Cuba es el país con menos libertad de internet en las Américas, y el cuarto en un ranking mundial de 70 países, detrás de China, Myanmar e Irán, según el informe 2022 sobre libertad global en la red que publica anualmente la organización Freedom House.
La isla de gobierno comunista volvió a calificar como país "no libre" y bajó el puntaje a 20, en una escala de 0 (menos libre) a 100 (más libre), en un reporte que destaca el apagón de internet y el bloqueo del acceso a WhatsApp, Telegram y Signal por parte de las autoridades que siguió a las manifestaciones del 11 de julio de 2021.
“Estos pasos impidieron que los manifestantes usaran efectivamente las herramientas digitales para coordinar las protestas, y separaron al movimiento de los medios de comunicación independientes y de los cubanos con sede en el extranjero, que habían obtenido apoyo para las manifestaciones en las plataformas de redes sociales internacionales”, subrayó Freedom House.
Cuba volvió a calificar como país "no libre" y bajó el puntaje a 20, en una escala de 0 (menos libre) a 100 (más libre). (Freedom House)
En el período evaluado, que va de junio de 2021 a mayo de 2022, el régimen cubano fue así parte de un número récord de gobiernos que bloquearon sitios web con contenido político, social o religioso no violento, socavando los derechos a la libre expresión y acceso a la información. El informe apunta que la mayoría de estos bloqueos se dirigieron a fuentes ubicadas fuera del país.
Sobre esta limitación de contenido, el reporte agrega que las autoridades cubanas y el monopolio estatal de comunicaciones, ETECSA, comúnmente bloquean los medios de comunicación disidentes o independientes y los sitios de activistas cubanos y organizaciones disidentes, aunque también bloquean a medios de comunicación extranjeros que no se enfocan exclusivamente en contenido cubano, como The Miami Herald y El Nuevo Herald.
Los principales sitios noticiosos y de periodismo sobre Cuba bloqueados por las autoridades incluyen, según Freedom House, a El Estornudo, 14ymedio, Diario de Cuba, Cibercuba, CubaNet, Cuba Encuentro, Periódico Cubano, Asociación para la Libertad de Prensa, Gato Pardo, Tremenda Nota, Proyecto Inventario, Rialta y Martí Noticias.
Mapa de la libertad en la red 2022. (Freedom House)
Freedom House cita informes que indican que el gobierno cubano ha comenzado a utilizar tecnología proveniente de China para bloquear y filtrar algunos contenidos en línea.
“Un informe de junio de 2020 de la organización de seguridad cibernética Qurium concluyó que el gobierno puede usar tecnologías de bloqueo desarrolladas por empresas chinas, incluidas herramientas de inspección profunda de paquetes (DPI)”, puntualizó.
El que hace la ley…
Según el reporte, nuevas leyes nacionales plantearon en este período una amenaza adicional para el libre flujo de información, al “centralizar la infraestructura técnica y aplicar regulaciones defectuosas a las plataformas de redes sociales”.
En el caso de Cuba, las autoridades monitorean el uso y trabajan para dirigir el tráfico a la intranet controlada por el gobierno mientras amenazan con castigos que van desde multas hasta años de cárcel a los ciudadanos que utilicen las redes sociales para expresar críticas al gobierno, o ideas contrarias a los preceptos del Partido Comunista.
El Estado cubano participa en “esfuerzos de manipulación de contenido y bloquea sitios de noticias independientes. La disidencia política es punible en virtud de una amplia gama de leyes, incluidos los Decretos Leyes 35 y 370, que se han utilizado en los últimos años para intimidar y silenciar a los periodistas en línea”, detalla el informe.
El artículo 68 del Decreto Ley 370, por ejemplo, declara ilegal que los cubanos tengan su contenido alojado en sitios web o plataformas que no sean copias espejo de sitios web alojados localmente. Mientras, el artículo 71 autoriza la incautación de equipos de trabajo utilizados para conectarse a internet, lo que también restringe los puntos de venta independientes en Cuba.
“La mayoría de las plataformas de medios digitales independientes han dependido durante mucho tiempo de servidores y hosts extranjeros para publicar y proteger su contenido de la censura y eliminación del gobierno, especialmente porque a los medios locales de propiedad privada se les niega sistemáticamente cualquier reconocimiento legal o protección en el entorno de los medios nacionales”, indica al respecto el informe.
Freedom House señala que, en Cuba, la vaga redacción de las disposiciones gubernamentales con respecto a la regulación del contenido permite a las autoridades censurar una amplia gama de publicaciones sin supervisión judicial.
Por ejemplo, la Resolución 179/2008 faculta a ETECSA para impedir que los usuarios accedan a sitios cuyos contenidos sean contrarios a “los intereses sociales, la ética y la moral, así como el uso de aplicaciones que afecten la integridad o seguridad del Estado”, mientras que la Resolución 56/1999 establece que todo material destinado a publicación o difusión en internet debe ser previamente aprobado por el Registro Nacional de Publicaciones Seriadas.
Otra medida, aprobada en abril de 2021 por la Asamblea Nacional y conocida como el Decreto Ley 35 “De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Uso del Espectro Radioeléctrico”, obliga a los proveedores a limitar el uso de los servicios utilizados para transmitir información falsa, contenidos que “afecten la privacidad personal y familiar”, o “la identidad, la integridad y el honor de la persona”, entre otros presuntos daños.
Entretanto, un nuevo Código Penal cubano, aprobado en mayo de este año, criminaliza aún más el discurso en línea, estableciendo penas explícitas y más severas para varios presuntos delitos cometidos a través de las redes digitales, incluidas las calumnias a funcionarios del gobierno y el uso de las redes sociales para organizar protestas.
Un mes antes de la aprobación de esta ley, en abril de 2022, el youtuber e influencer Yoandi Montiel Hernández, conocido como “El Gato de Cuba”, fue condenado a dos años de prisión por el delito de desacato. En prisión desde abril del año anterior, a la espera de juicio, Montiel Hernández fue detenido por criticar al gobernante Miguel Díaz-Canel en las redes sociales.
El informe cita también el caso del manifestante Yoan de la Cruz, quien fue encarcelado por filmar y divulgar en redes sociales las protestas pacíficas del 11 de julio en San Antonio de los Baños. El joven, sentenciado previamente a 6 años de prisión, y pasó a cumplir cinco años de trabajo correccional sin internamiento, del trabajo a la casa, tras el proceso de apelación.
Servicio deficiente a costo de lujo
Freedom House reitera que, a pesar de mejoras en la infraestructura técnica, Cuba mantiene una de las tasas de conectividad más bajas del hemisferio occidental, con conexiones deficientes y un costo de acceso alto.
En la isla, las tarifas de teléfono y acceso a internet siguen siendo exorbitantes según los estándares internacionales, afirma la organización.
“Con el salario mínimo mensual ajustado a 21 CUP ($84) después del 1 de enero de 2021, un residente de Cuba aún tendría que pagar casi 10 veces esa cantidad (20.000 CUP, o $800 por mes) por el servicio Nauta Hogar de tiempo completo, ya que no existen planes de tarifa plana”, explica la organización.
Y aunque los internautas cubanos todavía pueden conectarse a bajo costo, o sin costo, a través de las instituciones estatales donde trabajan o estudian, es más probable que en estas conexiones enfrenten la censura de ciertos sitios web y servicios.
En medio de este panorama, el gobierno cubano manipula la información en línea a través de políticas y otras iniciativas diseñadas para “mantener el dominio de los medios y narrativas progubernamentales y desacreditar las fuentes de información independientes”.
Freedom House señala que, de acuerdo con el Inventario Global de Manipulación Organizada de Redes Sociales de 2019, del Proyecto de Propaganda Computacional, las agencias gubernamentales cubanas emplean “redes coordinadas que manipulan las redes sociales mediante la difusión de desinformación, la amplificación del contenido progubernamental y el troleo”.
En uno de los entornos mediáticos más restrictivos del mundo, donde la constitución restringe el discurso que no “se ajusta a los objetivos de una sociedad socialista”, el gobierno vigila de cerca a los usuarios que publican o acceden a información política en línea y aplica severas sanciones a quienes percibe como disidentes, concluye el reporte.