Una reciente resolución publicada esta semana en la Gaceta Oficial de Cuba intenta justificar la venta de artículos enviados a la isla como donativos y ayuda para damnificados.
La comercialización por parte del Estado de artículos esenciales como agua o alimentos, a una población seriamente afectada por el huracán Irma, ha generado numerosas críticas, protestas sociales y preocupación entre exiliados que buscan garantizar que sus donaciones lleguen efectivamente a los damnificados.
En diferentes regiones de Cuba se agudizaron carencias de productos básicos alimentos, medicamentos y agua potable, así como tejas y materiales de la construcción para reparar sus desvencijadas casas tras el ciclón.
En algunos sitios la gente se quejó incluso de que han tenido que pagar al Estado colchones, fogones y hasta carbón.
la gente se quejó incluso de que han tenido que pagar al Estado colchones, fogones y hasta carbón.
La nueva resolución asegura que los cubanos recibirán gratis las donaciones que reciba el país en caso de desastres, pero deberán pagar los gastos de distribución y transportación, aclara el texto de la resolución No. 645 del 2017 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP).
La norma, que deroga la resolución No. 143 del 2015 y busca actualizar los procedimientos financieros, de precios, tributarios y contables, aplicables en casos de desastres, llega en medio de innumerables quejas de cubanos que perdieron casas y bienes materiales tras el huracán Irma, que azotó este mes la isla dejando davastación en 13 de las 15 provincias del país.
La nueva política de precios y financiamiento indica que “cuando a los damnificados se les haga entrega de productos recibidos como donación (interna y externa) esta se hace sin costo alguno para los mismos".
"En estos casos solo se cobra el margen comercial, incluye los gastos de distribución y transportación, según corresponda, por quien la ejecuta", explicó el documento.
Los productos y servicios que se determina vender a los damnificados se valoran a los precios minoristas vigentes, mientras que los productos alimenticios subvencionados se mantienen a sus precios habituales.
El documento aclara que las formas de pago de servicios y productos para hacer frente a daños por desastres dependerá de "la solvencia económica" de los afectados. Incluye bonos, dinero en efectivo, crédito bancario, la combinación de estas y subsidios para los pobres.
En el caso de los créditos se otorgan a partir de 300 pesos en moneda nacional, con plazo de amortización de hasta 15 años y una tasa de interés de 2,5 por ciento.
Nuevas normas para vender ayuda tras el paso de Sandy
Un funcionario local admitió en declaraciones a Granma que "antes del paso de Sandy por Santiago de Cuba, las normativas para hacer frente a estos fenómenos eran muy dispersas".
"Nos hemos ido perfeccionando en busca de mayor inmediatez en la atención a los afectados, en el diseño de estrategias de trabajo más integradoras de todos los organismos que intervienen para ofrecerle una respuesta rápida a los problemas de la población", dijo Adalberto Carbonell Sotto, director general de Política Fiscal del MFP.
Entre giros
El gobierno de Raúl Castro dió un giro a las políticas paternalistas de más de medio siglo. Tan pronto como se hizo con el poder en el 2008, ordenó la subvención de personas y no de productos.
Desde entonces redujo aún más la ya escuálida libreta de abastatecimiento y cumplió su promesa de eliminar "gratuidades indebidas y subsidios excesivos".
En el 2012 autorizó subsidios para financiar la reparación de viviendas y la contratación de mano de obra.
