La cubana Yuneysi Fernández Pineda lleva casi tres meses impartiendo clases a niños migrantes en la ciudad de Tapachula, parada casi obligatoria para las miles de personas que atraviesan Centroamérica cada día con el objetivo de llegar a Estados Unidos.

“Lo único que hay que tener es paciencia y entender a los niños migrantes porque ellos tienen sus propias dificultades”, comentó a Diario del Sur.

La joven, que trabajaba como profesora en secundarias y preuniversitarios en la isla donde el défict de doncente es cada vez más alto, está valorando quedarse en Tapachula si logra obtener un estatus legal en México.

Fernández Pineda es una de las migrantes que se ha incorporado al proyecto "La Escuelita", del Programa de Emergencia Social de la Secretaría de Bienestar.

En el proyecto está implicado el Programa Escuelas de Calidad (PEC), que contrata a personas con experiencia en la docencia en sus países de origen.

Actualmente, La Escuelita tiene un promedio de 400 niños y niñas provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Cuba y Haití, que reciben clases de manera gratuita, a nivel preescolar, primaria y secundaria. En julio pasado celebraron la primera graduación.

Más de 80 mil migrantes han pasado por Tapachula en lo que va de año, según cifras oficiales. De ellos, unos 31.595 han solicitado asilo en esa ciudad.

Desde el pasado viernes los migrantes que se encuentren en estados del sur como Chiapas y Tabasco no necesitan trasladarse a otras áreas del país para pedir la cita de CBP One, que les permite solicitar asilo en la frontera de Estados Unidos.

"Mientras están atrapadas en Tapachula, las personas solicitantes de asilo luchan por sobrevivir", enfrentándose "a escasas oportunidades de empleo, obstáculos en el acceso a servicios de salud y escasez de viviendas asequibles", recoge un estudio de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

La ciudad se ha convertido desde hace años en una especie de embudo de la migración irregular.

La congresista de Florida María Elvira Salazar ha reiterado su compromiso con los cubanos que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular y poseen el formulario I-220A.

En un mensaje compartido en su cuenta de Instagram, Salazar aseguró que sigue trabajando para que estos migrantes puedan acceder a la residencia permanente en EEUU a través de la Ley de Ajuste Cubano, y anticipó novedades para septiembre.

Salazar reconoció la difícil situación en la que se encuentran muchos cubanos con I-220A debido a su estatus migratorio.

"Estoy muy consciente de sus problemas y en septiembre voy a volver a acercarme a ustedes para que juntos podamos hacer diferentes maniobras" a ver si las autoridades de inmigración "entienden que los cubanos que tienen la I-220A tienen un camino hacia la ciudadanía que se llama Ley de Ajuste cubano", dijo la legisladora cubanoamericana.

Salazar señaló que en las próximas semanas tomará nuevas acciones junto con los inmigrantes para que las autoridades estadounidenses, incluido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), reconozcan el camino hacia la ciudadanía que ofrece la Ley de Ajuste Cubano para aquellos con el formulario I-220A.

La Ley de Ajuste Cubano permite a los cubanos solicitar la residencia permanente en EEUU después de un año y un día de permanecer en el país. En 2023, la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos (BIA) determinó que el I-220A no es un documento válido de entrada al país para obtener la residencia, lo que ha dejado a muchos cubanos en una situación de incertidumbre migratoria.

Ante esta situación, Salazar instó a los afectados a mantener la esperanza, recordando que es posible que la administración del presidente Biden y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, puedan ofrecer una solución, otorgando parole a quienes ya se encuentran en el país y permitiéndoles acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.

Salazar se mostró confiada en que eventualmente se encontrará una solución.

"Sabemos que la administración de Biden puede tomar medidas ejecutivas al respecto. No pierdan la esperanza", concluyó Salazar, reafirmando su compromiso con la comunidad cubana.

México permitirá el tránsito por su territorio a los migrantes con cita de CBP One, informó el Instituto Nacional de Migración (INM) de ese país luego de la entrada en vigor de la ampliación de los puntos por los que es posible aplicar a estas.

CBP One ya operaba en la frontera de México con Estados Unidos, pero a partir de este viernes los migrantes podrán solicitar citas desde los estados de Tabasco y Chiapas, sin tener que viajar al norte.

"El INM permitirá el tránsito en territorio nacional a las personas que cuenten con una cita en forma ordenada, regular y segura, para trasladarse a los 8 puntos de entrada de CBP One, ubicados en: Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo en Tamaulipas; Piedras Negras, Coahuila; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nogales, Sonora; Mexicali y Tijuana, Baja California", recoge el comunicado.

Esta semana las autoridades migratorias de México sostuvieron una reunión con miembros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) a la que asistieron el jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Jason Owens, y el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez.

México había solicitado a Estados Unidos que ampliara el acceso de la app para aliviar el flujo de migrantes hacia el norte, en cuyo trayecto son muchas veces interceptados por grupos de delincuencia organizada.

“Nos va a ayudar mucho”, dijo a inicios de mes la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena.

Organizaciones internacionales enviaron esta semana una carta abierta al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la que afirman que CBP One constituye "una barrera para el asilo".

"El sistema de citas CBP One, que actualmente es una de las únicas formas de acceder al territorio de los Estados Unidos a través de su frontera sur para solicitar asilo, viola el derecho internacional de los refugiados en su forma de uso y operación como un dispositivo de medición discriminatorio y una barrera para el asilo", recoge la misiva.

Texas y una coalición de estados liderados por republicanos demandaron el viernes al Gobierno del presidente Joe Biden por un nuevo programa que ofrece un camino hacia la ciudadanía a los inmigrantes que entraron ilegalmente al país y ahora están casados con ciudadanos estadounidenses.

La demanda argumenta que el programa, que comenzó a aceptar solicitudes el lunes, se extralimita en la autoridad del Gobierno para proporcionar alivio a las personas sin estatus legal y elude la intención de las leyes de inmigración de Estados Unidos.

La iniciativa, denominada Keeping Families Together (Mantener a las familias unidas), ofrece una vía hacia la ciudadanía a unos 500.000 cónyuges inmigrantes que entraron ilegalmente en Estados Unidos y tienen al menos 10 años de residencia. Sin esta opción, muchos tendrían que abandonar el país durante años antes de poder regresar legalmente.

Los republicanos han hecho de la inmigración ilegal un tema central de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, en las que el republicano Donald Trump, enfrentará a la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris.

America First Legal, una organización liderada por el asesor de Trump Stephen Miller, actuó como coasesora en la demanda junto a Texas y otros 15 estados con fiscales generales republicanos.

Miller, impulsor de las políticas restrictivas de Trump durante su presidencia de 2017 a 2021, calificó el programa de Biden de "descaradamente ilegal" en un comunicado.

Keeping Families Together también permite que unos 50.000 menores de 21 años con un padre ciudadano estadounidense obtengan un estatus temporal de "libertad condicional" que crea un camino hacia la ciudadanía.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

Texas se ha enfrentado repetidamente al gobierno de Biden en los tribunales por cuestiones relacionadas con la inmigración y la frontera.

En julio, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que Texas podía mantener una gran barrera flotante en el río Grande para impedir el paso ilegal de inmigrantes procedentes de México.

Un organismo de control interno del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detectó fallas en la aplicación CBP One, que utilizan miles de migrantes que buscan asilo en la frontera de Estados Unidos.

El informe de la Oficina del Inspector General de DHS, revela que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no planificó adecuadamente el uso de la aplicación y descuidó implementar mejoras que podrían haber identificado algún fraude.

El organismo no tomó las medidas suficientes para evitar el uso indebido de los registros de CBP One para obtener ventaja a la hora de aplicar, recoge el documento.

La investigación reveló que 52.992 de los 1.336.401 (el 4 %) de personas que se inscribieron en la aplicación entre el 12 de enero y el 18 de agosto de 2023 crearon al menos 10 registros únicos. La creación de múltiples registros es una táctica fraudulenta utilizada para aumentar la probabilidad de obtener una cita.

Además, no abordó factores críticos como el diseño, las traducciones y la equidad en la distribución de citas. Como resultado, los usuarios experimentaron fallos en la aplicación, mensajes de error, barreras lingüísticas y provocó que algunos solicitantes no recibieran las mismas oportunidades.

El estudio, que señaló una serie de vulnerabilidades de ciberseguridad, agrega que la aplicación podría haber utilizado cierta información para identificar actividad potencialmente sospechosa. Por ejemplo, algunas direcciones de destino se enumeraron cientos de veces desde el mismo puerto de entrada.

El organismo podría estar perdiendo una oportunidad importante de aprovechar la información de CBP One para identificar tendencias sospechosas en los ocho puntos de entrada de la frontera sur de EEUU. Históricamente, CBP no ha recibido información anticipada sobre los migrantes antes de su llegada a estos puntos, destaca el documento.

CBP no respondió de manera inmediata a una solicitud de comentarios de Martí Noticias.

CBP One ha sido una de las medidas de mayor impacto puestas en marcha por la administración de Joe Biden. Desde que comenzó a funcionar en enero de 2023, más de 765.000 personas programaron citas en la frontera de Estados Unidos.

Anteriormente estas solo se podían programar desde las zonas del norte y el centro de México, pero desde este viernes 23 de agosto se amplió a otros dos estados: Chiapas y Tabasco.

Más de medio centenar de organizaciones entre las que se encuentran Amnistía Internacional y WOLA enviaron esta semana una carta abierta al gobierno de México en la que afirman que CBP One "viola el derecho internacional de los refugiados" ya que constituye "una barrera para el asilo".

La administración Biden había limitado el derecho a solicitar asilo el 5 de junio pasado cuando las detenciones por cruces ilegales superen las 2.500 al día.

A inicios de este mes, EEUU suspendió de manera temporal los permisos de viaje para beneficiarios del programa de parole humanitario de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos por reportes de fraude.

Un comité del Congreso inició una investigación sobre la decisión congelar el programa. El DHS dijo que el programa de parole humanitario sería retomado "lo antes posible", tomando todas las precauciones.