Decenas de organizaciones internacionales y medios de prensa condenaron el proceso contra el periodista independiente cubano Roberto Jesús Quiñones Haces, sancionado la semana pasada a cumplir un año de trabajo correccional con internamiento.
La declaración publicada el martes ha sido firmada por casi un centenar de periodistas y activistas pro derechos humanos.
En el documento denuncian la detención arbitraria, criminalización y sanción contra el periodista de Cubanet y expresan profunda preocupación "por el maltrato y tortura de los cuales fue objeto durante y después de detención".
Al mismo tiempo exigen al Estado garantías en el proceso penal del también abogado, que implemente medidas para que cese la represión contra defensores y activistas de derechos humanos y otras de orden legal para garantizar la independencia del poder judicial, entre otras demandas.
A continuación publicamos el texto íntegro de la Declaración:
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13, de agosto de 2019.- El 1ro de agosto pasado, el periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, recibió un citatorio para presentarse ante el Tribunal Municipal Popular de la ciudad de Guantánamo, Cuba, en calidad de acusado. El 7 de agosto fue juzgado y sancionado a un año de privación de libertad sustituido por trabajo correccional con internamiento. Roberto Quiñones es un hombre de 62 años de edad, desde hace 12 años ejerce el periodismo en Cubanet y también es licenciado en Derecho. En 1999 fue sancionado a ocho años de prisión y desde entonces se le prohibió ejercer como abogado. Esta actual sanción se deriva de una cobertura que realizaba del juicio contra un matrimonio que había sido acusado por no llevar a sus hijos a la escuela e instruirlos desde casa. El 22 de abril, cuando el periodista se disponía a presenciar el juicio en el Tribunal Municipal Popular de Guantánamo, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lo detuvieron, esposaron y golpearon. Lo llevaron detenido y lo mantuvieron preso por 5 días, acusado de resistencia y desobediencia, liberándolo bajo la advertencia de que el proceso en su contra seguiría. Durante el arresto le provocaron varias contusiones, escoriaciones, heridas y le perforaron el tímpano del oído derecho. Fue trasladado al hospital, pero la especialista que lo atendió no registró la lesión porque tenía un taco de cerumen en el oído. No fue diagnosticado hasta 7 días después de ser liberado, cuando requirió asistencia médica por su cuenta. Las autoridades denunciaron de oficio a los oficiales actuantes por los delitos de lesiones y al periodista por los delitos de resistencia y desobediencia. El 30 de abril, el Primer Fiscal Militar exculpó a los agentes y remitió la denuncia contra el periodista a la Fiscalía Provincial de Guantánamo. El 3 de mayo, el periodista presentó queja en la Fiscalía y una funcionaria le informó que por indicaciones de la Fiscalía General de la República su caso había sido trasladado a la Delegación del Ministerio del Interior, la misma institución que garantizó impunidad a sus agresores. El 6 de mayo, Roberto de Jesús presentó un escrito de queja por la decisión tomada por la Fiscalía Militar al Departamento de Atención a la Ciudadanía del Ministerio del Interior. Hasta la fecha no ha recibido respuesta. Desde el 9 de junio tiene prohibido salir de su provincia de residencia sin autorización de los agentes de la Seguridad del Estado que regularmente lo reprimen. La prohibición se mantiene en la actualidad. En ese mismo mes fue citado por un capitán de la PNR quien le hizo la propuesta de imponerle una multa para cerrar el caso. Roberto Quiñones se negó porque tal proceder implicaba admitir la responsabilidad de la acusación. Ello ocasionó que el juicio continuara su curso hasta la sanción notificada el 7 de agosto. Si bien Roberto Quiñones apeló la sentencia del Tribunal Municipal el 12 de agosto,se teme que la sanción se confirme y se haga efectiva la privación de su libertad. Del caso se desprende que el periodista fue juzgado sin las garantías mínimas del debido proceso por un tribunal no independiente, mediante un proceso penal sumarísimo en el cual no se respetó el principio de contradicción ni la igualdad entre las partes, como tampoco se dispuso del tiempo y de los medios adecuados para preparar su defensa. En lo que va de 2019, en Cuba han aumentado los actos de intimidación y hostigamiento que pueden ser tipificados como tortura por el derecho internacional, cometidos por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado, sin orden ni supervisión judicial, contra defensores de derechos humanos y periodistas independientes, con el objetivo de que, mediante el castigo o la intimidación, se inhiban de ejercer su derecho a opinar expresarse, asociarse y reunirse pacíficamente. En el caso específico de Roberto, agentes del estado cubano, en el desempeño de funciones oficiales, infringieron intencionalmente sufrimiento y dolor (mental y físico) severo a Roberto de Jesús Quiñones, actos prohibido por el articulo 7 del Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos, que el estado se comprometió a cumplir cuando lo firmó el 28 de febrero de 2008 y la Convención contra la Tortura de la cual es parte. Es importante resaltar que en el informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en Cuba, presentado este año por el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Edison Lanza, se señala la criminalización de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Cuba, con énfasis particular en la detención arbitraria, tortura y citaciones. Asimismo, se nombra al periodista Roberto Jesús Quiñones por haber sufrido otra detención arbitraria hace menos de un año. Entre las recomendaciones del Relator, se instó al Estado cubano a adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir y erradicar la criminalización de quienes ejercen el derecho de libertad de expresión y de asociación; y Poner fin en el más breve plazo a la práctica de hostigamiento, incluyendo citaciones, detenciones de cualquier duración, y acoso a cualquier persona por causas relacionadas al ejercicio de su libertad de expresión, libertad de asociación, reunión u otros conexos. Asimismo, en el Examen Periódico Universal de Cuba, en septiembre 2018, también incluye las siguientes recomendaciones: Poner fin a la detención arbitraria y el hostigamiento de defensores de los derechos humanos, así como de profesionales de los medios de comunicación; y poner fin a las medidas que restringen la libertad de expresión y reunión, incluidas las detenciones de corta duración y la utilización de cargos penales generales como la “peligrosidad”. Es importante recordar las obligaciones del Estado cubano de garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas o firmadas por Cuba. El derecho a la libertad de expresión y de acceder a información son establecidos dentro del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 19 reitera específicamente los derechos garantizados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículos 7, 9, 12, & 19; y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de conformidad con estándares internacionales de derechos humanos. Por todo ello, las organizaciones y personas abajo firmantes condenamos la ilegitima detención arbitraria, criminalización y sanción en contra del periodista Roberto Jesús Quiñones y expresamos nuestra profunda preocupación por el maltrato y tortura de los cuales fue objeto durante y después de detención. Asimismo, demandamos al Estado cubano lo siguiente: Que se respeten y garanticen los derechos de Roberto de Jesús Quiñones en el proceso penal seguido en su contra por las autoridades judiciales en la provincia de Guantánamo. Adoptar las medidas para que cese la represión contra defensores y activistas de derechos humanos, especialmente contra periodistas independientes y otros actores de la sociedad civil en situación de riesgo. Garantizar que estos actos de represión, intimidación y hostigamiento sean debidamente investigados y los responsables sancionados; conforme a la metodología del Protocolo de Estambul. Garantizar que todas las personas estén protegidas frente a la intimidación y la violencia a las que podrían exponerlas sus actividades o el simple ejercicio de sus libertades de opinión y expresión y sus derechos de asociación y reunión pacífica Adoptar medidas legislativas para garantizar la independencia del poder judicial y garantizar el respeto de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados. Preparar y ejecutar programas de formación para velar por que los jueces, fiscales, agentes del orden sean plenamente conscientes de las disposiciones internacionales que prohíben la tortura y los malos tratos. FIRMAN: Organizaciones/Instituciones/Fundaciones
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Medios de comunicación
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Periodistas, defensoras/es de derechos humanos y otras/os
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