“El gobierno cubano continúa la represión y castigos contra los disidentes y las críticas públicas (al gobierno)”, afirmó Human Rights Watch durante la presentación de su reporte anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.
El informe fue presentado por Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, en la sede la de ONU, en Nueva York el martes. El informe recoge la situación de los derechos humanos en más de 90 países.
En el caso particular de Cuba, el documento subrayó que los arrestos breves y arbitrarios de defensores de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil fueron más bajos en el 2019 que en los 12 meses anteriores, pero aun así continúan altos, con unas 1,800 detenciones reportadas hasta agosto.
“El gobierno continúa usando tácticas represivas contra sus críticos, incluyendo golpizas, escarnios públicos, restricciones de viaje y despidos de empleos. En febrero, una nueva Constitución de la República de Cuba fue aprobada en referendo, que entró en vigor en abril. Antes de la consulta popular, las autoridades reprimieron a los activistas que se oponían a su adopción, incluyendo allanamientos, detenciones cortas y bloqueos de varias páginas web que eran consideradas críticas del régimen”, precisó el documento.
Las detenciones
Las detenciones arbitrarias son para presionar e intimidar a sus críticos, activistas independientes, opositores políticos y otros.
Según el informe, el número de detenciones cortas y arbitrarias, que se habían incrementado dramáticamente entre el 2010 y el 2016 –desde unas 172 como promedio por mes a 827-, comenzaron a disminuir en el 2017, de acuerdo con la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Según la misma fuente, el número de detenciones arbitrarias reportadas continuó bajando en el 2019, con 1,818 de enero a agosto, una disminución del 10 por ciento en comparación con las 2,024 reportadas durante el mismo período en el 2018.
“Los oficiales de la seguridad raramente presentan órdenes de arresto para justificar las detenciones de sus críticos. En algunos casos, los detenidos son liberados después de recibir advertencias, que los fiscales pueden usar en subsiguientes juicios para mostrar un patrón de comportamiento delictivo”, explicó el reporte.
“Las detenciones son usadas con frecuencia para impedir que las personas participen en marchas pacíficas o reuniones con fines políticos. Los detenidos son con frecuencia golpeados, amenazados e incomunicados por horas o días”, dice el informe de Human Rights Watch.
El documento señaló que los agentes de la seguridad presionan, maltratan y detienen de manera rutinaria a las Damas de Blanco antes o después de la misa del domingo.
Sin libertad de expresión
De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas, Cuba tiene el “clima más restrictivo para la prensa en Las Américas”.
“Un pequeño número de periodistas independientes y blogueros se las arreglan para escribir artículos para portales y blogs o publican tuit. El gobierno rutinariamente bloquea el acceso dentro de cuba a esos portales. En febrero, antes del referendo sobre la nueva Constitución, bloqueó varias páginas de internet que considera críticas del régimen, incluyendo 14ymedio, Tremenda Nota, Cibercuba, Diario de Cuba y Cubanet. Desde entonces, ha continuado bloqueando otras páginas”.
El texto subrayó que “solo una fracción de cubanos” pueden leer páginas de internet y blogs independientes debido al alto costo y limitado acceso a la internet.
“Los periodistas independientes que publican informaciones consideradas críticas del gobierno son rutinariamente sujetos a acosos, violencia, campañas de descrédito, restricciones de viaje, allanamientos en sus casas y oficinas, confiscación de sus materiales y arrestos arbitrarios. A los periodistas se les mantiene detenidos sin comunicación, al igual que a los artistas y académicos que demandan mayores libertades”, precisó el reporte.
Como parte de esos esfuerzos del régimen, el decreto 370/2018 sobre la “informatización de la sociedad” entró en vigor y convirtió en ilegal para los cubanos tener una página web con servidores en un país extranjero. La nueva ley –apuntó el reporte- puede afectar directamente a la mayoría de las páginas de internet independientes y blogs críticos del gobierno. El decreto oficial también prohíbe la diseminación de información “contraria a los intereses sociales, la moral, las buenas maneras y la integridad de las personas”.
El informe también puntualizó que, en abril, el decreto 349 estableció restricciones amplias y vagas sobre las expresiones artísticas, al prohibir actuaciones o cualquier otra expresión artística en lugares públicos o privados sin la expresa autorización del Ministerio de Cultura.
“Aquellos que contraten o hagan pagos a personas por servicios artísticos sin autorización, están sujetos sanciones, como también los artistas. Entre las sanciones están multas, confiscaciones de materiales, cancelación de eventos artísticos y revocación de licencias”, indicó el reporte.
Los prisioneros políticos
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, hasta octubre, precisó que el régimen mantiene en cárceles a 109 prisioneros políticos.
El informe de Human Rights Watch subrayó que el gobierno le niega el acceso a las prisiones al grupo. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y la Reconciliación Nacional sospecha –según el reporte- que existen más prisioneros políticos cuyos casos no ha podido documentar.
Human Rights Watch enfatizó que quienes critican al gobierno enfrentan la amenaza de enjuiciamientos y no cuentan con garantías procesales porque las cortes están subordinadas a las ramas ejecutiva y legislativa.
Entre los casos más conocidos de arrestos arbitrarios está el de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quien fue detenido en su casa por agentes de la policía. Hasta el momento –precisó el informe-, no se le ha informado sobre cuáles son las acusaciones formales contra él y no ha sido presentado ante un juez.
Las restriciones a los viajes
Human Rights Watch subrayó que desde el 2003, muchas personas a las que anteriormente se les había negado el permiso para viajar pudieron hacerlo, incluyendo defensores de los derechos humanos y blogueros independientes, pero las reformas, sin embargo, “dieron al gobierno poderes discrecionales amplios para restringir los viajes sobre la base de ´defensa de la seguridad nacional´ y ´otras razones de interés público´. Las autoridades han continuado negando la salida a personas que expresan opiniones disidentes”.
Las cárceles
Las prisiones están saturadas y los prisioneros son obligados a trabajar 12 horas diarias y castigados si no cumplen las cuotas diarias, según un exprisionero político citado en el informe.
“Los prisioneros no tienen un mecanismo efectivo para quejarse por abusos. Aquellos que critican al gobierno o llevan a cabo huelgas de hambre u otras formas de protesta, con frecuencia terminan en aislamiento solitario, son golpeados, ven restringidas las visitas familiares o se les niega asistencia médica”.
Sin derechos laborales
En otra parte del reporte, Human Rights Watch apuntó que, aunque el gobierno actualizó su Código de Trabajo en 2014, La Habana continúa violando las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo que ha ratificado, en el tema de la libertad de asociación. “Aunque la ley cubana técnicamente permite la formación sindicatos independientes, en la práctica Cuba solo permite los sindicatos controlados por el gobierno: la Central de Trabajadores de Cuba”.
Los defensores de los derechos humanos
En el acápite dedicado al monitoreo de los derechos humanos, el texto advirtió que el régimen se niega a reconocer esa práctica como una actividad legítima y les niega reconocimiento a los grupos de derechos humanos locales.
“Las autoridades gubernamentales han acosado, asaltado y encarcelado a los defensores de los derechos humanos que han tratado de documentar estos abusos”.
El reporte citó el caso de Ricardo Fernández Izaguirre, un defensor de los derechos humanos y periodista, quien fue arrestado después de salir de las oficinas centrales de las Damas de Blanco en La Habana, donde había estado documentando violaciones a los derechos de libertad religiosa. Fue liberado tras nueve días en prisión”.
La comunidad LGBT
El documento de Human Rights Watch precisó que el gobierno cubano decidió retirar del borrador de la nueva Constitución, aprobada en febrero del 2018, lenguaje que hubiera redefinido el concepto de matrimonio para incluir a las parejas del mismo sexo.
En mayo –señaló el informe-, las fuerzas de seguridad arremetieron contra una protesta en La Habana que promovía los derechos de las lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros. Como parte de la arremetida, varios activistas fueron detenidos.
“La protesta, que no estaba autorizada, fue organizada después de que el gobierno anunciara que había cancelado la Marcha del Orgullo Gay del 2019 en Cuba”, afirmó el documento.
