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La declaración que pide libertad de prensa y expresión en Cuba


La declaración exige "garantías para ejercer los derechos a las libertades de prensa y expresión en Cuba". (Foto Archivo/SIP)
La declaración exige "garantías para ejercer los derechos a las libertades de prensa y expresión en Cuba". (Foto Archivo/SIP)

Más de 1,000 periodistas, editores, profesores y miembros de la sociedad civil se han unido en una declaración para denunciar las violaciones a la libertad de prensa en Cuba y reclamar respeto para quienes trabajan en el sector informativo independiente.

La lista de firmantes crece cada día, y actualiza su meta a un número mayor cada vez. El objetivo es lograr la mayor cantidad de firmas posible.

Entre las acciones represivas de las autoridades cubanas contra los comunicadores se cuentan las detenciones arbitrarias y encarcelamientos, allanamientos de viviendas, confiscación y ocupación de equipos, interrogatorios, prohibiciones de salida del país, campañas de difamación, acoso físico y digital, hackeo de cuentas personales, bloqueo y ataques cibernéticos contra sitios digitales, amenazas de prisión e intimidación a familiares, entre otros, precisó el texto publicado en la plataforma AVAAZ.org de peticiones a la comunidad.

La declaración se publica en un contexto de creciente hostilidad oficial hacia la prensa independiente que este septiembre ha estado marcada por la condena y el encarcelamiento del periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, un caso que "exhorta a mantener la alerta", advirtió el documento.

"No podemos permitir que ocurra otra Primavera Negra como la de 2003" -advirtieron los firmantes de la declaración-, un oscuro momento para la libertad de prensa y expresión en Cuba durante el que 75 ciudadanos, entre periodistas independientes y defensores de derechos humanos, fueron detenidos por el régimen y sentenciados a condenas de hasta más de 20 años de privación de libertad.

El texto subraya que leyes aún vigentes en Cuba como la Ley de reafirmación de la dignidad y soberanía cubanas (Ley 80) y la Ley de protección de la independencia y la economía de Cuba (Ley 88), de 1996 y 1999, respectivamente, constituyen las amenazas más serias contra el libre ejercicio de la presa y la expresión en la isla.

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Los firmantes del documento señalan que aunque ya pasaron 16 años desde la Primavera Negra "sería imprudente creer que nos encontramos a salvo".

"Cuando permitimos que el relato de un país se construya desde un único punto de vista, laceramos su memoria histórica y, a largo plazo, su identidad cultural. Defender el derecho a contar historias diversas sobre quiénes somos hoy, a ejercer un periodismo que devele la realidad del país a partir de su complejidad, significa defender incluso el derecho de las generaciones futuras a saber de dónde provienen. Resultaría inmoral legar una mentira, una verdad a medias o una caricatura de nuestro presente", concluye la declaración.

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