sobornos en los últimos días de su gobierno. En enero de 2015, recibió una sentencia adicional por usar recursos del Estado para financiar diarios que apoyaron su segunda reelección, pero luego se le retiró la condena porque el juez que la revisó dijo que no halló pruebas contundentes.
Fujimori debía salir libre en 2032 a los 95 años, pero el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) le concedió pocas horas antes de la Navidad de 2017 un indulto humanitario ante su debilitada salud.
Miles protestaron porque Fujimori, que entonces tenía 79 años, era considerado el preso que recibía las mayores atenciones: era el único reo en una cárcel de 800 metros cuadrados, podía pintar, recibir visitas, cultivar flores y escuchar óperas de María Callas, según dijo a la AP su médico personal, Alejandro Aguinaga.
Los familiares de las víctimas pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos anular el indulto pero este tribunal dejó el caso en manos de la Corte Suprema peruana.
Tuvo que asistir a un nuevo juicio en el que se le acusaba de ser el autor mediato de la masacre de otros seis campesinos torturados, asesinados y quemados durante su gobierno. El fiscal pidió una nueva sentencia de 25 años de prisión por la masacre.
Finalmente, en diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional revivió el indulto de 2017 por sufrir de hipertensión, frecuencia cardiaca irregular y riesgo de cáncer de lengua y ordenó su excarcelación.
Se fue a vivir con su hija Keiko Fujimori, se compró un celular, renovó su documento de identidad y cuando fue interrogado por si mantenía su intención de ser candidato presidencial en 2026, como adelantó su hija, dijo sonriendo: “Vamos a ver, vamos a ver”.
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La fiebre de Oropouche en las Américas: ¿Por qué hay alerta sanitaria?
Con casi 10.000 casos confirmados en seis países de la región, la OPS urge a los gobiernos a intensificar la vigilancia epidemiológica y las medidas preventivas contra la fiebre de Oropouche.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha lanzado una nueva alerta sobre la fiebre de Oropouche (OROV) en las Américas exhortando a los países de la región a reforzar los mecanismos de vigilancia epidemiológica, reportar cualquier situación atípica y fortalecer las medidas de prevención y control de vectores.
El virus, que en lo que va de año ha aparecido en áreas que previamente no habían registrado casos de transmisión, ha provocado ya varias muertes, incluidas algunas por transmisión vertical (de madre a hijo).
Desde la emisión de la última alerta epidemiológica el 1 de agosto de 2024 hasta el 6 de septiembre, se han confirmado 1.774 nuevos casos, lo que eleva el total a 9.852 en seis países. Brasil sigue siendo el país más golpeado, con 7.931 casos y dos muertes.
Los casos por países
Los otros países afectados incluyen a Bolivia (356 casos), Colombia (74 casos), Cuba (506 casos), Perú (930 casos) y la República Dominicana (33 casos), país que recientemente reportó su primer brote. En cuanto a casos importados, se han registrado 21 en Estados Unidos, uno en Canadá y 30 en Europa, asociados a viajeros que estuvieron en zonas endémicas.
Uno de los puntos más alarmantes es la transmisión vertical del virus. En Brasil, se confirmó la muerte de un feto y un caso de anomalía congénita en bebés infectados. Las autoridades también están investigando otras muertes fetales y abortos vinculados a la fiebre de Oropouche.
Plan regional para frenar el aumento de casos
La OPS insiste en que desde el organismo sanitario se sigue trabajando con los países miembros para controlar la expansión del virus. Recientemente, la OPS organizó un seminario enfocado en la vigilancia entomológica y el control del Culicoides paraensis, el principal vector del OROV. Expertos de la OPS, la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) participaron en el evento.
Durante el seminario, la organización presentó guías provisionales que detallan el ciclo de vida de los vectores y las mejores prácticas para su vigilancia y control. Las autoridades continúan en alerta, monitoreando la situación y aplicando medidas para mitigar los riesgos que supone este brote para la salud pública.
¿Qué es la fiebre de Oropouche?
La fiebre de Oropouche es una enfermedad viral causada por el virus que lleva ese mismo nombre, que se transmite a los humanos principalmente a través de la picadura de mosquitos, en especial del género Culicoides. Este virus es endémico en regiones tropicales de América Latina, especialmente en la región amazónica de Brasil.
¿Qué síntomas presenta?
Esta enfermedad viral se manifiesta principalmente con fiebre alta, dolor de cabeza intenso, y dolores musculares y articulares. En casos más severos, puede evolucionar a meningitis o encefalitis. No existe un tratamiento específico, por lo que la prevención es crucial. El virus se transmite a través de la picadura de jejenes infectados, insectos que habitan en zonas húmedas y boscosas, activos principalmente durante el día.
No existe un tratamiento específico para la fiebre de Oropouche, por lo que el manejo de la enfermedad es sintomático y la prevención se centra en evitar la picadura de mosquitos.
Ante el aumento de casos, la OPS recalca la importancia de aplicar medidas preventivas, especialmente en mujeres embarazadas. Entre las recomendaciones destaca:
- Instalar mosquiteros de malla fina en puertas y ventanas, con orificios menores a 1 milímetro, para bloquear la entrada de los insectos vectores.
- Usar ropa de manga larga y pantalones largos, especialmente en hogares con personas enfermas.
- Aplicar repelentes de insectos en las áreas expuestas de la piel.
- Evitar actividades al aire libre durante el amanecer y el atardecer, momentos en que la actividad de los vectores es más alta.
- Buscar atención médica de inmediato si se presentan síntomas sospechosos.
Además, los expertos apuntan a que esta época, con clima tropical, también podría contribuir a un aumento de casos. “Sobre todo en estas temporadas con los huracanes y hay más lluvia. Hay que tratar de tener los envases sin agua, tratar de mantener los patios limpios, sin maleza alta y todos estos lugares donde se pueda acumular agua, taparlos o tenerlos completamente secos para evitar este tipo de proliferación”, recalca la Dra. Garcés.
ONU: Venezuela reactivó "una modalidad más dura y violenta" de represión contra opositores tras elecciones
El gobierno de Nicolás Maduro intensificó las tácticas represivas contra la oposición para mantenerse en el poder después de las elecciones presidenciales en Venezuela, señala el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.
El Estado venezolano intensificó su aparato represivo y reactivó "una modalidad más dura y violenta" contra opositores o disidentes tras las elecciones presidenciales de julio, dijo la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre violaciones de derechos humanos, en un informe divulgado el martes.
La misión dijo en el documento que las autoridades venezolanas llevaron de manera "consciente y planificada" acciones para desarticular y desmovilizar a la oposición, para inhibir la difusión de información independiente, las opiniones críticas, así como para impedir las protestas pacíficas.
"Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia", dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, citada en un comunicado de prensa.
Las autoridades electorales y el máximo tribunal de Venezuela dijeron que el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones, sin divulgar la totalidad de las actas de votación. Mientras, la oposición dijo que sus recuentos muestran una victoria de Edmundo González, quien este mes solicitó asilo político en España, luego de la emisión de un orden de captura en su contra.
Después de las elecciones se registraron protestas en las que hubo 25 fallecidos, según organizaciones no gubernamentales y 2.400 detenidos, de acuerdo con voceros oficiales.
"La protesta contra los resultados electorales anunciados por las autoridades y la respuesta represiva del Estado marcaron un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho. Los principales poderes públicos abandonaron toda apariencia de independencia y se sometieron abiertamente al Ejecutivo", dijo la misión independiente de Naciones Unidas.
El informe señaló que la "represión" a las manifestaciones ha generado "un clima de miedo generalizado en la población" y además forma parte de una política para "silenciar, desalentar y anular la oposición".
El Gobierno de Maduro ha culpado a la oposición de las muertes en las protestas y ha calificado a los manifestantes de "extremistas" y "fascistas".
La misión dijo que 24 de las 25 muertes fueron causadas por heridas de arma de fuego, la mayoría en el cuello.
Mencionó que las detenciones en el marco de una operación denominada "Tun Tun" -que toca las puertas de las casas de opositores o disidentes- afectaron a ciudadanos comunes de los barrios pobres.
Según el informe, aumentaron las alegaciones de "desapariciones forzadas" no observadas desde 2019, así como las denuncias de tratos crueles y torturas.
El reporte recomendó al Gobierno a investigar sobre el "uso abusivo" de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados en las protestas.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la misión de investigación sobre Venezuela en 2019, cuyo mandato se extendió hasta septiembre de este año.
Díaz-Canel se solidariza con Petro ante supuestos "intentos golpistas" en Colombia
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo que los presuntos planes para desestabilizar Colombia son parte de la "arremetida derechista contra los gobiernos progresistas de la región".
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel expresó el sábado su "apoyo y solidaridad" al presidente colombiano Gustavo Petro ante lo que calificó de "intentos golpistas" para derrocar su gobierno.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia investiga a Petro por una presunta violación de topes en su financiamiento de campaña. Petro denunció la semana pasada que la autoridad electoral prepara el terreno para su suspensión, y alegó que la investigación se inició 30 días después de los comicios, fuera del tiempo establecido para que indagara si hubo o no irregularidades durante la campaña.
"Los planes para desestabilizar #Colombia, son parte de la arremetida derechista contra los gobiernos progresistas de la región", escribió Díaz-Canel en su cuenta de X.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se sumó a las expresiones de apoyo de Díaz-Canel, con un mensaje en X en el que manifiesta toda su "solidaridad" al mandatario colombiano "frente a las maniobras que pretenden destituirlo mediante un Golpe de Estado".
El mismo Petro ha denunciado la investigación como un intento de "golpe" de Estado, argumentando que, según la constitución, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es la única facultada para iniciar una investigación en su contra.
“Cada paso dado contra el presidente en el consejo electoral construye un golpe de Estado... ¿Se quejan de Venezuela? En Colombia avanza un golpe de Estado contra el presidente”, escribió la semana pasada en su cuenta de X.
Pero el Consejo de Estado, en una consulta sobre el caso, espaldó al CNE y dijo que este sí está facultado para revisar las presuntas irregularidades en la campaña de Petro por la presidencia.
La investigación conducida por el CNE, dirigida por el magistrado del Partido Liberal Benjamín Ortiz y del uribista Centro Democrático Álvaro Hernán, concluyó que la campaña de Petro sobrepasó los límites en más de 5.300 millones de pesos (alrededor de 1,27 millones de dólares) y que recibió aportes de personas jurídicas, algo prohibido explícitamente por la ley electoral, reportó la semana pasada la agencia de noticias EFE.
Petro ha dicho que fue despojado de su fuero por "tres magistrados que rompieron las sentencias constitucionales sobre fuero presidencial y conflicto de competencias", y que ahora el CNE, "con mayoría política de quienes derrotamos en las elecciones", se dispone a juzgar al presidente.
En respuesta este sábado a un post en la red social del empresario Luis Ernesto Gómez, el mandatario colombiano insistió en que el CNE no solo investiga su campaña, sino a él, "el presidente".
Gómez instó a Petro a seguir los canales adecuados para protestar la decisión del CNE de abrir la investigación en su contra.
"Si el CNE cometiera un desafuero, puede ud demandar la decisión ante el Consejo de Estado. Ese mismo Consejo de Estado que amparó sus derechos, declarando ilegal la destitución hecha por el exprocurador Ordóñez, cuando Ud era Alcalde de Bogotá", escribió.
El empresario colombiano recomendó al mandatario ejercer su defensa ante el Congreso de la República, como ya lo hace con otras denuncias en su contra.
Gobierno de Venezuela denuncia supuesto plan para matar a Maduro y arresta a seis extranjeros
Entre los capturados figuran tres estadounidenses, dos españoles y un checo, informó a la prensa el ministro de Relaciones Interiores de Maduro, Diosdado Cabello.
CARACAS (AP) — El gobierno venezolano denunció el sábado un supuesto plan para atentar contra el presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios de Estado y aseguró que detuvo a 14 personas, entre ellas a seis extranjeros, que estarían relacionadas con el presunto complot.
El ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, afirmó en rueda de prensa que luego de un trabajo de inteligencia y rastreo también se decomisaron 400 fusiles y pistolas, armamento que según el funcionario sería utilizado para provocar actos violentos en territorio venezolano.
Cabello dijo que entre los capturados figuran tres estadounidenses, dos españoles y un checo. Entre los estadounidenses, mencionó a un hombre al que identificó como Joseph Castañeda Gómez, quien según dijo es miembro de la Armada estadounidense y a quien acusó de pertenecer a un “equipo de mercenarios”.
“El gobierno de los Estados Unidos no está ajeno a esta operación", acotó, y agregó que detrás de ella está un personaje “nefasto del tráfico de armas” al que identificó como Iván Simonovis.
En 2002, Simonovis —entonces jefe de seguridad ciudadana de Caracas— fue encarcelado por lo que, según él, fueron acusaciones falsas de ordenarle a la policía que disparara contra manifestantes progubernamentales que habían salido a las calles para defender Hugo Chávez durante un breve golpe de Estado. Diecinueve personas murieron a raíz del tiroteo en un paso elevado en el centro de Caracas. Simonovis huyó en 2019.
Cabello aseveró que detrás de la operación se encuentran agencias de inteligencia de Estados Unidos y España.
El Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró a The Associated Press en un correo electrónico que las acusaciones de ser parte de un complot para derrocar a Maduro “son categóricamente falsas” y agregó que su gobierno está a favor de una solución democrática a la crisis política en la nación sudamericana.
Adicionalmente, Washington confirmó la detención de un militar estadounidense y dijo que tiene conocimiento de otros connacionales aprehendidos. Estados Unidos sigue de cerca la situación, añadió.
La embajada de España en Caracas no respondió de inmediato a un email de la AP en busca de comentarios.
El mandatario venezolano y sus aliados han acusado en numerosas oportunidades a Estados Unidos de promover supuestas conspiraciones y atentados contra el gobierno del país sudamericano, algo que ha sido rechazado por las autoridades estadounidenses. Caracas rompió relaciones con Estados Unidos en 2019.
En septiembre del 2020, el presidente Maduro anunció que había tomado la decisión de impulsar un amplio plan de seguridad con miras a frustrar una supuesta trama desestabilizadora orquestada por Washington y que, según el gobernante, salió a la luz luego de la captura de un presunto espía que estaría vinculado con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés).
El gobierno de Maduro elevó recientemente la tensión con España, país que acogió al excandidato presidencial Edmundo González tras el otorgamiento de asilo político. La oposición sostiene que González se impuso de forma contundente en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El canciller venezolano Yvan Gil advirtió el viernes que Caracas no permitirá “ninguna acción injerencista” luego de que la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, calificó al gobierno de Maduro como una “dictadura”.
Tras su arribo a Madrid, González ha mantenido reuniones con líderes españoles que le han expresado su respaldo. La comunidad internacional ha cuestionado los resultados oficiales de los comicios que dieron la victoria a Maduro para un tercer mandato.
EEUU advierte a Maduro de más acciones si no publica actas electorales
Un día después de sancionar a 16 funcionarios chavistas, la Casa Blanca advirtió al gobierno de Venezuela que si no "hace lo correcto" y publica las actas de los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio, tomará acciones adicionales.
Estados Unidos advirtió este viernes al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, de decisiones adicionales si no "hace lo correcto" y publica las actas detalladas de los resultados de las votaciones del 28 de julio, un día después de sancionar a 16 funcionarios chavistas.
"Hemos emitido sanciones. No vamos a descartar nada en el futuro", dijo el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una rueda de prensa telefónica.
El funcionario agregó que Maduro "tiene opciones y decisiones que sólo él puede tomar" y "la primera decisión que debe tomar es publicar todos los datos y resultados electorales para que el mundo pueda ver cómo se desarrollaron esas elecciones y cómo y hasta qué punto se cumplió realmente la voluntad del pueblo venezolano”.
"La decisión más importante en este momento para él es si va a hacer lo correcto para el pueblo venezolano. Él tiene que tomar esa decisión. Y si no lo hace, tendremos que tomar algunas decisiones adicionales por nuestra cuenta", agregó Kirby.
El jueves, Estados Unidos sancionó a 16 funcionarios venezolanos, entre ellos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de la Asamblea Nacional, por "obstruir proceso electoral presidencial" venezolano.
Entre los sancionados están a presidenta del Tribunal Supremo, Caryslia Rodríguez; la presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, Rosalba Gil Pacheco; y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante Aparicio.
Del mismo modo, el Departamento de Estado prohibió la entrada al país de "funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y que son responsables de los actos de represión".
Reacciones en Venezuela
Ya más temprano, funcionarios de la Corte Suprema y el Poder electoral de Venezuela habían repudiado estas sanciones.
“No vamos a doblegarnos ante ellos”, dijo la presidenta de la Corte Suprema de Venezuela, Caryslia Rodríguez, en la lista de los nuevos sancionados por Estados Unidos, que tildó como “una nueva acción colonialista”.
El CNE también sacó un comunicado rechazando lo que consideró es un “infame acto de injerencia cometido por el gobierno de Estados Unidos”.
“Se intenta señalar y amedrentar a un conjunto de servidores públicos venezolanos, entre ellos la rectora del Consejo Nacional Electoral, Rosalba Gil Pacheco y su secretario Antonio José Meneses Rodríguez”.
En el comunicado, el CNE exige a Estados Unidos no “involucrarse en asuntos internos” del organismo.
"No somos chantajeables, ni nos dejamos intimidar por la lacra imperial", expresó por su parte la Fuerza Armada, en un comunicado leído en la televisión estatal por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, acompañado por el alto mando militar.
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