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Al menos 408 acciones represivas en Cuba en agosto, informa el OCDH


Un oficial de policía custodia las calles cercanas al Capitolio durante el toque de queda en La Habana. (AP/Ramon Espinosa)
Un oficial de policía custodia las calles cercanas al Capitolio durante el toque de queda en La Habana. (AP/Ramon Espinosa)

Más de 400 acciones represivas contra opositores en Cuba durante el mes de agosto confirman una estrategia diseñada por las autoridades para sitiar en sus casas y limitar la capacidad de movimiento a activistas y opositores, refiere un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) publicado este miércoles.

El reporte de la red de trabajo del OCDH dentro de la isla contabilizó al menos 408 acciones represivas, entre ellas "111 detenciones arbitrarias", de las que 24 se realizaron "con violencia por parte de la policía".

La organización denuncia abusos recurrentes contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, los más comunes de agosto fueron "el sitio de viviendas de activistas, amenazas, hostigamiento, citaciones policiales, multas, golpizas, decomisos y allanamientos, en ese orden", cita el informe.

La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara fueron las provincias más afectadas por la represión gubernamental, añade.

"Hemos comprobado la persistencia de un patrón represivo que busca retener ilegalmente en sus casas a activistas de derechos humanos, periodistas y artistas independientes" que se suma a las "habituales prácticas represivas del gobierno cubano", señala un comunicado del OCDH.

El Observatorio señaló que, en medio de la pandemia de coronavirus, no solo la oposición, sino “una gran parte de la ciudadanía de todo el país sufre el hostigamiento gubernamental al intentar acceder o producir alimentos y otros productos de primera necesidad”.

Sobre las medidas de control que entraron en vigor este martes, 1 de septiembre, en La Habana, el OCDH dijo que el régimen “aprovecha la crisis sanitaria derivada del COVID-19 para extremar los mecanismos de control sobre la población", ya sea con la aplicación de "multas desproporcionadas" o con la "persecución de determinadas actividades económicas”, concluye el comunicado.

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