Desde este primero de julio y tras cuatro años de batalla, los cocheros de Mayarí, que proveen el principal medio de transporte en el territorio, podrán cobrar nuevamente dos pesos por pasaje, en lo que consideran una importante victoria.
Estos trabajadores privados tuvieron que acatar en 2016 una arbitraria e injusta medida dictaminada por el Consejo de la Administración Municipal del Poder Popular, que determinó la disminución del 50 por ciento del precio que podían cobrar por pasaje: de dos pesos se redujo a uno.
Durante este largo periodo los cocheros nunca dejaron de protestar, algunos exigieron ante las instancias estatales, otros dejaron de trabajar porque con la reducción de las ganancias, no podían pagar los altos precios del alimento de los caballos, el servicio veterinario, la reparación de los coches, la compra de herraduras y clavos, además de las multas y hostigamiento de parte de inspectores.
El persistente reclamo de más de 150 cocheros llevó al gobierno local a dar marcha atrás a la medida, y ceder ante estos privados.
"Al final es una victoria de la insistencia", dijo a Radio Televisión Martí, el periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez.
Sin embargo, el comunicador llama la atención sobre el rejuego de las autoridades para para evitar el reconocimiento del error cometido, pues han anunciado el cambio de medida como una iniciativa incluida en el plan de recuperación tras el COVID-19.
"Ellos no quieren dar su brazo a torcer", dijo Ramírez Álvarez.
En la localidad de Mayarí los cocheros y bicitaxistas son el principal medio de transporte por lo que la disminución del servicio de los privados y la ausencia de la alternativa estatal, ha provocado durante todo este tiempo una gran acumulación de personas en los puntos de recogida de pasajes.
En los últimos años, los transportistas privados han protagonizado protestas, a veces como huelgas silenciosas, en varias ciudades del país.
Los coches tirados por caballos, los bicitaxis, los almendrones y camiones de pasajeros para el transporte intermunicipal e interprovincial son esenciales en un país donde el gobierno ha mostrado por décadas la incapacidad de garantizar la movilidad de los ciudadanos.
