A pocos días de la manifestación cívica convocada por la plataforma Archipiélago para el 15 de noviembre, la Comisión de Apoyo y Protección a los manifestantes dio a conocer su segundo informe sobre la represión en Cuba, en el cual advierte que el régimen quiere imponer una sensación de impotencia en el pueblo, con el fin de evitar las protestas públicas.
Desde el 31 de octubre al 6 de noviembre, la Comisión ha recibido denuncias procedentes de La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Holguín, Guantánamo, Pinar del Río, Las Tunas y Ciego de Ávila.
En total se registraron 45 denuncias por acciones represivas.
El documento destaca que "continúan los mítines de repudio en domicilios de activistas". Algunos ejemplos: los realizados contra el escritor Rafael Vilches en Cienfuegos, el dramaturgo Yunior García Aguilera en La Habana y la ilustradora Mary Esther Lemus Cordero también en la capital.
Hubo un incremento sustancial de citaciones e interrogatorios. "Según los testimonios recopilados, los órganos de represión del Estado cubano han acentuado el carácter coercitivo y humillante de estos interrogatorios".
Mientras más se acerca la fecha de la manifestación, "la manipulación psicológica se vuelve sistemática, más agresiva y rigurosamente planeada por el Estado".
Un caso "especialmente preocupante" es el de la activista Daniela Rojo, quien fue citada por el Órgano de Menores "con la finalidad de disuadirla de participar en la marcha para evitar consecuencias sobre sus hijos, como el bullying en la escuela".
Se registró un aumento de operativos policiales de vigilancia sostenida a los coordinadores de Archipiélago y sus familiares y amistades.
Hubo detenciones arbitrarias en varias ciudades del país. "Como muestra sirvan algunas de las más notorias: el profesor Albert Sánchez y la reportera Iliana Hernández en La Habana, así como la de Leinier Cruz en Guantánamo, que derivaron tratos degradantes y humillantes".
Continuó la "conminación a activistas y periodistas independientes, como Yoani Sánchez, para que abandonen el país".
También se realizaron "despidos laborales discriminatorios por ideas y posturas políticas, como el de Edel Carrero, quien ha sido expulsado de su trabajo en el Centro de Teatro de La Habana".
"La propaganda del Estado y el PCC ha intensificado y radicalizado el discurso de odio y violencia, con el objetivo de justificar la represión por cualquier medio", advierte el informe.
El Noticiero Nacional de la Televisión Cubana, así como los programas Con Filo, Palabra Precisa y Razones de Cuba, son usados para difamar e intimidar. "Un ejemplo fue el reportaje del pasado 3 de noviembre, enfocado en convencer a la audiencia de que no existe otra alternativa que aplastar a los manifestantes, sean de dentro, o del exterior del país".
Las conclusiones del documento:
- El monitoreo sobre la represión durante estos días muestran la insistencia e intención de los órganos de la Seguridad del Estado de intensificar el control absoluto sobre los potenciales manifestantes y su entorno social para impedir la manifestación. Se trata de inducir un estado de impotencia absoluta en los ciudadanos utilizando métodos de control emocional y conductual cuyo fin es que las personas desistan de ejercer sus derechos. Los métodos de tortura psicológica dejan nocivas huellas duraderas en los seres humanos y aunque están proscritas en los mecanismos internacionales del ramo, resultan más difíciles de probar en los tribunales, de lo cual también se previene el Estado en su estrategia de represión.
- Se confirma que las formas represivas van en ascenso permanentemente y ya se han transnacionalizado porque alcanzan a las familias migrantes en el país y sus miembros en la diáspora. Esto también explica que el conflicto adquiera cada vez un carácter nacional y se amplíe la militancia contestataria al gobierno de la Isla desde las comunidades de emigrados. Igualmente muestra las razones por las que hoy se están organizando marchas 15N en más de cincuenta ciudades del mundo donde se encuentran cubanos.
- La preparación de grupos paraestatales de cara al 15N con el objetivo de reprimir violentamente a los posibles manifestantes sin exponer a los militares uniformados ante la opinión pública internacional, es algo que debe preocupar no solo a los cubanos, sino a la comunidad internacional. Máxime si se toma en cuenta que el Estado también posee el control absoluto de la información y ejerce ese monopolio suspendiendo selectiva o masivamente la conexión a internet de la ciudadanía, única forma por la que el pueblo cubano podría denunciar dicha respuesta el próximo 15 de noviembre.
- La Comisión denuncia la intencionalidad del Estado cubano y teme que se esté preparando la opinión nacional a favor del linchamiento políticamente justificado. Estamos en presencia de un recrudecimiento alarmante de los poderes ilimitados del Estado cubano. Llamamos la atención de la opinión pública internacional y de los organismos competentes para frenar la escalada de violencia institucional que se está recrudeciendo en Cuba. La comunidad internacional no debe permanecer en silencio ante tal escenario. Por ello y todo lo argumentado en este segundo informe, reiteramos la invitación a representantes de la prensa y los organismos internacionales para que visiten el país para esa fecha. Será un modo de acompañar in situ los acontecimientos y eventualmente disuadir 11 al gobierno del uso de la fuerza.
