Aunque la Constitución cubana protege el derecho de los ciudadanos a la privacidad de su correspondencia y establece que las autoridades deben tener un permiso judicial para registrar sus hogares, estos derechos son violados de manera rutinaria y sistemática, asegura el Informe 2016 sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado.
“Hubo informes de que funcionarios de gobierno monitorean la correspondencia y las comunicaciones entre los ciudadanos, rastrea sus movimientos y entra en las viviendas sin autoridad legal y con impunidad”, denuncia el Informe. “Además, en agosto las organizaciones de la sociedad civil se quejaron de que mensajes de texto que contienen palabras específicas como "democracia" y "disidentes" fueron sistemáticamente bloqueados”, agrega.
El informe cita denuncias de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), indicando que en los meses mes de mayo y noviembre la policía allanó, sin mandamiento judicial, varias casas de esa organización en las ciudades de Santiago de Cuba y La Habana.
“En ambos casos la policía incautó materiales impresos, cámaras fotográficas, computadoras, impresoras, memorias digitales y dinero en efectivo”, subrayó.
La misma violación se produjo el 23 de septiembre en el Centro Legal de Información (Cubalex), una organización de ayuda legal independiente, cuya sede en la ciudad de La Habana, fue violada por la policía que se llevó cinco computadores, cuatro laptops, varias memorias digitales y discos duros, teléfonos celulares y documentos de más de 300 casos legales expedientado por esa organización.
El informe recuerda que el Ministerio del Interior mantiene activo el sistema de informantes vecinales, creado hace medio siglo, conocido como Comités de Defensa de la Revolución, para vigilar y reportar las actividades de los opositores.
“Agentes de la Dirección General de Seguridad del Estado vigilan las actividades de periodistas extranjeros y sus visitas a funcionarios, diplomáticos, académicos y empresarios, utilizando medios electrónicos”, denunció el informe.