El ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, decretó este lunes una emergencia carcelaria en el país para enfrentar los recientes casos de homicidios, atentados y amenazas contra el personal de guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por parte de bandas criminales.
“Hemos declarado la emergencia carcelaria en todo el país. Esta emergencia obedece, por una parte, a la materialización e incremento de homicidios de guardianes del Inpec, que han tenido lugar en los últimos días, en distintos lugares del país”, dijo Osuna a los medios.
El caso más reciente ocurrió el sábado en la ciudad de Cartagena, donde el militar Jesús Cárdenas fue baleado mientras hacia control de entrada de las visitas en el exterior de la cárcel San Sebastián de Ternera.
El ministerio de Justicia explicó que con la declaración se busca reforzar la vigilancia en las cárceles, restringir las visitas a los presos, reemplazar al personal en situaciones de seguridad y trasladar a algunos presos a centros de máxima seguridad.
Esta última decisión se da por la captura de Mauricio Marín Silva, alias ‘Nacho’, uno de los principales cabecillas de la banda criminal La Inmaculada, que el fin de semana generó el caos en la ciudad de Tuluá, donde quemaron ocho vehículos, amenazaron al alcalde y asesinaron a un inspector de tránsito.
Además, Ozuna señaló que se dispondrán de recursos para la compra de equipos de bloqueo de señales de teléfonos móviles en las cárceles que son utilizados por los reclusos para extorsionar, y donde ha habido un “incremento del 41 % en los casos de extorsión carcelaria”.
Esta es la cuarta vez que se declara una emergencia carcelaria en Colombia. La primera fue en 2013 por hacinamiento; la segunda, en 2016 por diferentes situaciones; y la tercera, en 2020 debido a la emergencia sanitaria producida por el COVID-19.