Los dos principales partidos políticos de España acordaron este viernes la mediación de la Unión Europea para resolver la grave crisis judicial tras cinco años sin renovar el órgano de gobierno de los jueces.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez (Partido Socialista, PSOE), y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular, PP), dieron el visto bueno, con el objetivo de poner fin al conflicto que amenaza a la independencia judicial en España.
“Para tratar de desbloquear esta situación, de una vez por todas, hemos acordado una fórmula para que la Comisión Europea medie y verifique. Porque todo lo que sea restablecer la normalidad institucional y que el Partido Popular cumpla con la Constitución, será más que bienvenido”, afirmó Pilar Alegría, ministra-portavoz del gobierno, al finalizar la reunión entre Sánchez y Feijóo.
El líder del PP indicó en comparecencia que la medida irá acompañada de una nueva ley para reformar la elección del órgano de gobierno de los jueces, aparentemente sin interferencia de los políticos.
“Se podía esperar muy poco y hemos conseguido poco. No puedo decir que me sorprenda, pero sí me preocupa. No he visto al presidente Sánchez con voluntad de rectificación en casi nada. Y el margen de maniobra para cualquier acuerdo, he constatado que es el margen de maniobra que dejen los independentistas”, dijo Feijóo, en torno a otras cuestiones abordadas en la reunión.
PSOE y PP acordaron una reforma de la Constitución para sustituir el término “disminuidos” por “personas con discapacidad”. En lo que sí no hubo pacto fue en la petición de Feijóo de retirar la Ley de Amnistía, que eliminará los delitos del golpe de 2017 en Cataluña.
La justicia española ha estado en los últimos meses en el centro de la polémica. Primero, por la negativa del PP a renovar, como exige la Constitución, el Consejo General del Poder Judicial, el organismo que nombra a los jueces en los tribunales y cuya finalidad es garantizar la independencia frente al resto de los poderes del Estado.
El gobierno socialista, por su parte, ha acusado a los magistrados de “lawfare” por perseguir los delitos de los separatistas. Desde el independentismo, el partido del prófugo Carles Puigdemont pidió “cesar y detener” a los jueces.