Cuba
La represión del régimen y la crisis económica impactan los derechos básicos de los cubanos
La organización internacional Human Rights Watch presentó este jueves su Informe Mundial 2023, que contiene un análisis anual sobre los derechos humanos en el mundo.
"La conclusión evidente que puede extraerse del repertorio de crisis de derechos humanos que se dieron durante 2022 —desde los ataques deliberados del presidente ruso Vladimir Putin contra civiles en Ucrania, la prisión al aire libre que impuso Xi Jinping a los uigures en China hasta el riesgo de hambruna al que los talibanes han expuesto a millones de afganos— es que un poder autoritario irrestricto va dejando tras de sí una marea de sufrimiento humano. Sin embargo, 2022 también reveló un desplazamiento fundamental del poder en el mundo, que allana el camino para que todos los gobiernos preocupados por esta situación puedan actuar contra los abusos protegiendo y fortaleciendo el sistema global de derechos humanos, en especial, cuando las medidas que toman las principales potencias son escasas o problemáticas", declaró Tirana Hassan, la Directora Ejecutiva en Funciones de HRW, en la introducción al informe.
A continuación reproducimos íntegramente el apartado de Cuba:
El gobierno continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública, y los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que impacta en sus derechos básicos.
Las autoridades respondieron con represión y censura brutales y sistemáticas cuando miles de cubanos salieron a las calles en julio de 2021 en protesta por las violaciones de derechos humanos que ocurren en la isla hace décadas, la escasez de comida y medicamentos, y la respuesta del gobierno ante la pandemia de Covid-19. Los juicios de cientos de esos manifestantes en 2022 a menudo violaron las garantías básicas de debido proceso y dieron lugar a penas de prisión desproporcionadas.
Las manifestaciones continuaron en todo el país durante 2022, como consecuencia de los apagones, la escasez de comida y medicamentos y el deterioro de las condiciones de vida.
La represión que lleva a cabo el gobierno, así como su evidente falta de predisposición para abordar las causas subyacentes que llevaron a la gente a las calles, forzaron a miles de cubanos a abandonar el país en números sin precedentes.
Estados Unidos continuó con su fallida política de aislamiento hacia Cuba, incluyendo el embargo.
Detenciones y acusaciones arbitrarias
El gobierno continuó llevando a cabo detenciones arbitrarias para hostigar e intimidar a críticos, activistas independientes, opositores políticos y otras personas.
Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de críticos. Los agentes han impedido que las personas asistan a las protestas arrestando a críticos y periodistas que se dirigían allí o impidiéndoles salir de sus viviendas.
El 11 de julio de 2021, miles de personas salieron a las calles durante las manifestaciones más multitudinarias contra el gobierno que se registraron en todo el país desde la revolución cubana. Uno de los manifestantes —el cantante Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años— habría muerto como resultado del accionar de la policía.
Organizaciones cubanas de defensa de derechos humanos contabilizaron más de 1.500 personas detenidas, la mayoría de ellas manifestantes pacíficos o transeúntes; hasta octubre de 2022, permanecían encarcelados más de 660 detenidos. Muchos estuvieron incomunicados en la detención. Algunos fueron sometidos a maltratos y, en ciertos casos, torturas.
El gobierno reconoció la condena de más de 380 personas detenidas en el contexto de las protestas, incluidos varios niños y niñas, por una variedad de delitos contra el orden público. Muchos fueron procesados en juicios sumarios por cargos vagos e imprecisos, como “desorden público” o “desacato”. A otros se les imputó el delito de “sedición” en juicios ordinarios —en relación con hechos de violencia, como arrojar piedras— y recibieron penas desproporcionadas de hasta 25 años de prisión. Algunos juicios fueron llevados a cabo en tribunales militares, lo cual viola el derecho internacional.
La fiscalía presentó como conductas delictivas acciones que constituyen un ejercicio legítimo de la libertad de expresión y asociación, tales como protestar pacíficamente, proferir insultos contra el presidente o la policía o cantar canciones críticas del gobierno. Además, los fiscales utilizaron pruebas poco confiables y sin corroborar, tales como declaraciones tomadas únicamente a miembros de las fuerzas de seguridad o supuestas “huellas de olor” de los acusados, y los tribunales emitieron condenas en base a estas cuestionables evidencias.
Algunas de las víctimas y sus familiares, luego de ser blanco de reiterados actos de hostigamiento por parte de la policía, se fueron de Cuba.
Migración
La cantidad de cubanos que abandonan el país aumentó marcadamente en 2022, y superó los máximos históricos de las décadas de 1980 y 1990.
La Patrulla Fronteriza de EE. UU. aprehendió a más de 203.000 ciudadanos cubanos entre enero y septiembre de 2022. Esto representa un aumento drástico en comparación con los 33.000 cubanos aprehendidos en el mismo período de 2021. La Guardia Costera de EE. UU. interceptó a más de 6.182 cubanos en el mar entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, por lejos la cifra más alta en cinco años.
Los cubanos que se dirigieron a Estados Unidos enfrentaron abusos por parte de grupos criminales y fuerzas de seguridad a lo largo del trayecto, particularmente en el Tapón del Darién —en la frontera entre Colombia y Panamá— y en la frontera sur de México.
Muchos cubanos viajan a través de Nicaragua, que a fines de 2021 eximió el requisito de visado para nacionales de Cuba.
Restricciones a la posibilidad de viajar
Desde que se implementaron reformas en 2013, muchas personas a quienes anteriormente se les había negado el permiso para viajar a Cuba o desde el país han podido hacerlo, incluidos defensores de derechos humanos y blogueros. Sin embargo, las reformas otorgaron al gobierno amplias facultades discrecionales para restringir los viajes por motivos de “defensa y seguridad nacional” u “otras razones de interés público”. Las autoridades niegan selectivamente a los disidentes la salida o el regreso al país.
El 16 de febrero de 2022, las autoridades cubanas negaron el ingreso a Anamely Ramos, curadora de arte y activista cubana. Ramos se encontraba en Estados Unidos por motivos personales cuando decidió regresar a Cuba. Personal de la aerolínea le informó en Miami que el gobierno cubano le negaba el ingreso. Aún continúa en Estados Unidos.
Derechos económicos, sociales y culturales
La crisis económica de Cuba, que se profundizó durante la pandemia de Covid-19, afecta gravemente la posibilidad de las personas de ejercer derechos económicos y sociales, e incluye apagones del servicio eléctrico y la grave escasez de comida, medicamentos y otros productos básicos.
En enero de 2022, las autoridades reconocieron que los faltantes de medicamentos habían empeorado y los atribuyeron al embargo impuesto por Estados Unidos. El presidente del grupo estatal de la industria farmacéutica señaló que 88 de los 262 de mayor prioridad estaban “en falta”.
En mayo, las autoridades manifestaron que el servicio eléctrico del país estaba en una “situación compleja” que “paraliza a una importante parte de la economía”. Hubo apagones en partes de Cuba durante 29 de los 31 días de julio, según información oficial revisada por la agencia de noticias EFE.
En agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que los cubanos estaban sufriendo un “colapso del sistema público de salud” y un “aumento generalizado de la pobreza y la desigualdad”.
Presos políticos
Prisoners Defenders, una organización con sede en Madrid, informó que, hasta septiembre, en Cuba había 1.020 personas detenidas que cumplían con la definición de presos políticos. Entre estas se incluían 235 personas que se encontraban bajo arresto domiciliario o en libertad condicional.
Los cubanos que critican al gobierno se enfrentan al grave riesgo de ser perseguidos penalmente. No se les garantiza el debido proceso ni un juicio justo ante un tribunal competente, independiente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al poder ejecutivo.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, el principal partido opositor, permanecía preso al mes de octubre. En abril de 2020, un tribunal de Santiago de Cuba lo condenó a cuatro años y medio de “restricciones a las libertades” por presunta “agresión”. En julio de 2021, fue detenido por policías mientras se dirigía a una manifestación. Fue acusado de “desorden público” debido a que “decidió unirse” a las manifestaciones y fue enviado a prisión preventiva. Un tribunal de Santiago de Cuba decidió en agosto de 2021 que Ferrer no había cumplido con las “restricciones a las libertades” y lo sentenció a cumplir una pena de prisión.
En junio de 2022, un tribunal de La Habana condenó a los activistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez, quienes interpretaron en 2021 el video musical de “Patria y vida”, que reformula el viejo lema del gobierno “patria o muerte” y critica la represión en el país. Se los procesó por ejercer su libertad de expresión, entre otras cosas, al publicar un meme del presidente Díaz-Canel, y recibieron condenas de cinco y nueve años de prisión, respectivamente.
Condiciones en centros de detención
Las prisiones del país en general están hacinadas. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los detenidos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al gobierno o inician huelgas de hambre a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante períodos extensos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica.
El gobierno sigue sin permitir que organizaciones de derechos humanos internacionales y cubanas accedan a las cárceles.
En abril de 2020, con el objeto de reducir los riesgos asociados con el Covid-19, las autoridades suspendieron las visitas de familiares. Esto, sumado a la negativa a permitir que los detenidos llamen a sus familias, hizo que muchas personas quedaran incomunicadas durante días y, a veces, semanas.
En junio de 2022, las organizaciones no gubernamentales 11J y Cubalex —basándose en hallazgos de condiciones sanitarias deficientes, falta de alimentos y atención médica y condiciones degradantes— lanzaron la campaña “Miren las prisiones de Cuba” a fin de presionar a las autoridades para que autoricen las visitas de organizaciones internacionales y de expertos de las Naciones Unidas.
Libertad de expresión
El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación de Cuba, restringe el acceso a información proveniente del extranjero y censura habitualmente a críticos y periodistas independientes.
En febrero y agosto de 2021, las autoridades ampliaron la cantidad de actividades económicas privadas permitidas, pero el periodismo independiente continuó estando prohibido.
Periodistas, blogueros, influencers en redes sociales, artistas y académicos que publican información que se considera crítica de las autoridades suelen ser víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar, cortes de Internet, allanamientos en sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias.
A partir de 2019, las autoridades permitieron la importación de enrutadores y de otros equipos, así como la conexión de redes de Internet privadas por cable y wifi en viviendas y empresas. El mayor acceso a Internet permitió que los activistas pudieran comunicarse, denunciar abusos y organizar protestas. Algunos periodistas y blogueros publican artículos, videos y noticias en páginas web y redes sociales, como Twitter y Facebook. Sin embargo, el costo elevado y el acceso limitado impiden que la mayoría de los cubanos puedan leer noticias independientes.
Las autoridades suelen bloquear el acceso a muchas páginas web de noticias dentro de Cuba y han impuesto en repetidas ocasiones restricciones individuales y, por momentos, generalizadas al acceso de los críticos a los datos de telefonía móvil. Cuando las protestas comenzaron el 11 de julio de 2021, diversas organizaciones especializadas indicaron que hubo interrupciones del servicio de Internet en todo el país, seguidas por conectividad intermitente, incluidas restricciones a las redes sociales y las plataformas de mensajería.
En agosto de 2021, las autoridades publicaron el Decreto Ley 35, que regula el uso de las telecomunicaciones y restringe gravemente la libertad de expresión en Internet.
En mayo de 2022, la Asamblea Nacional aprobó un código penal que, entre muchas restricciones imprecisas, incluye una disposición que sanciona con hasta 10 años de cárcel a quien provea, reciba o tenga en su poder fondos “con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”. Ese lenguaje amplio allana el camino para que se impulsen procesos penales que socavarían el derecho de los cubanos a movilizarse y cuestionar de manera pacífica los abusos del gobierno.
Las autoridades continúan utilizando el Decreto-Ley 370/2018, que prohíbe la difusión de información “contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad” de las personas, para interrogar y multar a periodistas y críticos, y confiscar sus materiales.
Derechos laborales
Cuba ratificó tratados de la Organización Internacional del Trabajo que protegen los derechos de los trabajadores a la libertad de asociación y la negociación colectiva, pero el Código de Trabajo cubano —actualizado en 2014— viola esos derechos. Si bien Cuba permite la formación de sindicatos independientes, en la práctica las autoridades sólo autorizan una confederación de sindicatos controlados por el Estado, la Central de Trabajadores de Cuba.
Miles de trabajadores de la salud cubanos enviados al extranjero prestan valiosos servicios, incluso para afrontar la pandemia de Covid-19. Sin embargo, el gobierno les impuso normas que violan sus derechos fundamentales, como el derecho a la privacidad, la libertad, la circulación y la libertad de expresión y asociación.
Defensores de derechos humanos
Al rehusarse a reconocer el trabajo en derechos humanos como una actividad legítima, el gobierno niega estatus legal a las organizaciones cubanas que desempeñan esa tarea. Ha sido habitual que las autoridades hostiguen, agredan y encarcelen a defensores de derechos humanos que documentan abusos.
En mayo, el Comité contra la Tortura de la ONU instó a Cuba a adoptar medidas para prevenir o detener las detenciones arbitrarias, el hostigamiento, la intimidación, las amenazas y las acciones de desprestigio contra defensores de derechos humanos.
Orientación sexual e identidad de género
La Constitución de 2019 prohíbe expresamente la discriminación sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, muchas personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) sufren violencia y discriminación, en especial, en el interior de Cuba.
La relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en agosto de 2022 que la discriminación estructural afecta de diferentes maneras a las mujeres, a las personas afrocubanas y a las personas LGBT.
En septiembre, se aprobó por referendo un nuevo Código de las Familias que incluye una definición de matrimonio neutral en cuanto al género, lo cual abre la posibilidad de que puedan celebrarse matrimonios entre personas del mismo sexo.
Derechos de la mujer
Cuba despenalizó el aborto en 1965. El procedimiento se ofrece sin cargo en los hospitales públicos.
El nuevo Código de las Familias refuerza los derechos de mujeres y niñas, además de los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a la reproducción asistida, prohíbe la violencia doméstica y todo tipo de castigo físico y reconoce el derecho a la distribución equitativa de las tareas domésticas y de cuidado entre los integrantes de la familia.
Actores internacionales clave
La comunidad internacional no ha conseguido, a lo largo de décadas, que haya avances sostenidos en materia de derechos humanos en Cuba.
El embargo estadounidense brinda una excusa al gobierno cubano para los problemas del país, un pretexto para los abusos y despierta la simpatía de gobiernos que, de otro modo, habrían sido más proclives a condenar las prácticas abusivas en el país. En mayo, la Unión Europea recibió favorablemente el levantamiento de ciertas restricciones por parte del gobierno de Estados Unidos.
El presidente estadounidense Joe Biden no levantó la redesignación que había hecho el expresidente Donald Trump de Cuba como estado patrocinador del terrorismo. Condenó en repetidas ocasiones los abusos contra manifestantes e impuso sanciones individuales a varios funcionarios con nexos creíbles con la represión. En mayo de 2022, Estados Unidos anunció que aumentaría la tramitación de visas en La Habana, ampliaría la autorización de viajes profesionales y educativos, incrementaría la ayuda a los emprendedores cubanos y eliminaría el límite a las remesas familiares.
Durante su tercer examen de Cuba, en el mes de junio, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas expresó preocupación por los señalamientos de maltrato y detenciones arbitrarias de niños y niñas que habían participado en las protestas de 2021.
En julio, el gobierno recientemente electo del presidente colombiano Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron en La Habana su intención de retomar las conversaciones de paz. A comienzos de octubre, la delegación del ELN viajó a Venezuela y anunció que las negociaciones se reiniciarían en noviembre.
En noviembre, la Asamblea General de la ONU votó por una mayoría abrumadora a favor de condenar el embargo. La resolución recibió el apoyo de 185 países, Estados Unidos e Israel se opusieron, y Brasil y Ucrania se abstuvieron.
Desde que fue elegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2020 —su quinto mandato en los últimos 15 años—, Cuba se opuso de manera reiterada a resoluciones que alertaban sobre violaciones de derechos humanos en Rusia, Etiopía, Siria y Nicaragua, entre otros.
La Unión Europea mantuvo su política de relaciones con reservas ante Cuba y emitió declaraciones expresando consternación por las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno. Frustrado por la falta de avances en la situación de derechos humanos de Cuba, en diciembre de 2021, el Parlamento Europeo adoptó una resolución que condena los “abusos sistemáticos” contra disidentes y críticos y exhortó a la UE a considerar la suspensión, por motivos de derechos humanos, del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación bilateral.
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Se dispara la exportación de autos de EEUU a Cuba, podría llegar a 50 millones de dólares en 2024
Las exportaciones de vehículos de EEUU a Cuba podrían superar los 50 millones de dólares este año, cinco veces más que en 2023.
En los primeros seis meses de 2024, las exportaciones de vehículos desde Estados Unidos a Cuba alcanzaron más de 36 millones de dólares, según el más reciente informe del Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba.
Las exportaciones de autos usados representaron la mayor parte, con un valor de 34.587.077 dólares entre enero y julio de 2024, informó John S. Kavulich, presidente de dicha organización no gubernamental creada en 1994.
“Las ventas de vehículos a Cuba son parte de la gran historia de este año”, acotó el experto, quien tachó el acontecimiento como el cambio más significativo en comparación con el año pasado.
Según su proyección, el negocio de la venta de autos a Cuba pudiera rondar los 50 millones de dólares en los próximos meses.
Tan sólo en el mes de julio, las exportaciones de vehículos usados sumaron 3.705.643 dólares.
“El incremento es notable, si tomamos en cuenta las dificultades económicas que enfrenta Cuba, como la escasez de electricidad y combustible, y los altos precios de este último”, dijo Kavulich.
En 2023, las exportaciones de autos a Cuba totalizaron 9.824.627 dólares, mientras que en febrero de 2024 casi se alcanzó la mitad de esa cifra.
Para adquirir un vehículo en Cuba, es necesario cumplir con las licencias emitidas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, las cuales permiten la compra a residentes naturales o personas jurídicas cubanas y extranjeras.
Recientemente, el gobierno cubano anunció una actualización en la política para la comercialización de vehículos, cuyas normas jurídicas se publicarán antes de octubre de 2024.
Según Kavulich, la mayoría de los compradores de vehículos procedentes de EEUU son empresarios del sector privado cubano, a pesar de que el gobierno sigue dificultando el crecimiento de este sector en la isla.
Aun así, opinó el experto, La Habana reconoce que el sector privado es fundamental para la economía, a pesar de sus reticencias.
Caen los alimentos
En contraste con el aumento de las exportaciones de autos, las de alimentos disminuyeron un 2.6% en julio de 2024, con registro de 31.457.528 dólares, en comparación con 32.313.837 dólares del mismo mes en 2023.
El gobierno de Díaz-Canel mantiene que "el bloqueo es el principal escollo para avanzar en la búsqueda de la prosperidad y bienestar de la población cubana”, y asegura que los daños ocasionados en más de seis décadas de la aplicación de esta política ascienden a más de 147.853 millones de dólares.
En el informe del Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba, la isla aparece mencionada como ocupante del puesto 50 entre los 222 mercados de exportación de productos agrícolas y alimenticios de EEUU.
Hostales, paladares y negocios en remate por la violencia en las calles y la crisis sanitaria en Cuba
Oropouche y Dengue se extienden por toda Cuba
Ya hay Dengue en 12 provincias, y Oropouche en 15, dijo este miércoles el Dr. Francisco Durán, jefe de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba.
Casos sospechosos de dengue han sido detectados en los últimos días en 12 provincias de Cuba, mientras el Oropouche se extiende a casi todo el país, con pacientes diagnosticados en las 15 provincias, dijo a periodistas el director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP), Dr. Francisco Durán.
El verano, que ha sido largo y con récords de calor, más los continuos apagones, la falta de agua potable y la insalubridad han empeorado el panorama epidemiológico de la isla, con la proliferación de los agentes transmisores de ambas enfermedades, el mosquito aedes aeypti, del Dengue, y el jején (culex y culicidae), de la fiebre del Oropouche.
Un total de 41 municipios y 48 áreas de salud del país han reportado casos de Dengue, mientras que en 99 localidades y 174 zonas se han detectado contagios por Oropouche, precisó el Dr. Durán en una conferencia de prensa que citan varios medios estatales.
Aunque, según las autoridades, la mayoría de los enfermos pasan el virus en sus viviendas, en ingreso domiciliario, al no presentar un cuadro clínico crítico, la situación ha destapado las alarmas de países como Estados Unidos y Canadá, que advierten a sus ciudadanos sobre el posible contagio si viajan a la isla caribeña.
El Dr. Durán aseguró que, hasta la fecha, no se reportan en Cuba casos graves ni fallecidos a causa de estos arbovirus, pero como sucedió durante la pandemia de Covid-19, estos reportes oficiales son difíciles de corroborar de forma independiente.
Los casos de Oropouche han aumentado en la última semana en las provincias de La Habana, Pinar del Río, Artemisa, Santi Spíritus y el municipio especial Isla de la Juventud, apuntó el director de Higiene y Epidemiología del MINSAP.
El funcionario recomendó a la población "acudir de inmediato al médico" ante síntomas como dolores de cabeza, articulares, vómitos, diarreas y fiebre, para hacer "un diagnóstico adecuado" de la enfermedad, ya que ambos virus causan sintomatologías similares.
Los cubanos se quejan de la falta de recursos en los centros de salud, incluidos los reactivos para la realización de análisis de sangre, requeridos en estos casos, y de medicamentos básicos en las farmacias, como analgésicos, para combatir los síntomas.
En medio de la compleja situación epidemiológica, el Dr. Durán dijo, además, que Cuba mantiene una "estricta vigilancia" por la presencia en América Latina y el Caribe de Chikungunya, Zika y la Fiebre Mayaro, pero aclaró que en la isla no se ha reportado ningún caso de estos otros arbovirus.
El martes pasado, activistas cubanos en el exilio denunciaron que el aumento de casos de Oropouche en Cuba constituye una "alarma de salud pública regional".
La opositora Asamblea de la Resistencia Cubana recordó en conferencia de prensa que en Florida se han registrado al menos 20 pacientes con el virus cuyo contagio se relaciona con un viaje a la isla. Los activistas han pedido a las autoridades estadounidenses suspender los viajes entre los dos países para evitar la propagación de estas enfermedades en EEUU.
Un caso similar de Oropouche importado de Cuba fue detectado en Nueva York, para un total de 21, informaron la semana pasada los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. A principios de agosto, los CDC emitieron una alerta sanitaria para notificar a los médicos y a las autoridades de salud pública el aumento de la enfermedad en las Américas.
Preso político en estado grave por una isquemia cerebral
Carlos Manuel Pupo Rodríguez, encarcelado por manifestarse del 11 de julio de 2021, en San Antonio de los Baños, tuvo que ser internado de emergencia en el hospital de Artemisa, donde tiene vigilancia permanente de oficiales del Ministerio del Interior.
El preso político Carlos Manuel Pupo Rodríguez, de 70 años, está ingresado en el Hospital General Comandante Ciro Redondo, de Artemisa, tras sufrir, el pasado sábado, una isquemia cerebral, confirmó a Martí Noticias, su esposa Janet Bulnes.
“Una isquemia en desarrollo. Le están administrando medicamentos para su mejoría y que no le repita. El médico que pasó visita me dijo que le hicieron un TAC (Tomografía Axial Computarizada) y arrojó eso, una isquemia. Me dijo que hay lesiones en el cerebro”, declaró Bulnes, a quien le permitieron cuidar del enfermo, reportado en estado grave.
“Fue por una subida de presión. Yo no hacía ni cinco días que le había llevado medicamentos para la presión y para la diabetes”, explicó la mujer.
Pupo Rodríguez, manifestante del 11 de julio de 2021, en San Antonio de los Baños, padece diabetes e hipertensión arterial. Días antes había sufrido una caída en el correccional con internamiento Ceiba 5 donde estaba recluido, luego de que las autoridades de ejecución le aprobaran el tránsito a un régimen de menor severidad.
La esposa relató que Pupo tiene el lado derecho del cuerpo afectado, con parálisis en el brazo y la pierna “y el lenguaje no se le entiende, no está articulado”.
Aunque el preso político no está internado en una sala penal porque el hospital artemiseño carece de este tipo de instalación, tiene vigilancia permanente de oficiales del Ministerio del Interior (MININT).
“Ahora, hay un teniente coronel del MININT que está aquí constantemente, sentado al lado de nosotros”, indicó Bulnes.
“Yo estuve hablando con el militar que estaba [de guardia] por la mañana y me dice que ellos van a procesar una licencia extrapenal para presentarla al tribunal y el tribunal es el que decide. Después le pregunté al teniente coronel qué cree en este caso de la presentación de una extrapenal y me contestó que se la van a conceder, porque ‘en el estado que está ¿dónde lo van a tener?’. Él no puede caminar, no puede comer, hay que darle la comida”, señaló.
La legislación cubana otorga a los tribunales la facultad para otorgar la licencia extrapenal durante el tiempo “que se considere necesario” y en casos de enfermedad o padecimientos que incapaciten al reo de forma temporal o definitivamente.
El centro de asesoramiento legal Cubalex ha emitido varias alertas acerca del estado de salud de Pupo Rodríguez, coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI).
La organización ha destacado que, debido a sus enfermedades y a su edad, Pupo es uno de los presos políticos más vulnerables, cuestión que se agrava con la falta del acceso necesario a cuidados médicos especializados y a la administración puntual de los medicamentos que requiere.
Investigadores alertan sobre crimen organizado y trata de personas en Cuba con la implicación del Estado
La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional define que es “un grupo de tipo mafioso”, aquel que tiene “un nombre conocido, un liderazgo definido, el control territorial y la afiliación identificable”.
Dos investigadores cubanos alertaron el miércoles sobre la participación del régimen de La Habana en el crimen organizado y la trata de personas, tras analizar los hallazgos del más reciente informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC).
En el caso de Cuba, el reporte de 2023 expone la existencia de explotación laboral, tráfico sexual y trata de personas. Aunque se refiere a la presencia del crimen organizado en Cuba, lo circunscribe al turismo sexual y asegura que “la mayoría de estas actividades delictivas son llevadas a cabo por individuos, y no por estructuras articuladas”.
En este sentido, la entidad con sede en Ginebra, Suiza, acepta la participación de grupos del crimen organizado, nacionales y extranjeros, pero deja fuera a los “actores integrados en el Estado”. Además, define que “un grupo de tipo mafioso” es aquel que tiene “un nombre conocido, un liderazgo definido, el control territorial y la afiliación identificable”.
“Este análisis está construido metodológicamente para analizar países donde haya mafias, pero no para poder penetrar los fenómenos que ocurren en las mafias que tienen a países, como es el caso de Cuba: El principal grupo criminal organizado en Cuba es, sin lugar a duda, GAESA y la oligarquía que lo controla está fuera de toda jurisprudencia estatal cubana, no pueden controlarlo ni con los mecanismos del Partido (Comunista de Cuba) ni de la Asamblea (Nacional del Poder Popular)”, dijo a Martí Noticias el historiador y ex diplomático cubano Juan Antonio Blanco Gil.
El Grupo de Administración Empresarial, SA (GAESA), que pertenece a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), maneja los sectores claves y más lucrativos de la economía del país. Tiene ramificaciones en el sector hotelero, las tiendas de ventas de productos en divisas, la aduanas y los puertos, instituciones financieras, y de importación y exportación, entre otras.
“Ellos [la cúpula militar] han creado un sistema y lo han legalizado para robarle el dinero al Estado cubano que obliga a todas las instituciones y ministerios a depositar sus divisas en el Banco Financiero Internacional, que le pertenece a GAESA y después no la pueden sacar de ahí, o solo según disponga GAESA, o sea, si el Ministerio de la Agricultura hizo 50 mil dólares en exportaciones, después no puede ir a reclamarlo para, por ejemplo, ir a comprar tractores”, explicó Blanco Gil, copresidente del laboratorio de ideas Cuba Siglo 21, con sede principal en Madrid.
"Estamos ante un Estado entero que es controlado por una cúpula mafiosa, que es la que a su vez controla GAESA y que tiene todas las propiedades, las principales registradas en Panamá como sociedad anónima”, subrayó el experto en negociación y manejo de conflictos.
Varias investigaciones, entre ellas la del proyecto Martí Verifica, han detrminado que GAESA se amplía por el mundo en compañías offshore que, supuestamente, sirven para evadir las sanciones financieras de Estados Unidos, pero también para mover recursos sin ninguna fiscalización.
“Al final, ¿quién controla el dinero? Lo controla GAESA, que es una entidad privada registrada incluso fuera del país y a la que la Controlaría de la República, ha declarado públicamente, que no puede auditar", recordó Blanco.
Por otra parte, el informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional señala que la trata de personas en Cuba se manifiesta especialmente en “forma de tráfico sexual y explotación laboral y aclara que “hay denuncias de que las autoridades en la Isla obligan o coaccionan a los profesionales para que participen y permanezcan en los programas de exportación de mano de obra”.
“La trata tiene que ver con la captación y muchas veces con el transporte y la explotación de individuos a través de algunas técnicas o estrategias como el engaño, la coacción o tal vez el abuso de las vulnerabilidades que pudieran tener las personas; con el fin de explotarlas. Las misiones médicas internacionalistas son el ejemplo más relevante”, explicó a Martí Noticias Loraine Morales, responsable de Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana de Tijuana, México.
Cuba Siglo 21 y Havana Consulting Group denunciaron hace unos meses a GAESA por "apropiarse arbitrariamente" de casi 70 mil millones de dólares en poco más de una década, provenientes de los salarios de los médicos en las brigadas internacionalistas.
Para Morales, especializada en Migración, “el tráfico de personas tiene que ver más con el cruce de fronteras, en este caso internacionales, de una persona que lo que busca es entrar de manera irregular a otro país donde no tiene ningún permiso o autorización para estar o permanecer y que, muchas veces, esta persona ofrece su consentimiento y es voluntario, aunque no sea consciente a veces, de todos los riesgos que puedes enfrentar durante esta travesía. Lo vemos mucho en los flujos migratorios de cubanos que vuelan a Nicaragua y llegan a Estados Unidos, que utilizan esta red de tráfico de personas”.
“Cuba no asume ningún tipo de responsabilidad, porque los cubanos cumplen con los requisitos de viaje, no hay incumplimiento de la normativa o de lo que está establecido”, añadió la también periodista de El Toque.
El acuerdo de libre visado entre Managua y La Habana, en noviembre de 2021, propició el mayor éxodo migratorio de cubanos a los Estados Unidos. La llamada Ruta de los volcanes ha facilitado la migración de más de medio millón de cubanos, de acuerdo con cifras del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos.
Morales analizó que el hecho de que Cuba y Nicaragua no cierren esta vía que está poniendo en riesgo a tantas personas, sugiere que hay una complicidad entre estos dos regímenes autoritarios y lo que “se busca es ejercer una presión y poner el foco en el migrante y en el destino”.
El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, aseguró recientemente en entrevista con Voz de América, que “la ruta migratoria establecida desde Cuba a Nicaragua por vía aérea está destinada al contrabando de migrantes; estos son vuelos chárteres que van a Nicaragua llenos a capacidad y regresan vacíos a Cuba”.
Morales se refrió, además, a la mención en el Índice Mundial del tráfico sexual y la explotación laboral en Cuba: “Se habla del traslado de personas con fines de explotación sexual, pero hay otros casos como el reclutamiento de jóvenes para ingresar a las filas de Rusia. A los jóvenes se les engaña, les hacen promesas para que ellos se apunten al Ejército ruso y ya vemos que ha habido denuncias de que no se les cumplen. Igual ocurre con las misiones médicas. El gobierno hace un convenio, aprovechándose de las condiciones laborales que existen en el país y da esta ‘oportunidad’ económica, de viajar a otro país para poder trabajar y ganar un poco más y, muchas veces, los médicos laboran en condiciones muy precarias, con una remuneración para nada equivalente a los riesgos que corren”.
La investigadora de la Universidad de Tijuana mencionó otras prácticas del gobierno cubano, como la retención de pasaportes y de documentación, que son ilegales según la normativa internacional y que funcionarios cubanos practican con deportistas y artistas enviados a misiones en el exterior.
“Hay que resaltar el rol del Gobierno cubano dentro de lo que es el tráfico de personas y sobre todo la trata porque en este caso sí estarían de la mano los dos”, precisó Morales.
Martí Noticias solicitó una entrevista a la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, pero hasta el momento no la han concedido.
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