Al menos dos diplomáticos cubanos, con altos cargos en la Embajada de Cuba en los Estados Unidos, participaron el mes pasado en una reunión celebrada en Atlanta con activistas de izquierda y líderes sindicales, informó la organización Workers.org.

Alejandro García del Toro, segundo jefe de la Misión de la Embajada de Cuba en Washington, y Gabriela Castillo Rodríguez, segunda secretaria de la sede diplomática, participaron en el evento auspiciado por la emisora radial WRFG 89.3FM, una estación de radio comunitaria progresista.

Según refiere el portal sindical, en la reunión del 22 de agosto estuvieron decenas de activistas de los grupos Black Alliance for Peace, Community Movement Builders, Malcolm X Grassroots Movement, Jewish Voice for Peace, Workers World Party, Freedom Road Socialist Organization y ANSWER Coalition.

De acuerdo a Workers.org, en el encuentro participaron miembros de los sindicatos de camioneros y pintores y la Coalición de Sindicalistas Negros, activistas de la vivienda y de “Stop Cop City”, además de estudiantes palestinos y trabajadores de Amazon.

La organización socialista Atlanta Democratic Socialists of America (ATLDSA) también informó sobre la charla con los diplomáticos cubanos y, según expresaron en sus redes sociales, les sirvió para aprender sobre el embargo de Estados Unidos a Cuba y "los impactos dañinos de las sanciones estadounidenses sobre Cuba".

De acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el documento que desde 1964 sirve de pauta para regular el comportamiento de Embajadas y sedes diplomáticas, las funciones de una misión diplomática se limitan a: representar al Estado acreditante ante el Estado receptor; proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional; negociar con el gobierno del Estado receptor; enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante; e. fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor.

En los primeros seis meses de 2024, las exportaciones de vehículos desde Estados Unidos a Cuba alcanzaron más de 36 millones de dólares, según el más reciente informe del Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba.

Las exportaciones de autos usados representaron la mayor parte, con un valor de 34.587.077 dólares entre enero y julio de 2024, informó John S. Kavulich, presidente de dicha organización no gubernamental creada en 1994.

“Las ventas de vehículos a Cuba son parte de la gran historia de este año”, acotó el experto, quien tachó el acontecimiento como el cambio más significativo en comparación con el año pasado.

Según su proyección, el negocio de la venta de autos a Cuba pudiera rondar los 50 millones de dólares en los próximos meses.

Tan sólo en el mes de julio, las exportaciones de vehículos usados sumaron 3.705.643 dólares.

“El incremento es notable, si tomamos en cuenta las dificultades económicas que enfrenta Cuba, como la escasez de electricidad y combustible, y los altos precios de este último”, dijo Kavulich.

En 2023, las exportaciones de autos a Cuba totalizaron 9.824.627 dólares, mientras que en febrero de 2024 casi se alcanzó la mitad de esa cifra.

Para adquirir un vehículo en Cuba, es necesario cumplir con las licencias emitidas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, las cuales permiten la compra a residentes naturales o personas jurídicas cubanas y extranjeras.

Recientemente, el gobierno cubano anunció una actualización en la política para la comercialización de vehículos, cuyas normas jurídicas se publicarán antes de octubre de 2024.

Según Kavulich, la mayoría de los compradores de vehículos procedentes de EEUU son empresarios del sector privado cubano, a pesar de que el gobierno sigue dificultando el crecimiento de este sector en la isla.

Aun así, opinó el experto, La Habana reconoce que el sector privado es fundamental para la economía, a pesar de sus reticencias.

Caen los alimentos

En contraste con el aumento de las exportaciones de autos, las de alimentos disminuyeron un 2.6% en julio de 2024, con registro de 31.457.528 dólares, en comparación con 32.313.837 dólares del mismo mes en 2023.

El gobierno de Díaz-Canel mantiene que "el bloqueo es el principal escollo para avanzar en la búsqueda de la prosperidad y bienestar de la población cubana”, y asegura que los daños ocasionados en más de seis décadas de la aplicación de esta política ascienden a más de 147.853 millones de dólares.

En el informe del Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba, la isla aparece mencionada como ocupante del puesto 50 entre los 222 mercados de exportación de productos agrícolas y alimenticios de EEUU.

Los senadores republicanos Marco Rubio, Rick Scott y Ted Cruz enviaron una carta al Secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, en la que alertan que la reciente expansión de los servicios de visas de no inmigrantes para Cuba sólo beneficia a un Estado Patrocinador del Terrorismo y pone en mayor peligro la seguridad nacional.

A mediados de agosto se anunció que la Embajada de Estados Unidos en La Habana comenzará a procesar algunos tipos de visado de no inmigrante, incluyendo los de intercambio cultural, religiosos, académicos o de estudios, entre otros.

Los legisladores opinaron que la expansión de las visas de no inmigrantes estará sesgada hacia el beneficio de los miembros de la élite o la clase dirigente y dijeron a Blinken que es muy probable que quienes reciban ese tipo de visas "tengan relaciones favorables con el régimen".

Los representates de Florida (Scott y Rubio) y Texas (Cruz) dijeron que “el régimen históricamente ha patrocinado a atletas, artistas y animadores para difundir su propaganda en el extranjero” y que “sólo a aquellos que hablen positivamente del régimen se les permitirá salir de la isla”.

Asimismo opinaron que “será casi imposible realizar una investigación adecuada de los posibles beneficiarios de las visas de no inmigrante” dada la "falta de transparencia" del régimen.

“En lugar de obligar a la dictadura cubana a poner fin a sus abusos de los derechos humanos y traer la democracia a la isla, la administración Biden-Harris sólo ha buscado oportunidades para apaciguar al régimen y reparar las relaciones diplomáticas. No vemos ninguna otra razón para ampliar las visas de no inmigrante a los individuos cubanos y ninguna justificación de por qué hacerlo sirve a los intereses de los Estados Unidos”, escribieron los senadores.

Por otra parte, recordaron que esta no es la primera vez que la Administración Biden-Harris ha tomado medidas “para aplacar al régimen cubano al aliviar las restricciones migratorias”.

“Recientemente, la administración introdujo un programa de libertad condicional (parole humanitario) que ha permitido que ex funcionarios de alto rango del régimen y miembros de las fuerzas de Seguridad del Estado, todos ellos cómplices de abusos de los derechos humanos en la isla, se infiltraran y residieran en Estados Unidos. La Administración Biden-Harris detuvo este programa solo después de los informes de fraude y abuso generalizados, lo que demuestra nuestra incapacidad para investigar adecuadamente a las personas procedentes de la isla”, dijeron.

Teniendo en cuenta las preocupaciones señaladas anteriormente, los senadores pidieron a Blinken que explique "cómo sirve a los intereses de los Estados Unidos la ampliación de los visados nacionales a los ciudadanos cubanos” y “cómo se asegurará de que no se expidan visados nacionales a personas con vínculos con el régimen”.

También preguntaron si el gobierno de Estados Unidos ha ampliado los visados nacionales a territorios como Irán, Corea del Norte y Siria, los otros tres países en la Lista de Países que Patrocinan el Terrorismo.

Los senadores republicanos por la Florida, Rick Scott y Marco Rubio, presentaron una resolución que condena al régimen cubano que, señalaron, continúa con sus intentos de amenazar la estabilidad y la seguridad en el hemisferio occidental y llevando a cabo crímenes atroces contra sus ciudadanos.

Los senadores expresaron que el régimen cubano ha convertido a Cuba en un refugio seguro para la China comunista, Rusia, Irán y Venezuela, y que Estados Unidos debe seguir defendiendo la democracia y los derechos del pueblo cubano.

“El régimen comunista cubano ilegítimo es una fuerza desestabilizadora en el hemisferio occidental, un refugio seguro para los terroristas, un amigo de los enemigos de Estados Unidos, un opresor del pueblo cubano y un violador de los derechos humanos, expresó Scott en un comunicado.

Añadió que la resolución deja en claro que “Estados Unidos no tolerará los abusos de los derechos humanos del régimen cubano” y que utilizará toda la fuerza del gobierno para hacerlos responsables.

Por su parte, Rubio expresó que “el mundo está siendo testigo de las múltiples formas en que el régimen de Díaz-Canel ha servido como títere de China, Irán y, más recientemente, Rusia” y que “Estados Unidos tiene el deber moral de defender los intereses del país, ademas del orden democrático y la justicia en el Hemisferio Occidental”.

La resolución critica al régimen por su política de hostigar y encarcelar a sus ciudadanos, por el envio de médicos a misiones por las que reciben sólo entre el 10 y el 25 por ciento de su salario, por estar en la Lista de Países que Patrocinan el Terrorismo, por ser una fuente de inestabilidad regional al enviar a Venezuela personal cubano que asesora e instruye a agencias de inteligencia venezolanas y da asistencia de seguridad a Nicolás Maduro, y por utilizar la inmigración ilegal como un arma para abrumar la frontera de los Estados Unidos, entre otras acusaciones.

La resolución dice que, “considerando que la política de los Estados Unidos ha tenido como objetivo desde hace mucho tiempo el brindar libertad, prosperidad y democracia al pueblo cubano” se resuelve que el Senado se opone a cualquier revisión de la política de los Estados Unidos hacia Cuba establecida en la legislación de los Estados Unidos hasta que el régimen cubano cambie las políticas antes mencionadas y su hostilidad hacia los Estados Unidos”.

También hace un llamamiento al gobierno de los Estados Unidos para que “utilice todas las herramientas diplomáticas para persuadir a los gobiernos extranjeros y a las organizaciones internacionales a que unan sus esfuerzos y coordinen actividades para brindar libertad y democracia a Cuba”, y considera que Estados Unidos debe trabajar con aliados y democracias afines para buscar la expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La resolución pide además que se mantenga a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado y que dicha agencia presente informes semestrales al Congreso, el 1 de marzo y el 1 de septiembre de cada año, sobre sus esfuerzos para llevar la libertad y la democracia a Cuba sobre la base de los principios delineados en la resolución.

También alienta al Representante Comercial de Estados Unidos a que “entable consultas con el Gobierno de México y todos los demás países que participan en el tráfico de médicos cubanos, no solo en México, sino en todos los demás países que violan las disposiciones laborales del Tratado Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC)”.

La representante republicana por la Florida, María Elvira Salazar, presentó una resolución complementaria en la Cámara de Representantes.

Estados Unidos extendió el plazo de prescripción para las violaciones a ciertas sanciones que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, y que en el caso de Cuba guardan relación con el embargo.

La OFAC ahora puede iniciar una acción coercitiva por infracciones civiles de las sanciones, por error o intencionales, basadas en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), o la Ley de Comercio con el Enemigo (TWEA), "dentro de los 10 años posteriores a la última fecha de la violación, si dicha fecha fue posterior al 24 de abril de 2019", detalló la agencia en una guía explicativa de las nuevas normas.

La Ley de Comercio con el Enemigo, promulgada en 1917 por el presidente Woodrow Wilson, permite a la administración de turno restringir las actividades comerciales con cualquier nación al considerarla un enemigo de Estados Unidos. Una extensión de la aplicación de esta ley con respecto a Cuba aprobada por Biden el año pasado tiene fecha de expiración el 14 de septiembre de 2024.

La medida responde a la Ley de Paz a través de la Fuerza del Siglo XXI, promulgada por el presidente Joe Biden en abril de 2024. Antes de la promulgación de la Ley, las acciones de cumplimiento civil iniciadas por la OFAC estaban sujetas al estatuto de limitaciones de cinco años.

Según esta ley, “una acción, demanda o procedimiento para la ejecución de cualquier multa, pena o decomiso civil, pecuniario o de otro tipo” iniciado bajo IEEPA o TWEA “no se iniciará a menos que se haga dentro de los 10 años posteriores a la última fecha de la violación en la que se basa la multa, pena o decomiso civil”.

Este nuevo plazo de prescripción de 10 años se aplica a cualquier infracción que no haya prescrito al momento de su promulgación, explica la OFAC en la guia.

En consecuencia, la OFAC ahora puede comenzar una acción de cumplimiento por violaciones civiles a las sanciones basadas en IEEPA o TWEA dentro de los 10 años siguientes a la última fecha de la infracción, si dicha fecha fue posterior al 24 de abril de 2019, dijo la agencia federal.

La guía subraya que la OFAC "anticipa que un requisito de mantenimiento de registros por 10 años entraría en vigor seis meses después de la publicación del informe provisional de la regla final".

La medida aporbada por Biden en abril pasado afecta las transacciones con Cuba de empresas dentro y fuera de EEUU. "La OFAC tenía cinco años, ahora tiene diez. Otra razón para evitar Cuba", comentó el Consejo Económico y Comercial Cuba-EEUU (Cuba Trade).