Un recuento de los pasos dados por los gobiernos de Estados Unidos y Cuba desde el anuncio del deshielo de sus relaciones en diciembre de 2014 indica que, de las seis rondas de cambios regulatorios introducidos por el presidente Barack Obama entre enero de 2015 y el mes que termina para mejorar las relaciones con la isla, el gobierno de Raúl Castro ha aprovechado solo los aspectos que menos le exponen y le representan más ganancias fáciles, particularmente a su sector turismo, mientras que ha ignorado los que buscan un fortalecimiento del comercio y las inversiones o un empoderamiento del sector privado de la isla.
Un balance parcial que publicó en agosto el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba (USCTEC) recordaba por ejemplo que entre sus medidas comerciales la administración Obama ha autorizado la aprobación caso por caso de créditos de bancos estadounidenses para financiar ventas a Cuba; permitido el uso del dólar en transacciones internacionales del gobierno cubano y la apertura de cuentas corresponsales cubanas en instituciones bancarias estadounidenses; y ampliado la lista de productos que pueden ser exportados a Cuba, incluso a una serie de empresas estatales siempre que estas beneficien de alguna manera al pueblo cubano. También, la de productos cubanos que pueden importarse a EE.UU (se añadieron textiles y café).
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Sin embargo, el único sector en que se habían ampliado las importaciones cubanas según el estudio era en el de las medicinas, permitidas bajo la Ley de Democracia Cubana o Ley Torricelli de 1992 (un incremento de 457 % de 2014 a 2015), mientras que las de alimentos y productos agrícolas autorizadas por el Congreso en el año 2000 han continuado declinando, en lo que algunos analistas ven una intención de motivar a los lobbies agrícolas y alimentarios para que incrementen su presión contra el embargo.
Tampoco se ha autorizado a compañías estadounidenses a vender directamente a los negocios privados en Cuba ni a estos a exportar sus producciones al país vecino. En la misma línea, no se permiten préstamos de empresas de EE.UU. a los cuentapropistas de la isla.
En el caso de las inversiones, a pesar de que la apertura ha motivado a unos 500 representantes de empresas de EE.UU. (más de 150 con máximo nivel ejecutivo) a viajar a la isla para explorar oportunidades, el USCTEC señalaba que una de las cosas que Cuba no ha hecho es responder oportunamente a sus preguntas y preocupaciones.
La Habana no ha aceptado que empresas de internet y telecomunicaciones norteamericanas tiendan un cable de fibra óptica y mejoren la infraestructura del sector en la isla, algo que comisionaron a la firma china Huawei; ni ha importado de EE.UU. equipos de esta índole, o los dispositivos personales liberados por el gobierno de Obama.
En una carrera contra el advenimiento de una insospechada era Trump, autorizaron esta semana a Google a instalar en la isla servidores que aumentarían la velocidad de conexión a Internet y harían más asequibles contenidos de la empresa como YouTube.
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Antes, en junio de 2014, el presidente de Google, Eric Schmidt y otros tres ejecutivos viajaron a la isla para promover las virtudes de una internet libre y abierta, según reportó entonces el diario digital 14ymedio. La publicación mencionó la posibilidad de canalizar esa meta a través del proyecto de globos estratosféricos de Google, que abarataría los costos, pero eso nunca se concretó.
La Habana solo ha autorizado a mantener una presencia física y operativa en Cuba, también viabilizada por Obama, a firmas de la industria de la hotelería y los viajes (Starwood, American Airlines y Delta).
El jefe administrativo y asesor general de Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Kenneth S. Siegel (i), el presidente del grupo hotelero cubano Gaviota, Carlos Latuff Carmenate (c), y el jefe de operaciones para Latinoamérica de Starwood Hotels & Resorts,
A la única propuesta de inversión estadounidense que aprobara el gobierno cubano en principio, la de la compañía Cleber LLC de Alabama para fabricar y vender tractores sencillos a los agricultores cubanos, le fue denegado finalmente el permiso para establecerse en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel.
Muy distinta ha sido la respuesta cubana en todo lo que le proporciona ganancias rápidas, especialmente remesas y turismo, dos sectores que los militares ordeñan a través de sus Tiendas Recaudadoras de Divisas y sus cadenas de hoteles.
Con esa óptica Cuba dio el visto bueno a la reanudación de los vuelos comerciales programados (ocho aerolíneas) y los viajes de una línea de cruceros (Carnival), y más recientemente otras dos (Norwegian y Royal Caribbean); habilitó la expedición de, y las transacciones en la isla con tarjetas de crédito norteamericanas (bancos Stonegate de Florida y Popular de Puerto rico), y accedió a que compañías de EEUU (Priceline y Airbnb) hicieran reservas de alojamiento en Cuba, o gestionaran hoteles en el país, incluidos los que son propiedad de GAESA (Starwood).
La úlltima ronda de enmiendas
Del último paquete de medidas de la administración Obama anunciado en octubre La Habana ya está sacando grandes ganancias de la autorización a los viajeros estadounidenses para comprar y traer a su regreso todo el ron cubano y los habanos que deseen a condición de que sean para consumo personal.
También podrá aprovechar, sobre todo en relación con el megapuerto de Mariel, el levantamiento de facto de la restricción por seis meses para entrar en puertos de EE.UU. recogida en la Ley Torricelli para los buques que toquen puertos cubanos con fines comerciales.
Cuba ha acogido asimismo la enmienda que permite las transacciones inherentes a la aprobación de productos farmacéuticos de origen cubano por parte de la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) de los Estados Unidos, los que una vez aprobados podrían ser comercializados y vendidos.
Menos de un mes después del anuncio de la medida la FDA aprobó para pruebas clínicas la vacuna contra el cáncer de pulmón cubana cimavax-EGF. Todo esto se revierte en ingresos para las arcas del Estado.
Menos probable es que el gobierno cubano corresponda positivamente a los cambios regulatorios que ampliaron la autorización de subvenciones, becas y premios en EE.UU. para ciudadanos cubanos. De hecho las autoridades orquestaron este año una campaña nacional de repudio contra la participación de jóvenes cubanos en campamentos de verano de la organización World Learning.
Igualmente dudoso es que den luz verde para que “personas bajo la jurisdicción de los Estados Unidos provean a Cuba o a ciudadanos cubanos servicios relacionados con el desarrollo, la reparación, el mantenimiento y el mejoramiento de ciertas infraestructuras cubanas con el fin de beneficiar directamente al pueblo de la isla”. O servicios de seguridad relacionados con la aviación civil. O que autoricen las “exportaciones directas a personas autorizadas en Cuba de ciertos bienes de consumo que se venden a través de internet u otros medios, para su uso personal”.