El preso político Aleandry Lechuga Junco se incorporó este miércoles a la huelga de hambre que mantienen, desde hace más de nueve días, Adrián Rodríguez Morera y Rolando Yusef Pérez Morera.
Los huelguistas, participantes de las demostraciones del 11 de julio de 2021, instan a organismos internacionales y gobiernos democráticos para que intermedien con el régimen la excarcelación de los participantes en las demostraciones antigubernamentales y que se les respete su derecho a los beneficios de acuerdo a las leyes del país.
“Ya me lo había comentado y hoy me llamaron, de adentro de la cárcel, y me dijeron que mi hijo se plantó y que lo sacaron del destacamento. Supongo que lo hayan llevado para una celda de castigo”, indicó en conversación con Martí Noticias, Elvira Junco Gamboa, su madre.
“Le denegaron sus dos meses de beneficios, porque tuvo problemas con un reo común. Pero aparte de eso, lleva 2 años injustamente preso porque él está cumpliendo una condena injusta porque lo único que hizo fue manifestarse, jamás vandalizó una tienda, jamás golpeó a nadie”, defendió la señora.
El manifestante de 33 años está recluido en la prisión de Guanajay, Artemisa, donde también se encuentra otro de los huelguistas, Adrián Rodríguez Morera. Mientras que su hermano Rolando Yusef Pérez Morera cumple su sentencia en el penal de Quivicán de la provincia Mayabeque.
En una carta, sacada del centro penitenciario por su madre, Lechuga Junco subraya que ha agotado todas las vías legales para revisar su sentencia de 7 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado.
El prisionero político asegura en la misiva que dicho atentado "nunca ocurrió".
"En todos los videos de la manifestación de Bauta, yo salgo en casi todos y no existe tal delito porque sé que no existe, ni existirá video alguno que compruebe tal atentado”, afirma.
“Por eso no me queda más opción que atentar contra mi propia vida con esta nefasta huelga que no sé qué resultado tendrá, para ver si alguien hace justicia”, escribe desesperado y sugiere que si las autoridades judiciales desean actuar con probidad lo que tienen es que mirar con detenimiento los videos de las demostraciones en Bauta, su localidad de residencia.
“A él se le hizo un segundo juicio de casación, ahí fue donde le bajó un año, porque a él le pedían ocho. Todo lo que podíamos haber hecho, ya lo hicimos. Y la otra Revisión de Causa la abogada nos dijo que todo había terminado, todo este proceso había terminado y salió igualito”, lamentó la madre, miembro del movimiento Cuba de Luto.
“Nosotros escribimos al Tribunal Supremo, a la Fiscalía de la República, a Miguel Díaz-Canel, al Papa y nadie nos ha escuchado, nadie nos ha contestado absolutamente nada”, detalló.
Después de terminados todos los recursos contra la sentencia, el sancionado a privación de libertad, queda dependiente de los funcionarios del Ministerio del Interior (MININT) que deciden a qué tipos de restricciones están subordinados.
Igualmente resuelve acerca de los traslados a otros centros penitenciarios, los derechos a visitas, a llamadas telefónicas, y el tránsito de un régimen severo a otro de menor rigor, los tipos de castigos y sobre cualquier tipo de excarcelación anticipada que prevé la legislación penal.
También dependen de oficiales del MININT, los beneficios consistentes en rebaja de hasta 60 días por año efectivo de cumplimiento de la sanción y la rebaja adicional de sesenta días del término de la sanción por excepcional conducta.
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