El presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó una serie de leyes que, según los organismos de defensa de los derechos humanos y los políticos de la oposición, socavarán los procesos democráticos.
La controvertida legislación entró en vigor inmediatamente después de su promulgación el 30 de diciembre e incluyó una modificación a una ley que permite que las personas y entidades públicas sean reconocidas como agentes extranjeros si se considera que realizan actividades políticas "en interés de un Estado extranjero."
Los motivos para ser reconocido como "agente extranjero" podrían ser la recopilación intencionada de información sobre las actividades militares de Rusia que pudieran dañar la seguridad de Rusia; la celebración de mítines o debates políticos; brindar opiniones sobre políticas estatales; acciones que promuevan un resultado determinado en una elección o referéndum; o participación como observador electoral o en partidos políticos, si se realizan en interés de una entidad extranjera.
Las entidades que han sido calificadas de "agentes extranjeros" están sujetas a restricciones tales como proporcionar informes financieros sobre sus actividades e identificarse como tales en las publicaciones.
Putin firmó un proyecto de ley separado que impone penas de hasta cinco años de prisión a aquellos identificados como "agentes extranjeros" que no se registran como tales o no informen sobre sus actividades.
Amnistía Internacional criticó la legislación antes de que se convirtiera en ley, diciendo que "limitaría y dañaría drásticamente el trabajo no solo de las organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos de fuera de Rusia, sino también de muchos otros grupos".
Los críticos dicen que la ley de "agentes extranjeros", aprobada originalmente en 2012 y desde entonces ampliada mediante enmiendas, se ha aplicado arbitrariamente para atacar a las organizaciones de la sociedad civil rusa, los defensores de los derechos humanos y los activistas políticos.
El 28 de diciembre, Rusia calificó efectivamente a las personas como "agentes extranjeros" por primera vez, pero en un registro del Ministerio de Justicia de "medios de comunicación extranjeros que realizan las funciones de un agente extranjero". Tres de las cinco personas enumeradas contribuyen a RFE / RL. Los otros dos son activistas que no son miembros de los medios de comunicación.
El 30 de diciembre, Putin también firmó un proyecto de ley que permite al regulador de medios Roskomnadzor restringir parcial o totalmente o ralentizar el acceso a sitios web extranjeros que "discriminan a los medios rusos".
Se espera que la legislación afecte a las principales plataformas de redes sociales como YouTube, Facebook y Twitter.
Otro proyecto de ley firmado prohíbe la divulgación de información personal sobre ciertos "empleados [de las agencias de aplicación de la ley], sus familias y bienes".
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley elaborarán la lista de personas que reúnen los requisitos para la medida y pueden incluir funcionarios, tales como jueces, fiscales, investigadores, así como empleados del Ministerio del Interior, el Servicio Penitenciario Federal y el Servicio Federal de Seguridad.
