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Una victoria en EEUU contra compañías de viajes que negocian con propiedades confiscadas por el régimen cubano


El abogado Andrés Rivero en una conferencia de prensa sobre propiedades confiscadas en Cuba en la década de los años 60. (OCB/Roberto Koltún).
El abogado Andrés Rivero en una conferencia de prensa sobre propiedades confiscadas en Cuba en la década de los años 60. (OCB/Roberto Koltún).

El bufete Rivero Mestre, con oficinas en Miami y Nueva York, dio a conocer que ganó el pasado martes una apelación en una demanda bajo la Ley Helms-Burton contra las empresas Trivago GMBH, Booking.com B.V., Expedia Inc. y otras compañías de viajes.

La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de EEUU revocó la desestimación anterior de una demanda por violaciones de la Ley Helms-Burton por parte de los acusados, “todas empresas que han traficado y se han beneficiado del tráfico de propiedades confiscadas por el gobierno cubano”, señaló el bufete.

En esta instancia, la Corte devolvió el caso al tribunal anterior para más procedimientos.

La decisión "es una gran victoria para los demandantes del Helms-Burton", dijo el letrado Andrés Rivero. "Esperamos llevar nuestro caso ante un jurado y reivindicar los derechos de nuestro cliente, cuya propiedad está siendo traficada ilegalmente".

En la apelación, explicó el bufete, Rivero Mestre afrontó cuestiones de competencia personal y competencia material, en las que las empresas basaron su decisión de desestimar la demanda.

El tribunal de apelación concluyó que la impugnación de la jurisdicción personal no era fáctica y que Rivero Mestre alegó suficientemente cada uno de los requisitos de la materia en cuestión, indicó el bufete.

La Ley Helms-Burton otorga a los cubanoamericanos, cuyas propiedades en Cuba fueron confiscadas por la dictadura comunista de Fidel Castro, el derecho a recuperar daños y perjuicios de las personas y entidades que trafiquen o se beneficien del tráfico de sus propiedades.

La Ley también prevé el triple de daños contra un demandado que recibió notificación previa de la demanda y no detuvo su tráfico ni compensó a los propietarios de los bienes confiscados, recordó el bufete.

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