El juicio contra la activista cubana Sulmira Martínez Pérez se celebró este martes en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial de La Habana.
Martínez Pérez fue imputada con los cargos de Propaganda contra el orden constitucional y Desacato por incitar, en Facebook, a un estallido social y a la violencia. De acuerdo a lo que su madre, Norma Pérez, escuchó en la vista oral, realizada en el inmueble del tribunal del municipio Diez de Octubre, las acusaciones carecen del fundamento de las evidencias.
En sus Conclusiones Provisionales, la Fiscalía reconoce que el proceso contra la joven obedece a una motivación política porque los llamados de Sulmira tenían "la finalidad de cambiar el orden político, económico y social establecido en la Constitución de la República".
“La fiscal habló de las publicaciones, que eran contra el país, en contra del Gobierno, que eso son cosas que no se pueden tolerar porque es contrarrevolución, pero la abogada hizo un papel buenísimo, explicó que Sulmira tiene 22 años y no se le debe castigar así tan fuertemente”, indicó Pérez a Martí Noticias.
El órgano acusador aseguró que la joven vigiló la tienda Las Guásimas, ubicada a aproximadamente 100 metros del edificio donde reside y que "llegó a recolectar varias botellas" para ser usadas como "cocteles molotov". Sin embargo, aclaran que tales botellas "no fueron ocupadas".
“La abogada le contestó que eso nunca se ocupó en la casa. Lo único que se incautó fue la computadora y los teléfonos, uno de Sulmira y otro mío, como tampoco se incautaron cartones, supuestamente, para hacer carteles”, señaló Pérez.
Sobre el presunto pago a Martínez Pérez para confeccionar carteles, de parte de la cubana residente en Estados Unidos, Yamila Betancourt García, conocida en redes como "La hija de Maceo’, la Defensa argumentó que no había pruebas de que la acusada recibiera dinero para actividades subversivas.
El juicio, cuya sentencia será entregada en 30 días, se llevó a cabo bajo un fuerte operativo de la policía política, con agentes de la Seguridad del Estado, dentro y fuera del recinto judicial, así como varias patrullas de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria).
“Dentro del local, nada más que nosotros, tres familiares, el resto del personal que allí había era de la Seguridad del Estado”, subrayó Pérez a nuestra redacción.
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