La coalición D'Frente y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) instaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) a que incluya en el cronograma legislativo la norma que garantice el ejercicio de los derechos constitucionales de reunión y manifestación con fines pacíficos.
“La carta reitera una demanda que ya habíamos hecho en diciembre para que se reintrodujera en el cronograma legislativo la discusión sobre la ley que tiene que ver con los derechos de manifestación y reunión, que son derechos fundamentales que la sociedad cubana viene ejerciendo y viene demandando y hace falta una ley, según la propia Constitución, que regule el marco de estos derechos para la gente”, explicó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de ambas organizaciones.
La demanda, dirigida al presidente de la Asamblea, Juan Esteban Lazo Hernández, y a la directora de Atención a la Población de la misma entidad, Carmen Aguilar Martínez, fue entregada, en la sede del órgano legislativo cubano, por el abogado independiente Julio Ferrer el 24 de mayo.
La petición fue hecha, por primera vez, en diciembre del año pasado y fue respondida por la Asamblea Nacional, el 24 de enero de 2023, en un documento en el que explica las supuestas razones del retraso en la deliberación legislativa y se expresa la voluntad de la Asamblea Nacional de avanzar en la dirección del blindaje de los derechos ciudadanos, informaron, en un comunicado, D’Frente y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
El líder opositor Manuel Cuesta Morúa posa para un retrato en La Habana, el 20 de marzo de 2023. Cuesta encabeza el Consejo de Transición Democrática.
"Se nos invita, por otra parte, a fundamentar nuestra demanda ateniéndonos a lo que establece el artículo 164, inciso k, que legitima y exige la recogida de 10.000 firmas, certificadas por el Consejo Electoral Nacional, para apoyar proyectos de ley desde la ciudadanía", expresaron las dos plataformas opositoras.
“Aquí estamos reiterando, entonces, a esta legislatura, la 10ª, al tiempo que recordamos a la Asamblea la necesidad de que todos sus órganos cumplan con lo establecido para validar las firmas que los ciudadanos vienen dando a distintos y determinados proyectos de ley que se están fraguando desde la ciudadanía”, puntualizó el líder político.
Con la nueva solicitud, las organizaciones de la sociedad civil cubana recuerdan a la nueva Legislatura, la importancia de legislar a favor de "derechos fundamentales y de los derechos humanos recogidos y consagrados en más de dieciséis artículos de la Constitución, esencialmente los derechos de reunión y de manifestación que, en su ejercicio, constituyen hechos sociales asumidos".
En la petición también demandaron al Parlamento cubano que exija a los Consejos y Registros Electorales Municipales que cumplan con lo que establece la Ley 131 de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional, que los obliga a recibir y tramitar las solicitudes de Certificación Acreditativa de la Condición de Elector, que ciudadanos han tramitado, para que se presenten por esta vía al Consejo Electoral Nacional.
Cubanos se manifiestan contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel, el 11 de julio de 2021, en La Habana. (Yamil Lage/AFP)
“Uno de los ciudadanos, el abogado Julio Ferrer, hizo la solicitud y ya obtuvo su certificación. Pero hay otros cuatro o cinco ciudadanos que hicieron su petición y los consejos electorales municipales están poniendo una serie de obstáculos”, señaló Cuesta Morúa.
La imposibilidad o la demora en obtener dicha certificación constituye un obstáculo que hace aún más ardua la tarea de reunir las 10.000 firmas de electores requeridas por la ley, denuncian en su misiva a la ANPP.
"Nos preocupa que el Estado no solo esté legislando para proteger intereses extranjeros, fundamentalmente españoles y rusos, sino que esté siendo receptivo incluso a la idea de modificar la Constitución y las leyes para satisfacer estos intereses, además de blindar su propio poder, como acaba de hacer con la reciente ley sobre Comunicación Social, de espaldas a los derechos y a la soberanía de las y los ciudadanos”, advirtieron el CTDC y D'Frente.
Entonces, “en esta carta recordamos la necesidad de que la Asamblea recuerde al Consejo Electoral Nacional que debe cumplir con lo que establece la ley y en ese sentido, pues estamos trabajando en lo que nosotros llamamos ya una ofensiva legislativa de la ciudadanía para echar adelante, impulsar propuestas de ley que protejan, blinden, garanticen los derechos fundamentales de la ciudadanía”, concluyó el activista.