Un cubano que reside en Odessa, en el estado de Texas, fue declarado culpable por un jurado federal de transportar ilegalmente a personas indocumentadas, anunció esta semana el fiscal federal Alamdar S. Hamdani.
El jurado deliberó durante menos de una hora antes de declarar culpable a Mario Enrique Nerey-Valdivia, de 50 años, tras un juicio que duró un día, señala una nota de prensa de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas.
De ser confirmada la sentencia, Nerey-Valdivia enfrenta hasta cinco años de prisión federal y una posible multa máxima de 250.000 dólares.
Según testimonios de la parte acusadora, Nerey-Valdivia condujo un camión con remolque hasta el puesto de control de la Patrulla Fronteriza, cerca de la localidad de Falfurrias. "Durante una inspección de inmigración, las autoridades notaron que un individuo intentaba esconderse en el compartimiento de la plataforma del tractor", detalla el comunicado.
Las autoridades procedieron entonces a una inspección más exhaustiva y descubrieron a cinco personas indocumentadas en literas cubiertas con mantas. La nacionalidad de los migrantes no fue revelada.
La defensa alegó que el acusado no tenía conocimiento de que los migrantes se encontraban dentro de la cabina de su camión, pero el jurado no creyó en esas declaraciones y declaró al cubano culpable de los cargos, afirmó la fiscalía.
El juicio fue presidido por el juez federal de distrito David S. Morales, quien fijó la sentencia para el 6 de noviembre. Nerey-Valdivia permanecerá hasta entonces bajo fianza en espera de sentencia.
Agentes del Departamento de Seguridad Nacional y Aduanas y Protección Fronteriza llevaron a cabo la investigación y los fiscales federales adjuntos John Lamont y Ashley Martin procesaron el caso, precisa la nota.
En lo que va de año fiscal, que comenzó el 1 de octubre de 2023, un total de 180,925 cubanos han cruzado las fronteras de EEUU.
Las autoridades estadounidenses han advertido que la inmigración ilegal no será tolerada. El 4 de junio pasado, el Secretario de Seguridad Nacional y el Fiscal General emitieron conjuntamente una normativa provisional (IFR) que restringe los requisitos para solicitar asilo a quienes ingresan irregularmente por la frontera suroeste y la costa sur del país.