Muchos dueños de negocios en Cuba han decidido el cierre total o parcial de sus negocios ante las nuevas medidas decretadas por el régimen de La Habana.
Algunas de las llamadas mipymes están rematando sus mercancías y otros intentan insertarse en el nuevo escenario de prohibiciones que trajo la Resolución 56-2024.
La nueva norma ordena la cancelación de todas las licencias comerciales otorgadas tanto a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) como a las cooperativas no agropecuarias (CNA) y trabajadores por cuenta propia (TCP) con autorización para ejercer el comercio mayorista.
La ley establece además que los negocios deberán liquidar la mercancía destinada al comercio mayorista en un plazo máximo de ciento veinte (120) días hábiles, a partir de la entrada en vigor de la resolución.
Los temores son grandes y las personas prefieren cerrar y emigrar después que el gobierno cubano restringió el comercio mayorista para los actores económicos del sector privado, dijo a Martí Noticias, Ángel Marcel Rodríguez Pita, asesor de emprendimiento.
"Esto se está viendo a lo largo y ancho del país”, dijo el experto en la gestión privada en Cuba.
Lee también Cuba prohíbe el comercio mayorista entre negocios privadosLa resolución del Ministerio de Comercio Interior, según el gobierno cubano, busca reorganizar el sistema económico y fortalecer la participación estatal en ciertos sectores y se irá implementando de manera gradual.
Sin embargo, Rodríguez Pita considera que con esta medida “el gobierno cubano está apostando a una crisis mayor, a provocar una crisis mayor dentro de la economía cubana".
"Tal parece que está buscando eliminar la pobreza, sí, pero eliminando a los pobres”, sentenció.
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“El gobierno cubano está apostando a una crisis mayor"
Según informó el diario 14ymedio muchas mipymes no aceptan las nuevas reglas del Gobierno, están rematando sus productos y optan por el cierre.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción de esa publicación cuestionó: “¿Qué le importa al Estado cubano que el que traiga las cosas de otro país sea un particular. Ah, no tengo que ser yo. ¿Por qué? Porque como decía que aquel humorista ‘Aquí nadie toca nada, que el único que toca soy yo’. Entonces ese autoritarismo, ese deseo de controlar, que no tiene otra intención que no sea embolsillarse los dineros y no permitir que otro se enriquezca, eso trae como consecuencia esta situación”.
Rodríguez Pita destacó el papel de las mipymes en medio de la compleja situación económica que afecta a la producción de alimentos.
"Si hay una reducción significativa a las inversiones en la isla esto va a tener un impacto en la oferta y, por tanto, en el consumo; va a generar mayor especulación en el mercado; va a generar un proceso inflacionario realmente elevado, pero sobre todo aquí se encienden las alarmas porque el euro está cayendo en el mercado mundial y una caída también de las monedas en el mercado mundial, con repercusiones en la isla tendría consecuencias porque las remesas y tal perderían valor, esas remesas en cuanto al acceso y a las oportunidades que pueden tener las personas al consumo", agregó Rodríguez Pita.
“Es decir, tenemos varios sucesos en el escenario y es realmente caótico, un escenario que cada vez se complejiza más”, dijo.
Esta semana el economista cubano Juan Triana Cordoví escribió en un artículo publicado en OnCuba que "la Resolución 56/2024, regalo de fin de año, hay que situarla junto a las otras que han ido encerrando al sector no estatal en una jaula regulatoria cada vez más estrecha".
"Como las otras, horada el cimiento más importante de cualquier economía: la confianza, y afecta directamente a un sector que hoy emplea al 35 % de los ocupados de los cuales dependen numerosas familias. ¿Cuánto nuevo desempleo generará esta medida? ¿Tiene el Estado una opción para esos futuros desocupados? ¿Se convertirán algunos de ellos en esa figura que hoy eufemísticamente llamamos “deambulantes”? Ese sector genera el 15 % del PIB. ¿Tiene capacidad el sector empresarial estatal para suplir esa pérdida, si hoy sabemos que la tasa de inversión alcanza apenas el 10 % del PIB, cuando la misma debería estar al menos en el 25 %?", cuestionó el experto.