La aquiescencia de las cúpulas de la dictadura y el Partido Comunista a la represión que se imparte desde la Seguridad del Estado contra ciudadanos que buscan ejercer su derecho a participar como sujetos políticos es ya insostenible, según el informe mensual correspondiente a febrero de 2021 del Observatorio Legislativo de Cuba.
Por otra parte, reza el informe, es claro que la intención de los ciudadanos es expresarse pacíficamente y por los medios dispuestos institucionalmente, pero quien ataca a las expresiones de participación es el Estado en sus diferentes formas, de manera directa o indirecta.
Para poder hablar de un proceso democratizador en Cuba, en primer lugar, se debe respetar y mejorar lo que ya está dispuesto en la Constitución y en las diferentes leyes que rigen en la isla, subraya el informe.
"Hablamos de los derechos consagrados en ellas a la libertad de expresión, participación y los diferentes mecanismos de participación ciudadana ya establecidos. Como también menciona (la abogada de Cubalex) Laritza Diversent en su comentario, 'algo tiene que cambiar porque los ciudadanos no tienen forma de participar, ni de hacerle saber al Estado que cambios quiere sino que es el Estado el que decide y los ciudadanos no tienen nada que opinar, simplemente tienen que ajustarse a que los que están arriba gobernando decidan qué es lo que van a hacer'”, indicó el Observatorio.
En ese contexto, señala que “tampoco los ciudadanos tienen mecanismos para decidir quiénes están arriba, quien tiene los mecanismos para eso es el Partido Comunista, que va contra el ejercicio de la libre determinación de todos los ciudadanos cubanos”.
El informe dice que los gobiernos cerrados, como el cubano, bloquean sistemáticamente de diferentes maneras las opciones que tienen los ciudadanos para ejercer su participación.
Entre los muchos ejemplos de represión, recuerda que el régimen comunista hizo oídos sordos, el 3 de febrero de 2021, al hecho de que Carolina Barrero y Solveig Font en representación del movimiento 27N entregaron en las oficinas de la Asamblea Nacional una solicitud firmada por más de 1.200 cubanos en el que se exigía dar comienzo a un proceso de revocación de mandato dirigido a Alpidio Alonso Grau –quien se desempeña como Diputado de la ANPP, Ministro de Cultura y también es miembro del Consejo de Ministros cubano-.
La petición, subraya el Observatorio, se justificaba por su conducta "contraria a la ética, la moral y el civismo que debe guiar a un representante de todos los ciudadanos cubanos".
El informe cita a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la cual ha denunciado la falta de participación política y elecciones libres en Cuba por la persistencia de un partido único, así como la falta de disposiciones para asegurar la separación de los poderes.
