El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó hoy el informe sobre derechos humanos 2016, en el cual dedica 31 páginas a Cuba.
En una introducción al reporte anual el Secretario de Estado Rex Tillerson explicó que el informe refleja los esfuerzos concertados de embajadas y consulados de EEUU alrededor del mundo y que los reportes son preparados por oficiales de derechos humanos en misiones de los Estados Unidos con información proveniente de una amplia variedad de la sociedad civil, el gobierno y otras fuentes.
El reporte de Cuba asegura lo siguiente:
"Cuba es un estado autoritario dirigido por Raúl Castro, presidente del Consejo de Estado y de Ministros, primer secretario del Partido Comunista (PC) y comandante en jefe de las fuerzas de armadas.
La Constitución reconoce al Partido Comunista como el único partido legal y la fuerza dirigente de la sociedad y del Estado.
El gobierno llevó a cabo las elecciones municipales en abril de 2015 con relativa eficiencia administrativa, pero no eran ni libres ni justas; Una comisión de candidatura del Partido Comunista preseleccionó a todos los candidatos y el gobierno trató a candidatos ajenos al partido comunista de manera diferente.
Los dirigentes nacionales, incluidos los miembros de las fuerzas armadas, mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad.
Los principales abusos contra los derechos humanos incluyeron la reducción de la capacidad de los ciudadanos para elegir su gobierno. El uso de amenazas gubernamentales, agresiones físicas, intimidación y violentas protestas en contra de la disidencia pacífica organizadas por el gobierno".
También se refiere el informe al "hostigamiento y detenciones para impedir la libre expresión y la reunión pacífica".
El reporte enumera además otros abusos como duras condiciones carcelarias; detenciones arbitrarias, a corto plazo por motivaciones políticas; procesamiento selectivo; negación de un juicio justo y restricciones de viaje.
El informe hizo referencia también a la violación de la privacidad de los individuos mediante "el monitoreo y la censura de las comunicaciones privadas".
"El gobierno no respetó las libertades de expresión y prensa, restringió el acceso a Internet, mantuvo el monopolio de los medios de comunicación, la libertad académica y mantuvo algunas restricciones sobre la capacidad de los grupos religiosos a los que no se les permite reunirse. El gobierno se negó a reconocer a grupos independientes de derechos humanos o permitirles funcionar legalmente".
Además, el gobierno continuó impidiendo a los trabajadores formar sindicatos independientes y de otro modo ejercer sus derechos laborales.
Los funcionarios gubernamentales, bajo la dirección de sus superiores, cometieron la mayoría de los abusos contra los derechos humanos. La impunidad de los perpetradores seguía siendo generalizada".
El informe menciona varios casos particulares:
El 1 de agosto, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación (CCDHRN), una organización no gubernamental independiente de derechos humanos, informó que el activista Carlos Manuel Figueroa no pudo ser localizado. La ONG informó más tarde que estuvo detenido durante cinco días y luego permaneció bajo arresto domiciliario hasta el 13 de agosto por filmar las detenciones de miembros del grupo independiente de la sociedad civil Damas de Blanco.
El 10 de enero, los activistas Antonio Rodiles y Ailer González informaron que los agentes de la seguridad del Estado les inyectaron una sustancia desconocida cuando participaron en una marcha pública pidiendo la liberación de los presos políticos.
El 20 de julio, Guillermo "Coco" Fariñas, presidente del Foro Anti-Totalitario Unido (FANTU), se quejó de haber recibido una paliza por parte de agentes de la policía que le causaron lesiones en las costillas, el abdomen y la lengua cuando trató de visitar una comisaría para preguntar por un activista de esa organización.
Entretanto, el Consejo Cubano de Iglesias, la mayor organización religiosa protestante, informó que organizó servicios semanales para todas las prisiones del país.
El CCDHRN contó 9,940 detenciones hasta finales de año, en comparación con 8,616 en 2015.
Miembros de la campaña # TodosMarchamos, que incluyó a las Damas de Blanco, informaron de detenciones semanales para impedir las manifestaciones.
El mayor grupo de oposición, la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), informó también de un aumento en las detenciones a corto plazo.
En La Habana, el 22 de septiembre, la policía detuvo a tres activistas sindicales y colocó a cinco bajo arresto domiciliario para detener una reunión organizada por el activista de derechos humanos Iván Hernández Carrillo.
El gobierno también bloqueó las reuniones de organizaciones académicas y culturales independientes.
El 23 de septiembre, Dagoberto Valdés, fundador y director de la revista Convivencia, suspendió un curso en Pinar del Río sobre el aprendizaje cívico después de que dos participantes de la sociedad civil de Cienfuegos no pudieran llegar a la provincia.
La discriminación en el empleo y la ocupación se produce en relación a personas con VIH y afrocubanos. Los líderes dentro de la comunidad afrocubana señalaron que miembros de esa comunidad no podían conseguir trabajo en sectores como el turismo y hospitalidad porque eran "demasiado oscuros.
El 14 de marzo las autoridades acusaron al activista de la UNPACU, Luis Bello González, de Peligrosidad Social Pre-delictiva y lo criminal y lo condenaron a 3 tres años de cárcel.
Líderes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) alegaron que las autoridades arrestaron y acusaron a González por su participación continua en protestas junto con otros miembros de la organización.
El 6 de diciembre la madre del artista de grafitero Danilo Maldonado, conocido como "El Sexto", solicitó al tribunal un recurso de habeas corpus luego de que las autoridades detuvieran al artista el 26 de noviembre. El Sexto había pintado “Se fue” en una pared exterior de un hotel de La Habana. El tribunal rechazó la petición y su madre presentó una segunda petición el 13 de diciembre, pero el disidente permaneció pendiente hasta inicio de 2017.
El 23 de septiembre las autoridades arrestaron al abogado independiente Julio Alfredo Ferrer Tamayo durante una incursión policial en la Consultoría Jurídica Independiente Cubalex. Aunque la policía liberó a los demás abogados, detenidos por menos de 24 horas, Ferrer continúa preso.
Varios trabajadores del gobierno informaron haber sido despedidos por expresar opiniones disidentes o afiliarse a organizaciones independientes. Por ejemplo, en agosto, el periodista de la emisora local Radio Holguín, al este de la isla, José Ramírez Pantoja, fue despedido por publicar un polémico discurso en su blog personal, firmado por la subdirectora del periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba.
El corresponsal de Granma, José Antonio Torres, permaneció en prisión hasta final año. Torres fue condenado en 2012 a 14 años de prisión por cargos de espionaje por artículos que escribió.
El 1 de agosto el activista de derechos humanos Ivan Hernández Carillo informó de haber sido detenido y golpeado cuando llegó al aeropuerto de La Habana, después de que se negó a ir a una pequeña habitación para que se registraran sus pertenencias.
El 12 de agosto la abogada independiente Laritza Diversent fue brevemente interrogada cuando regresó de testificar sobre la libertad de expresión ante el relator especial de la ONU.
En abril el académico Omar Everleny Pérez Villanueva fue expulsado del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana por "indisciplina" y por "conversaciones no autorizadas con instituciones extranjeras", que incluía conversar con la prensa extranjera y criticar la política del gobierno, es decir el “ritmo lento de las reformas económicas”.
En junio la historiadora de arte Yanelys Núñez Leyva fue despedida de una revista cultural por contribuir a una plataforma en línea denominada Museo Cubano de la Disidencia, contentivo de líderes de la historia cubana que se habían rebelado contra las doctrinas políticas.
