Derechos Humanos
DOCUMENTO. Cuba en el informe mundial de Human Rights Watch 2022
En la 32ª edición del Informe Mundial 2022, la organización internacional Human Rights Watch examina las prácticas de derechos humanos en casi 100 países, entre ellos Cuba.
El director ejecutivo de esta organización Kenneth Roth dijo en un ensayo que presenta el informe que en el año que acaba de concluir "los líderes autocráticos se enfrentaron a una importante reacción" y que "la democracia predominará en la contienda con la autocracia sólo si los líderes democráticos hacen un mejor trabajo para abordar los problemas globales".
Sobre Cuba, la organización señala al régimen de La Habana, junto a Vietnam, Corea del Norte, Turkmenistán, Esuatini, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, como los "gobiernos dictatoriales y monárquicos que nunca han permitido siquiera que se realicen elecciones “manejadas”.
HRW dice que algunos autócratas utilizaron la pandemia como pretexto para impedir las manifestaciones contra su gobierno, mientras que, en otras oportunidades, permitieron que se realizaran actos a su favor; como ocurrió, por ejemplo, en Uganda, Rusia, Tailandia, Camboya y Cuba.
A continuación reproducimos íntegramente el capítulo de Cuba en el Informe Mundial 2022 de HRW:
El gobierno cubano continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública. A su vez, los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos sociales y económicos.
En julio, miles de cubanos salieron a las calles para participar en manifestaciones históricas en protesta por las restricciones de larga data a los derechos en el país, la escasez de comida y medicamentos y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19. El gobierno respondió con una represión brutal.
Detenciones arbitrarias y encarcelamientos de corta duración
El gobierno recurre a detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas.
Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un supuesto patrón de conducta delictiva.
Más de 1,000 personas, en su mayoría manifestantes pacíficos o transeúntes, fueron detenidas en las protestas de julio, según informaron organizaciones de derechos cubanas. Los agentes impidieron que las personas protestaran o informaran sobre las protestas, detuvieron a críticos y periodistas mientras se dirigían a manifestaciones o limitaron su posibilidad de salir de sus casas. Muchos estuvieron incomunicados durante días o semanas, fueron arrestados con violencia o golpeados, y recibieron maltratos durante la detención.
La estudiante Gabriela Zequeira Hernández, de 17 años, fue detenida en San Miguel de Padrón, provincia de La Habana, cuando pasaba caminando junto a una manifestación el 11 de julio. Durante la detención, dos agentes mujeres la hicieron sacarse la ropa y hacer sentadillas desnuda cinco veces. Una le dijo que se inspeccionara los genitales con el dedo. Algunos días después, un agente la amenazó con llevarla a ella y otros dos hombres a un área conocida como el “pabellón”, donde los detenidos reciben visitas conyugales. Los agentes la despertaban reiteradamente durante la noche para interrogarla y le preguntaban por qué había protestado y quién la “financiaba”. Algunos días después, un juez la condenó a ocho meses de cárcel por “desorden público”, pero le permitieron cumplir la pena en prisión domiciliaria. Solamente pudo ver a su abogado unos pocos minutos antes de la audiencia.
En octubre de 2021, las autoridades cubanas señalaron que una manifestación que estaba organizando un grupo de artistas y disidentes para el 27 de noviembre era “ilegal”. Más tarde ese mes, la Fiscalía General de la República difundió una declaración en la cual “advertía” a las personas que podrían ser objeto de acciones penales si “persistían” en llevar a cabo una manifestación el 27 de noviembre.
Los funcionarios cubanos también han detenido de manera sistemática a periodistas independientes y artistas. Entre las víctimas hay miembros de coaliciones de artistas independientes, conocidas como los movimientos “San Isidro”, “27N” y “Archipiélago”, así como partícipes de la canción viral “Patria y Vida”, que reformula el antiguo lema del gobierno cubano “Patria o Muerte” y critica la represión en el país.
En muchos casos, policías y agentes de inteligencia se presentaron en las viviendas de críticos y les ordenaron permanecer allí, a veces por días o semanas, en condiciones que constituyen una privación arbitraria de la libertad.
Los agentes se han valido reiteradamente de reglamentaciones diseñadas para prevenir la propagación del Covid-19 con el fin de hostigar y encarcelar a críticos del gobierno.
Libertad de expresión
El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba y restringe el acceso a información proveniente del extranjero.
En febrero y agosto de 2021, el gobierno cubano amplió el número de actividades económicas privadas permitidas, pero el periodismo independiente sigue estando prohibido.
Los periodistas, blogueros, influencers en redes sociales, artistas y académicos que publican información que se considera crítica del gobierno suelen ser víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar, cortes de internet, acoso en línea, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias. Es común que se los mantenga incomunicados durante las detenciones.
En 2017, Cuba anunció que extendería progresivamente los servicios domiciliarios de internet. En 2019, se adoptaron nuevas reglamentaciones que permiten la importación de routers y de otros equipos, así como la creación de redes de internet privadas por cable y wifi en viviendas y empresas.
El mayor acceso a internet ha permitido que muchos puedan comunicarse, informar sobre abusos y organizar protestas de modos que eran prácticamente imposibles hace pocos años. Algunos periodistas y blogueros logran publicar artículos, videos y noticias en páginas web y redes sociales como Twitter y Facebook. Sin embargo, debido al costo elevado y el acceso limitado a internet, apenas una pequeña parte de la población cubana puede leer sitios web de noticias y blogs independientes.
El gobierno frecuentemente bloquea el acceso a muchos sitios web y blogs dentro de Cuba, y en muchas oportunidades ha impuesto restricciones específicas al acceso a datos de telefonía celular por parte de críticos. El 11 de julio de 2021, cuando empezaron las protestas, varias organizaciones denunciaron cortes de internet de alcance nacional, seguidas de conectividad intermitente, incluidas restricciones a redes sociales y plataformas de mensajería.
El 17 de agosto, el gobierno publicó el Decreto Ley 35/2021, que regula el uso de las telecomunicaciones. El decreto, que establece como finalidad la “defensa” de la revolución cubana, exige que los proveedores interrumpan, suspendan o cancelen los servicios cuando un usuario publique información que sea “falsa” o que afecte la “moralidad pública” y el “respeto al orden público”.
Una resolución sobre “ciberseguridad” que complementa al Decreto Ley 35 contiene disposiciones sumamente amplias que califican a expresiones protegidas por la libertad de expresión —incluidas las publicaciones que “inciten a movilizaciones” o pretendan “promover la indisciplina social” y la “difamación con impacto en el prestigio del país”— como “incidentes de ciberseguridad” que las autoridades deben “prevenir” y “erradicar”.
El Decreto Ley 370/2018 sigue prohibiendo la difusión de información “contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. Las autoridades lo han utilizado para interrogar y multar a periodistas y críticos, y para confiscar sus materiales de trabajo.
Presos políticos
Prisoners Defenders, una organización de derechos con sede en Madrid, informó que, hasta septiembre, en Cuba había 251 personas detenidas que cumplían con la definición de presos políticos, y otras 38 que estaban detenidas por sus creencias políticas. También reportó que otras 92 personas habían sido condenadas por sus creencias políticas y cumplían arresto domiciliario o se encontraban en libertad condicional.
Los cubanos que critican al gobierno se exponen a ser perseguidos penalmente. No se les brinda un debido proceso, como el derecho a ser oídos en audiencias públicas y las correspondientes garantías de un tribunal competente, independiente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al poder ejecutivo.
Muchas personas que protestaron de manera pacífica en julio fueron condenadas en procesos penales “sumarios” sin garantías básicas de debido proceso, incluido el derecho de representación legal. A menudo, los manifestantes fueron juzgados por delitos sumamente imprecisos, como “desorden público” y “desacato”. En agosto, las autoridades indicaron que se había condenado a 66 personas en relación con las protestas; la mayoría no tuvo asistencia de un abogado. Algunas fueron absueltas en la instancia de apelación.
En algunos casos, las autoridades pidieron o impusieron penas de prisión desproporcionadas para los manifestantes, a quienes acusaron de participar en actos de violencia, que a menudo consistían en arrojar piedras durante las protestas.
El 11 de julio, los agentes detuvieron a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, el principal partido opositor, mientras se dirigía a una manifestación. El 17 de julio, un fiscal dispuso su prisión preventiva y lo acusó del delito de “desorden público” por haber “decidido sumarse” a las manifestaciones. En abril de 2020, Ferrer había sido condenado de forma arbitraria a cuatro años y medio de “limitaciones a la libertad” por supuestas “lesiones”. El 14 de agosto de 2021, un tribunal de Santiago de Cuba le exigió cumplir 4 años y 14 días de cárcel, luego de determinar que Ferrer no había llevado a cabo un “estricto cumplimiento de las leyes” y no tenía “una actitud honesta hacia el trabajo”, dos condiciones que la ley exige a las personas sujetas a “limitaciones a la libertad”.
Al momento de preparación de este informe, varios artistas, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo, quienes participaron en el video de la canción “Patria y Vida”, seguían en prisión provisional y enfrentaban procesos penales arbitrarios.
Restricciones a la posibilidad de viajar
Desde que se llevaron a cabo reformas en 2013, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado el permiso para viajar a Cuba o desde el país han podido hacerlo, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros. Sin embargo, las reformas otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir los viajes por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”. Las autoridades siguen negando selectivamente la salida a disidentes.
En marzo de 2021, las autoridades cubanas negaron a la periodista cubana Karla Pérez, que estudiaba en Costa Rica, la posibilidad de regresar al país. Un trabajador de la aerolínea en la que viajaba le informó durante una escala en la Ciudad de Panamá que el gobierno cubano no permitía que ingresara al país. Pérez volvió a Costa Rica, donde le otorgaron el estatus de refugiada.
Condiciones en centros de detención
Las prisiones del país en general están hacinadas. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los detenidos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al gobierno, inician huelgas de hambre o recurren a otras formas de protesta a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante períodos extensos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica.
El gobierno sigue sin permitir que organizaciones de derechos humanos internacionales y organizaciones cubanas independientes accedan a sus cárceles.
En abril de 2020, con el fin de reducir el riesgo de que el virus de Covid-19 se propagara en las cárceles, el gobierno suspendió las visitas familiares. Esto, agravado por el hecho de que las autoridades no permitieron que los detenidos llamaran a sus familias, hizo que muchos de los arrestados en las manifestaciones quedaran incomunicados durante días y, en algunos casos, incluso semanas.
Derechos laborales
Aunque Cuba actualizó su Código de Trabajo en 2014, el país viola los estándares de la Organización Internacional del Trabajo en materia de libertad de asociación y negociación colectiva. Si bien la legislación cubana autoriza la formación de sindicatos independientes, en la práctica el gobierno solo permite que funcione una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba.
Cuba envía a decenas de miles de trabajadores de la salud al extranjero todos los años para abordar crisis de corto plazo y desastres naturales. Los trabajadores ofrecen valiosos servicios a muchas comunidades, pero lo hacen bajo normas cubanas que violan sus derechos, como el derecho a la privacidad, a la libertad, a la circulación y a la libertad de expresión y de asociación. En 2020, Cuba envió a alrededor de 4.000 médicos para que ayudaran a casi 40 países a responder a la pandemia de Covid-19, que se sumaron a los aproximadamente 28.000 trabajadores de la salud cubanos que ya había enviado al extranjero.
Defensores de derechos humanos
El gobierno no reconoce el trabajo en derechos humanos como una actividad legítima, y niega estatus legal a las organizaciones locales que desempeñan esa tarea. Las autoridades hostigan, agreden y encarcelen a defensores de derechos humanos que intentan documentar abusos.
En agosto, dos agentes se presentaron en la vivienda en La Habana de la madre de la activista de derechos humanos Laritza Diversent, que vive en Estados Unidos, y amenazaron con procesar penalmente a Diversent y pedir su extradición a Cuba. Diversent dirige Cubalex, una de las principales organizaciones de derechos humanos que ha documentado abusos contra personas que participaron de las protestas en julio.
Orientación sexual e identidad de género
La constitución de 2019 prohíbe expresamente la discriminación sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, muchas personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) sufren violencia y discriminación, en especial en el interior de Cuba.
Las primeras versiones del texto constitucional que se aprobó en febrero de 2019 redefinían al matrimonio para incluir a las parejas del mismo sexo, pero el gobierno retiró esa propuesta ante una serie de protestas públicas. El gobierno dijo que presentaría una reforma al Código de Familia, que rige el matrimonio, para que fuera estudiada en el Congreso y que luego realizaría un referéndum. En septiembre de 2021, el gobierno difundió el texto preliminar de la reforma, que incluyó una definición del matrimonio neutra en cuanto al género. La reforma no se había aprobado al momento de redacción de este documento.
Derechos sexuales y reproductivos
Cuba despenalizó el aborto en 1965 y sigue siendo uno de los pocos países latinoamericanos con una política de este tipo. El procedimiento se ofrece sin cargo en los hospitales públicos.
Actores internacionales clave
El embargo de Estados Unidos le sigue brindando una excusa al gobierno cubano para los problemas del país, un pretexto para los abusos que comete y una forma de lograr, en el exterior, la simpatía de gobiernos que normalmente habrían estado dispuestos a condenar, de manera más contundente, las prácticas represivas en el país.
En junio de 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó el embargo por una mayoría abrumadora de votos, por 29.º año consecutivo. La resolución recibió el apoyo de 184 países; EE. UU. e Israel se opusieron y Brasil, Colombia y Ucrania se abstuvieron.
Durante la presidencia de Donald Trump, el gobierno de EE. UU. limitó la posibilidad de las personas de enviar remesas a Cuba desde EE.UU. y aplicó nuevas restricciones a los viajes a la isla, al prohibir las escalas de cruceros, los viajes educativos y la mayoría de los vuelos. En enero de 2021, el gobierno de Trump designó a Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo, al sostener que se había negado a extraditar a Colombia a miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que habían viajado a La Habana para participar en conversaciones de paz con el gobierno colombiano.
En julio de 2021, la administración del presidente de EE. UU. Joe Biden condenó los abusos del gobierno cubano contra manifestantes e impuso sanciones específicas contra varios funcionarios con nexos creíbles con la represión. Sin embargo, hasta septiembre, EE. UU. No había dado pasos importantes para abandonar la política general de aislamiento que se afianzó durante el período Trump y que no ha servido para mejorar la situación de derechos humanos en Cuba.
En febrero, la Unión Europea mantuvo un diálogo de derechos humanos con Cuba. El alto representante de la UE Josep Borrell expresó en julio que las manifestaciones en Cuba “refleja[ban] reclamos legítimos”. Borrel expresó su preocupación por la represión por parte del gobierno y exhortó a Cuba a liberar a todos los manifestantes detenidos arbitrariamente. El Parlamento Europeo adoptó resoluciones en repudio a las violaciones de derechos humanos en Cuba en junio y septiembre.
La legislatura lituana votó en julio contra la ratificación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba de la UE, que se firmó en 2016 pero nunca se ratificó, debido a su preocupación por los problemas de derechos humanos en el país.
Desde que fue elegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2020 —su quinto mandato en los últimos 15 años—, Cuba se ha opuesto a resoluciones que denuncian violaciones de derechos humanos en Eritrea, Etiopía, Siria y Nicaragua, entre otros países.
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Amnistía Internacional intercede por el sacerdote yoruba y preso político cubano Loreto Hernández
"Mi esposo está muriendo en prisión", dijo Donaida Pérez Paseiro en una carta que Amnistía Internacional publicó de manera íntegra.
Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado a las autoridades cubanas para que liberen de inmediato al sacerdote yoruba y preso político cubano Loreto Hernández García, quien se encuentra en un delicado estado de salud en una cárcel en la provincia de Villa Clara.
"La salud de Loreto Hernández García sigue en declive informa su familia. A pesar de las recomendaciones médicas para su liberación inmediata, las autoridades cubanas lo mantienen encarcelado poniendo en riesgo su vida. Loreto sigue sin recibir medicación y alimentación adecuada", dijo la organización en su cuenta en X.
Hernández y su esposa Donaida Pérez Paseiro fueron detenidos en Placetas, Villa Clara, a raíz de las protestas del 11 de julio de 2021. En ese momento ambos presidían la Asociación "Yorubas Libres de Cuba". A él lo condenaron a siete años de cárcel y a ella a ocho.
Pérez hizo un llamado en una carta que compartió la organización internacional en la que ofrece detalles sobre la salud de su esposo, quien padece de polineuropatía diabética, hipertensión y cardiopatía isquémica.
"Mi esposo está muriendo en prisión", dijo la mujer.
El caso de ambos, declarados presos de conciencia por AI, ha sido denunciado como una violación de la libertad religiosa en varios informes del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) y por organizaciones como el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas y Solidaridad Cristiana Internacional (CSW, por sus siglas en inglés).
Naciones Unidas también ha expresado preocupación por los abusos cometidos contra ellos y otros líderes religiosos de la isla.
Esta semana el opositor Jorge Luis García Pérez (Antúnez), hermano de Loreto, informó a Martí Noticias de la situación.
"La dictadura lo sabe y lejos de otorgar la licencia extrapenal que una vez le aprobó, la comisión médica dilata su excarcelación", comentó.
En el contexto del tercer aniversario de las históricas manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, Amnistía Internacional instó a las autoridades cubanas a liberar a todas las personas injustamente encarceladas por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
En su declaració mencionó a varios de los presos de conciencia que cumplen condenas en las cárceles cubanas, entre ellos José Daniel Ferrer García, líder de Unión Patriótica de Cuba (UNPACU); los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo; y los sacerdotes yorubas Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro.
"En Cuba no estamos olvidados": Berta Soler cuenta detalles de su detención
Berta Soler, líder del movimiento opositor cubano Damas de Blanco, fue liberada en la mañana de este miércoles tras casi tres días detenida en unidades policiales de La Habana sin que su familia tuviera noticias suyas.
Berta Soler, líder del movimiento opositor cubano Damas de Blanco, fue liberada en la mañana de este miércoles tras casi tres días detenida en unidades policiales de La Habana.
La opositora, con una regulación que le impide salir del país, dijo a Martí Noticias que los oficiales le ofrecieron tramitar su pasaporte a cambio de que no saliera los domingos a las calles a exigir la liberación de los presos políticos en Cuba.
“Un represor que es teniente coronel, conocido como Felo, me propuso tramitar mi pasaporte, pero con la condición de que suspendieramos nuestras actividades de los domingos”, relató.
“Le dije que no, que no hago ningún trato ni negocio con mi verdugo”, agregó.
Soler explicó que durante su arresto había turbas paramilitares con pancartas que intentaban bloquear la visibilidad de las cámaras de seguridad de la casa con la que graban las violaciones durante los arrestos.
“Mi arresto siempre es pidiendo libertad para los presos políticos y grito ‘¡Abajo Díaz-Canel!’ y ‘¡Libertad para el pueblo de Cuba!’”, detalló.
La activista relató que cuando llegó a la unidad de policía Aguilera, la intentaron someter a un chequeo médico al que, como en otras ocasiones, se negó. Posteriormente la trasladaron a la unidad de policía de El Cotorro donde fue puesta en una celda “semioscura” y sin condiciones mínimas de higiene.
“Pedí un cubo de agua para echarle al baño y se negaron por órdenes de una represora del departamento de Seguridad del Estado”.
Soler permaneció detenida en la unidad de El Cotorro hasta el martes 24 de septiembre a las 10 de la noche, cuando la llevaron nuevamente a la unidad de Aguilera. Allí compartió espacio con detenidos comunes hasta su liberación el miércoles 25 de septiembre a las 7:45 de la mañana sin que se le ofreciera ninguna explicación oficial sobre los motivos de su arresto.
Desde el domingo y hasta su liberación su esposo Ángel Moya desconocía el paradero de Soler. A su reclamo se unieron varias organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.
Legisladores de Estados Unidos también pidieron la liberación de la líder opositora, entre ellos el senador cubanoamericano Marco Rubio y el congresista Mario Díaz-Balart, quien calificó el hostigamiento contra la líder de las Damas de Blanco como inaceptable.
"Estoy muy agradecida”, dijo Soler sobre las muestras de apoyo. “No estamos olvidados en Cuba. La lucha continúa, vamos a continuar. No nos vamos a detener. ¡Libertad para los presos políticos, vivan los derechos humanos!”, agregó.
El movimiento opositor Damas de Blanco surgió en 2003 a raíz de la detención de 75 cubanos condenados a elevadas penas de cárcel durante la ola represiva de arrestos contra la disidencia pacífica, conocida como la "Primavera Negra".
La organización, cuyos miembros han sufrido todo tipo de atropellos, defiende y promueve la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Cuba y exige la liberación de los presos políticos. En 2005 las Damas de Blanco ganaron el prestigioso premio europeo Andréi Sájarov, "por su dignidad, coraje y lucha pacífica".
Berta Soler liberada tras reclamos de Amnistía Internacional
Al llamado de Amnistía Internacional a la libertad de Berta Soler se unieron las voces del senador Marco Rubio y el congresista Mario Díaz-Balart.
Amnistía Internacional condenó la detención arbitraria en La Habana de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, cuando se disponía a iniciar la protesta que cada domingo desarrollan las activistas para exigir la libertad de los presos políticos.
Soler fue liberada a la mañana del miércoles tras casi 72 horas detenida, pero permanecía incomunicada, dijo a Martí Noticias la Dama de Blanco Cristina Labrada. La activista refirió que las autoridades confiscaron el teléfono a la líder del movimiento opositor.
"¿Miguel Díaz-Canel, dónde está Berta Soler?", reclamó en redes sociales la organización civilista, con la etiqueta #CubaSinRepresión.
A pesar de la represión liderada por el gobierno de Díaz-Canel, "las Damas de Blanco siguen su activismo. Su resiliencia es inquebrantable", subrayó Amnistía.
“Soler ha sido por dos décadas un ejemplo de lucha, de resistencia por la defensa de derechos, por la defensa de los derechos de las personas presas en Cuba”, dijo a Martí Noticias Johana Cilano, investigadora de la organización mundial para el Caribe.
“Nos alarman las denuncias de organizaciones de la sociedad civil cubana, y de su familia, de desaparición forzada, porque por más de 48 horas su esposo no ha tenido noticias sobre el paradero de Berta”, señaló Cilano.
Soler fue arrestada por mujeres vestidas de civil, presuntamente pertenecientes a la Seguridad del Estado, al mediodía de este domingo al salir de la sede del grupo en Lawton, La Habana, denunció su esposo, el ex prisionero político Ángel Moya:
“La trasladaron hacia un lugar desconocido. Yo llamé al número 106 y la oficial de la policía que me atendió me respondió que Berta Soler no aparecía en el registro de detenciones de la policía. Por tanto, se confirma que Berta Soler está desaparecida”.
En ocasiones previas, las aprehensiones de Soler, en las que también ha sido apresado Moya, se han extendido durante unas horas en unidades policiales de la capital cubana.
Recientemente, oficiales del Ministerio del Interior (MININT) ofrecieron a Soler suspender la orden de restricción que tiene de viajar al extranjero si deja el activismo, a la vez le advirtieron que, de no hacerlo, la procesarán penalmente.
Otras integrantes del movimiento también han resultado detenidas los domingos, desde que en enero de 2022 retomaron las marchas de los domingos luego de una pausa impuesta por la pandemia.
“Desde Amnistía Internacional pedimos la liberación inmediata de Berta y exigimos el cese de la represión contra la defensa de los derechos humanos en Cuba”, recalcó Cilano.
Por su parte, el senador cubanoamericano Marco Rubio declaró en redes sociales que el régimen castrista debe cesar su política de acoso a las Damas de Blanco, y también preguntó "¿Dónde está Berta Soler?"
"¡No más persecución contra las Damas de Blanco. #SOSCuba", escribió Rubio en redes sociales.
Del mismo modo reaccionó el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart, quien manifestó estar “profundamente preocupado” por la situación de la activista y criticó el acoso del régimen contra ella.
“Los perpetradores de los abusos en Cuba deben rendir cuentas”, afirmó Díaz-Balart en la plataforma X.
La Fundación Nacional Cubano Americana, FNCA, condenó enérgicamente el arresto de Soler y destacó que ha estado detenida por más de 48 horas.
"Esta detención marca el domingo número 97 de arrestos contra las Damas de Blanco, un grupo que ha abogado incansablemente por la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos en Cuba", precisó la FNCA.
Agregó que el activismo de Soler "es un faro de esperanza para muchos, y su encarcelamiento injusto es un ataque directo a la libertad de expresión y de reunión".
Las Damas de Blanco surgieron en 2003 a raíz de la detención de 75 disidentes y periodistas independientes que fueron condenados a elevadas penas de cárcel durante la ola represiva conocida como la "Primavera Negra".
Empeora la salud del preso político cubano y sacerdote yoruba Loreto Hernández García
La salud del preso político cubano y sacerdote yoruba Loreto Hernández García, quien cumple una condena de siete años por su participación en las protestas del 11J, es "extremadamente crítica", dijo su hermano.
La salud del preso político cubano y sacerdote yoruba Loreto Hernández García es "extremadamente crítica", dijo a Martí Noticias su hermano Jorge Luis García Pérez, conocido como Antúnez.
Loreto cumple una condena de siete años de cárcel en la Prisión de Hombres de Guamajal, en Villa Clara, por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.
Sus padecimientos, polineuropatía diabética, hipertensión y cardiopatía isquémica, "están dando al traste con su vida" debido a que no recibe los medicamentos que necesita ni la alimentación adecuada para su condición médica, comentó el opositor, exiliado en Estados Unidos.
"La dictadura lo sabe y lejos de otorgar la licencia extrapenal que una vez le aprobó, la comisión médica dilata su excarcelación", precisó.
Hernández García fue arrestado junto a su esposa Donaida Pérez Paseiro (condenada a ocho años), en Placetas, Villa Clara, a raíz de las protestas del 11J. En ese momento ambos presidían la Asociación "Yorubas Libres de Cuba".
"Sobre ellos pesa una política represiva de carácter racista y anti religiosa", dijo Antúnez.
El caso de Hernández García y Pérez Paseiro ha sido denunciado como una violación de la libertad religiosa en Cuba en varios informes del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) y por organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas y Solidaridad Cristiana Internacional (CSW, por sus siglas en inglés).
La USCIRF publicó un informe a inicios de este mes sobre las violaciones de la libertad religiosa por parte de La Habana en lo que va de año.
“El gobierno utiliza su marco legal represivo para controlar estrictamente las asociaciones religiosas", mientras “hostiga a los fieles y sigue maltratando a los presos de conciencia religiosos”, indicó en el documento la organización independiente creada por el Congreso de Estados Unidos en 1998.
Entre los casos que cita está el de Loreto y su esposa, declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.
(Con reporte de Ivette Pachecho para Martí Noticias)
Denuncian dos muertes por negligencia médica en cárceles cubanas en agosto
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas monitoreó en agosto 103 eventos relacionados con violaciones de derechos humanos en las cárceles de la isla, dos de ellos tuvieron un desenlace fatal.
La indolencia de las autoridades penitenciarias para proporcionar una adecuada atención médica a los reclusos, así como la deficiente alimentación desprovista de valores nutritivos constituyen para los reclusos un castigo más pesado que el propio encierro. Al menos dos reclusos murieron por negligencia médica.
El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, que monitoreó en agosto 103 eventos relacionados con violaciones de derechos humanos, aseguró que 63 de ellos corresponden a negación de asistencia médica y alimentación deficitaria.
“Además de los casos específicos de personas que se enfermaron, o que se le han agravado sus padecimientos en prisión por las deficientes condiciones en estos lugares, también registramos la ocurrencia de enfermedades colectivas que afectaron a toda la población penal, como el dengue, tuberculosis, varicela y otras que ni siquiera han sido correctamente diagnosticadas y que provocan síntomas comunes como fiebre, vómitos, dolores de cabeza, desmayo”, explicó, en conversación con Martí Noticias, Raúl Enrique Medina, Responsable de prensa de la entidad que tiene su sede principal en México.
El informe indica que las muertes en agosto de los reclusos Luis Franklin Ruiz en la cárcel Kilo 7, de Camagüey, y Mario Benítez en la Prisión 1580, de La Habana, estuvieron asociadas a atención médica negligente”.
Medina agregó que la situación de la alimentación sigue siendo crítica. “Se evidencia, en raciones por debajo de la norma, mala calidad en la elaboración de los alimentos, robo de alimentos que los familiares llevan a las prisiones para paliar esta situación y las autoridades u otros reclusos se los han robado impunemente y es frecuente que se sirvan alimentos descompuestos o que no son de consumo habitual para la cultura culinaria cubana”.
La organización también refiere en su informe mensual que “son recurrentes las amenazas y castigos” del personal carcelario a reclusos cuando estos denuncian los atropellos de que son víctimas por parte de los funcionarios y exigen que se respeten sus derechos.
“Los eventos que monitoreamos durante agosto y que incluimos en nuestro más reciente informe sobre las condiciones en prisión, ocurrieron en más de 30 centros penitenciarios de 13 provincias del país, además de la isla de la Juventud. Esto nos puede indicar que las violaciones de derechos de las personas privadas de libertad en Cuba no son aisladas, sino que están extendidas por todo el sistema penitenciario a lo largo del país”, afirmó Medina.
“Es importante destacar que el resultado de nuestros informes es un subregistro del total de violaciones que deben ocurrir en las prisiones cubanas. Es apenas un resumen de lo que podemos monitorear durante el mes. Lamentablemente la realidad es mucho peor que lo que podemos mostrar en nuestros informes y evidencian cada mes que el Estado cubano incumple con las Reglas Nelson Mandela para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las Naciones Unidas y otras normativas”, resaltó el especialista del Centro de Documentación.
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