Contra la censura
Informe SIP detalla múltiples ataques contra periodistas y críticos del régimen de Cuba
El informe sobre Cuba que se presenta esta semana en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) recoge el encarcelamiento de tres comunicadores (dos periodistas y un influencer) y el arresto domiciliario de decenas de periodistas, entre múltiples atentados a la libertad de prensa y de expresión en la isla.
La conferencia de la SIP, que inició hoy y se extenderá hasta el jueves, incluye este pormenorizado reporte sobre las violaciones a la libertad de prensa en Cuba y el hostigamiento a periodistas, comunicadores e influencers.
En él de destacan los casos de los periodistas encarcelados Lázaro Yuri Valle Roca, Jorge Bello Domínguez y el popular youtuber Yoandi Montiel, "El Gato de Cuba".
También documenta la detención de 39 comunicadores, el arresto domiciliario para 31 periodistas y la prohibición de salida del país para 15. También asegura que 16 periodistas fueron víctimas de amenazas y agresiones psicológicas durante citaciones o detenciones arbitrarias.
A continuación reproducimos el documento:
Informe ante la Reunión de Medio Año
19-22 de abril de 2022
La epidemia que más afecta al país es la represión, que repuntó en el último semestre con severas condenas para los ciudadanos que participaron de las protestas del 11 de julio de 2021.
Pronto entrará en vigor un nuevo Código Penal tan retrógrado como el anterior, que exagera la protección de los gobernantes, en detrimento de los ciudadanos.
Un periodista preso, otro desterrado como condición para salir de la cárcel, otro agredido por individuos con conocimientos en artes marciales, y toda la prensa independiente bajo vigilancia y amenazas intermitentes (solo quedan menos de cincuenta personas, incluyendo directivos, fotógrafos y diseñadores), demuestra el débil cuadro en materia de libertad de expresión, dentro de una sociedad sin respiro por la devaluación de la moneda y una emigración compulsiva que ya superó la crisis de los balseros de los años 1990.
En los últimos meses, la mayoría de las personas relacionadas al trabajo de la prensa independiente, así como centenares de cubanos que habían posteado contenidos críticos contra el régimen, sufrieron diversos grados de amenazas policiales y acoso, no solo en sus domicilios, y también interrogatorios y amenazas judiciales para que no divulgaran, mostraran simpatía o informaran sobre la protesta nacional convocada para el 15 de noviembre.
El ambiente para la libertad de prensa sigue siendo muy hostil, beneficiado solo por el creciente número de cubanos que se conectan a internet, consumen y divulgan información alternativa a la oficial. Fuera de eso, ETECSA, el monopolio estatal de las comunicaciones, sigue funcionando como instrumento de censura y ciberacoso, bloqueando websites de medios y de ongs críticas de la dictadura, facilitando la cibervigilancia, cobrando precios elevados por un servicio deficiente y haciendo cortes selectivos de comunicaciones a periodistas y activistas.
Lázaro Yuri Valle Roca es el ejemplo de todo lo que persigue la dictadura cubana. Es uno de los dos periodistas cubanos presos en estos momentos. Fue detenido el 15 de junio de 2021 por filmar y divulgar el lanzamiento de octavillas con frases de independentistas del siglo XIX en una céntrica calle de La Habana. Desde entonces solo salió de prisión para ser llevado a hospitales por complicaciones de salud. Enfrenta un castigo de seis años, por los delitos de "propaganda enemiga" y "resistencia".
El reportero Jorge Bello Domínguez fue condenado a 15 años de cárcel por el delito de "desacato", tras participar en las protestas del 11 de julio. Por ese mismo delito también fue condenado el popular youtuber Yoandi Montiel, "El Gato de Cuba", preso desde hace más de año y medio tras burlarse en un video del presidente Miguel Díaz-Canel.
El periodista Esteban Rodríguez fue excarcelado en enero tras más de ocho meses de prisión sin juicio, pero debió aceptar el destierro a cambio de su liberación. Había sido encarcelado por participar en una protesta en La Habana. Junto a Rodríguez, salió del país el comunicador Héctor Luis Valdés, quien declaró haber salido para que liberaran a su amigo, Rodríguez. Con ello se verificó el primer caso desde 2016 de colaboración represiva entre Cuba y otro gobierno de la región contra periodistas, aunque luego las autoridades migratorias de Nicaragua les prohibieron ingresar a Managua, su destino, por lo que quedaron varados en el aeropuerto de San Salvador. Poco después, el hijo de Juan Manuel Moreno, directivo de un boletín independiente, sufrió el mismo trato cuando trataba de volar a Nicaragua, único país de la región que no exige visas a los cubanos y desde donde intentan llegar por tierra a EE.UU.
El anteproyecto del Código Penal agrava la represión. Aplica altas penas de cárcel para todos los que se involucren en el envío, transmisión o recepción de recursos dirigidos a organizaciones no reconocidas por el Estado, incluidos los medios independientes y las ongs que monitorean las violaciones los derechos humanos.
El nuevo Código Penal mantiene la pena de muerte, formaliza sanciones de cadena perpetua y expulsión del país.
El capítulo sobre "Propaganda contra el orden constitucional" castiga con hasta cuatro años de cárcel a quien "incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista reconocidos en la Constitución de la República, mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma". Aplica entre tres y ocho años de cárcel a quien "atente contra el honor o la dignidad del jefe de un Estado extranjero", un blindaje para dictadores extranjeros amigos del régimen.
El artículo 185 sobre "desacato" silencia cualquier cuestionamiento a las autoridades y sus agentes. "Quien amenace, calumnie, difame, insulte, injurie o, de cualquier modo, ultraje u ofenda, de palabra o por escrito, en su dignidad o decoro, a un funcionario público, autoridad o a sus agentes o auxiliares, en ejercicio de sus funciones" será castigado con entre seis y doce meses de prisión y con una alta multa. Si la ofensa es contra el presidente u otras autoridades jerárquicas, el castigo será de entre uno y tres años.
También se sanciona con un año de prisión la "clandestinidad de publicaciones" o a quien "confeccione, difunda o haga circular en cualquier formato, publicaciones, sin indicar la imprenta o el lugar de impresión o sin cumplir las reglas establecidas para la identificación de su autor o de su procedencia, o las reproduzca, almacene o transporte".
La amenaza de ser acusados de "instigación a delinquir" la han recibido decenas de personas antes del 15 de noviembre, por divulgar la convocatoria a la protesta convocada en las redes sociales.
También el artículo 270 del Código Penal impone penas de seis a doce meses y altas a quien difame a los héroes y mártires del régimen.
Varios periodistas cubanos en el extranjero, como Karla Pérez, tienen prohibida la entrada a la isla. Asimismo, varios periodistas independientes tienen prohibido salir del país, entre ellos Yoe Suárez, Rosalia Viñas, María Matienzo, Boris González Arenas, Camila Acosta, Rolando Rodríguez Lobaina, Claudia Montero, Fabio Corchado, Reinaldo Escobar, Luz Escobar, Iris Mariño, Henry Constantin, Mary Karla Ares, Juan Manuel Moreno y Yunier Gutiérrez.
Yoan de la Cruz es el caso más visible de una persona condenada a la cárcel por trasmitir en vivo en sus redes sociales las protestas del 11 de julio. Fue condenada a seis años de prisión.
Más personas fueron multadas por aquellas protestas con el Decreto 370, que regula las redes sociales y permite decomisar teléfonos celulares. Entre ellas, Saily González, y varios familiares del preso político Jonatan López.
El acceso a la información oficial no existe. El secreto de Estado sigue dominando. El gobierno publica estadísticas escuetas, sus funcionarios difunden mensajes elogiosos al régimen en las redes sociales y los medios oficiales siguen haciendo propaganda.
Durante este período, fueron detenidos los comunicadores Pedro Luis Hernández, Camila Rodríguez, Orlidia Barceló, Martha Sánchez, Alberto Corzo, Juan Manuel Moreno, Mabel Páez, Yanela Reyes, María Matienzo, Yadiris Luis, Yoe Suárez, Héctor Luis Valdés, Yoel Acosta, Rolando Rodríguez, Yanaisy Quezada, Flora Quiñones, Héctor Miguel Sierra, Yeris Curbelo, Niober García, Ariosmi Ramos, Reina Baños, Diznaikis Hernández, Ever Fonseca, Raúl Pérez, Frank Abel García, Melba González, Yunieski Ferrer, Laritza Contreras, Carlos Manuel Cárdenas, Dallan Calderín, Sheila Delgado, Israel López, Luisbel Piloto, Reisel Acosta, Fernando Donate, Orelvys Cabrera, Henry Constantin, Neife Rigau y Vladimir Turró.
Las órdenes de arresto domiciliario afectaron a los siguientes periodistas: Luz Escobar, Iris Mariño, Neife Rigau, Claudia Montero, Fabio Corchado, Reinaldo Escobar, Yoani Sánchez, Henry Constantin, Abraham Jiménez, Yadiris Luis, Flora Quiñones, Héctor Luis Valdés, Héctor Miguel Sierra, Yohandri Salas, Aimé Redondo, Amaury Sáenz, Josué Peraza, Yusleidy Romero, Rosaida Crespo, Moisés Corona, Daniel Tamayo, Onelcys Díaz Becerra, Jorge Luis Romero, María del Carmen Vergara, Jorge Enrique Rodríguez, Martha Liset Sánchez, Alberto Corzo, Pedro Luis Hernández, Ariosmi Ramos, Yaima Cabrera y Duznaikis Hernández.
Fueron víctimas de amenazas y agresiones psicológicas durante citaciones o detenciones arbitrarias los siguientes periodistas: Luis Cino, Yoe Suárez, María Matienzo, Sol García, Nachely Rivero, Henry Constantín, Yanela Reyes, Yadiris Luis, Orelvys Cabrera, Jorge Amado Robert, Mary Karla Ares, Yander Serra, Yeris Curbelo, Niober García, Yunieski Ferrer y Laritza Contreras.
El 2 de febrero, durante la detención de los reporteros Neife Rigau y Henry Constantín, la actitud de un policía desnudó el sentimiento del régimen contra la prensa independiente: "Yo a estos les sacaría los ojos y ya".
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"Fuerza paramilitar al servicio de dictadores", así calificó a la UNEAC un escritor cubano en su carta de renuncia
El escritor y humorista cubano Jorge Fernández Era denunció a la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba como un instrumento represivo del régimen comunista y fue respaldado por reconocidas figuras de la cultura cubana.
Como una "fuerza paramilitar al servicio de dictadores" calificó a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba el intelectual cubano Jorge Fernández Era, en una carta pública en la que anunció su renuncia a esa institución.
Indignado por la reciente expulsión de la UNEAC de la profesora y académica matancera Alina Bárbara López Hernández, el humorista hostigado por las autoridades cubanas denunció que con esta acción la organización de escritores y artistas "se suma a capítulos tan repugnantes como las UMAP, la Parametración, la Primavera Negra, el manotazo del ministro..., que no representan otra cosa que la consecución al pie de la letra de la excluyente máxima “Con la Revolución todo, contra la Revolución nada”.
En su carta dirigida a la Presidencia de la UNEAC, que actualmente ocupa la musicóloga Marta Bonet de la Cruz, el escritor les increpa: "La “Revolución” que honran ustedes con semejante sanción es la misma que defienden el Partido que nos malgobierna y los esbirros que pretenden acallar voces incómodas como las de Alina. Ellos violan con descarada impunidad derechos que nos otorga la Constitución y normas legales dictadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Con su complicidad, la Uneac se devela como la fuerza paramilitar que es, al servicio de los dictadores de turno".
Fernández Era recuerda que la UNEAC se ha plegado "de la manera más servil" a las acusaciones que le hacen tanto a él como a Alina Bárbara "quienes temen al debate y a la polémica y acuñan el término “contrarrevolución” a cuanto amenaza la estabilidad de la complacencia y la mentira".
La carta de renuncia del humorista recibió en redes sociales el respaldo de otros miembros del gremio intelectual y artístico. Como las académicas Ines Casal, Jenny Pantoja, Carmen Lezcano; los humoristas Omar Franco y Rigoberto Ferrera; los cineastas Ricardo Figueredo Oliva y Manuel Alejandro Rodríguez, el crítico de arte Antonio Enrique González Rojas, el escritor Jorge Angel Pérez y la investigadora Miryorly García.
En agosto de 2020, la UNEAC expulsó al escritor e investigador camagüeyano Pedro Armando Junco López, luego de que publicara una exhortación al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y llamara a Cuba un sistema autocrático.
La UNEAC expulsa a la académica Alina Bárbara López Hernández
En un documento que tituló “Sanciones que honran”, la profesora Alina Bárbara López Hernández dio a conocer que fue expulsada de la UNEAC, cuyos directivos la acusaron de criticar la revolución y alta dirigencia del régimen comunista.
La historiadora y ensayista Alina Bárbara López Hernández fue expulsada de las filas de la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) por causas que la intelectual calificó de “infamias”.
En una reunión a la que fue citada por el Comité provincial de la entidad, en Matanzas, la profesora e investigadora fue sometida a una especie de juicio, sin derecho a apelación, en la que le informaron los motivos por los que la privaban de su membresía.
Según relató López Hernández en Facebook, en un documento que tituló “Sanciones que honran”, los directivos alegaron para su separación que hubiera realizado actividades contra la revolución, que incluyen publicaciones en las redes sociales y medios de prensa contra la alta dirigencia del régimen.
“Yo soy una científica social, soy una ensayista de literatura histórico social. La naturaleza de mis escritos, por los cuales yo entré a la UNEAC, siempre fue crítica y vengo estudiando la historia del Partido Comunista desde antes de los años 40 del pasado siglo. Tengo ensayos premiados sobre esto, uno de mis libros fue Premio Nacional de investigación cultural”, indicó en conversación con Martí Noticias.
“Ahora ellos consideran que mi labor como articulista es algo que la organización no puede aceptar cuando nunca he usado ofensas gratuitas, cuando siempre he usado argumentos, cifras, como historiadora y como filósofa que soy, pero, sencillamente la UNEAC es una organización que sabemos el modo en que se dirige desde la instancia nacional”, sostuvo.
Los directivos de la UNEAC recriminaron a la profesional por mostrar solidaridad con el “movimiento del 11 de julio”.
“Debí aclararles que el 11 de julio ocurrió en Cuba un estallido social, que no fue estructurado, ni organizado por ninguna instancia ni tuvo un liderazgo reconocible; fueron manifestaciones populares espontáneas y no un movimiento”, escribió López Hernández en su texto.
“Les dije que, efectivamente, he analizado en artículos las causas del estallido social y he solicitado la libertad de los presos políticos pues me parece injusto que cumplan altas penas de prisión personas que solo se manifestaron gritando consignas o grabando videos de lo ocurrido”, afirmó.
De igual modo, los dirigentes culturales acusan a la académica de incurrir en delitos graves previstos y sancionados por el Código Penal como Desobediencia y Atentado.
“Ambas imputaciones, una que llegó a condena por Desobediencia y otra que todavía está en fase de instrucción, son farsas judiciales que ni siquiera han sido a través de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, sino son delitos comunes que le fabrican a las personas incómodas para poder amenazarlas, coaccionarlas y evitar que sigan actuando de una manera que el gobierno considera inaceptable”, señaló.
“Por un lado, la Desobediencia en sí misma no es un delito grave, es un delito leve. La pena fue una multa y además no tengo antecedentes penales porque, precisamente, no era un delito grave, como ponen ahí en el documento infame de la UNEAC y, por otro lado, el Atentado es una acusación que está en fase de instrucción, ni siquiera se ha llevado a juicio. Por tanto, ante la ley, yo soy inocente y la UNEAC está desconociendo esos que son principios legales, al menos están recogidos en el Código Penal”, resaltó.
Otra acusaciones que hace la UNEAC a la académica es el haber hecho público el proceso disciplinario al que estaba sometida y ofender a un miembro de la organización gubernamental, así como violar, de manera grave, los estatutos y el reglamento de la UNEAC.
“Jamás intentaría apelar una decisión que parece dictada más por agentes de Seguridad del Estado que por escritores y artistas. Además, no se tomaron el trabajo de buscar asesoría jurídica profesional para, al menos, dar un cariz argumentado a las causas que esgrimen para aplicar tal medida”, apuntó López Hernández en su denuncia.
Los dirigentes de la UNEAC puntualizaron que López Hernández no puede criticar la infalibilidad del Partido Comunista de Cuba (PCC).
“No puedo criticar nada que venga del Partido porque la organización acepta, en sus reglamentos y en sus estatutos, el papel dirigente del partido”, comentó. “Yo ejerzo derechos constitucionalmente establecidos en el artículo 56 de la Ley de leyes: libertad de expresión y de manifestación pacífica”.
“Le recordé que el reglamento de la UNEAC no puede desconocer a la Constitución de la República”, recalcó.
Alina Bárbara López Hernández lleva a cabo una protesta el día 18 de cada mes en el Parque de la Libertad de Matanzas, para demandar la elección democrática de una Asamblea Nacional para redactar una nueva Constitución, la libertad para los presos políticos "sin exilio obligatorio", el cese del hostigamiento a los ciudadanos que ejercen la libertad de expresión y "que el Estado no se desentienda de la crítica situación de ancianos, jubilados, pensionados y familias que están en pobreza".
Es secundada por otros activistas que se manifiestan o intentan hacerlo, el mismo día, en diferentes parques y plazas de las ciudades donde residen: la antropóloga Jeny Pantoja y el periodista y humorista Jorge Fernández Era, entre otros.
“Ellos [las autoridades cubanas] se prestaron a algo tan innoble como esta expulsión que yo considero al final una manera de honrarme. Yo ciertamente no voy a bajar la cabeza, no voy a aplaudir lo que no se puede aplaudir, voy a criticar, voy a ejercer mi derecho como ciudadana; derecho constitucionalmente establecido, por mucho que moleste”, subrayó la académica.
El Observatorio de Derechos Culturales (ODC) criticó la exclusión de la historiadora en una nota de prensa y catalogó el ataque contra la investigadora como una grave violación de los derechos culturales.
“Se suma a la honrosa lista de censurados por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba - UNEAC, organización que opera como brazo represivo de la Seguridad del Estado contra los intelectuales cubanos”, afirma la organización independiente.
“La obra de Alina lleva implícito su compromiso con Cuba y con el tiempo en que le ha tocado vivir, es ejercicio permanente de honestidad intelectual”, precisó en su comunicado.
Fundación para la Democracia Panamericana intercede por periodista de Santa Clara
Han solicitado formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emita una medida cautelar de protección en favor del periodista independiente Carlos Michael Morales Rodríguez, ex preso político del 11J.
La Fundación para la Democracia Panamericana interpuso una petición de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor del periodista independiente cubano y ex preso político Carlos Michael Morales Rodríguez.
Morales Rodríguez, tras cumplir de manera íntegra una condena de dos años y medio por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, fue detenido a principios de mayo por no asistir a dos citaciones policiales. El 22 de julio fue enjuiciado nuevamente y sentenciado a ocho meses de privación de libertad por el delito de "desobediencia", sanción que fue subsidiada por trabajo correccional sin internamiento.
Juan Carlos Vargas, el coordinador general de la Fundación para la Democracia Panamericana, dijo a Martí Noticias que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar de protección en favor del periodista independiente.
Vargas recordó que Morales Rodríguez "ha sido víctima de represalias por sus publicaciones en redes sociales y por realizar precisamente su trabajo, que es el de informar".
"Carlos no debería ser sometido a constantes violaciones y torturas. Hay que recordar que él ha realizado una huelga de hambre producto de su detención, de su prisión y por lo tanto, frente a esta persecución, el centro de denuncias realizó un llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que pueda realizar y pueda otorgarle, lo antes posible, esta medida cautelar porque un comunicador no debería ser perseguido por realizar su trabajo”, declaró el coordinador.
Estando encarcelado en la prisión La Pendiente de Villa Clara, Morales Rodríguez realizó dos huelgas de hambre, la última de 26 días, que deterioraron seriamente su salud, al punto de tener que ser hospitalizado.
Aumentan violaciones en Cuba contra la libertad de expresión y prensa en el espacio digital, denuncia ICLEP
Los 101 incidentes violarios registrados por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensanmuestran un aumento del 165,7 % en relación con el mes anterior.
El mayor número de violaciones contra las libertades civiles en julio en Cuba estuvieron relacionadas con el acceso al espacio digital, restricciones que ascendieron a 46, señaló el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) en su informe mensual.
“Hubo un alarmante incremento de las violaciones a la libertad de expresión y prensa en Cuba y estuvieron asociadas directamente con el tercer aniversario de las protestas del 11 de julio. Antes, durante y después del cumplirse el tercer aniversario, la policía política cubana la emprendió con cortes de internet, de telefonía, de detenciones arbitrarias, de citaciones y amenazas de prisión a periodistas y activistas que quisieran hacer cualquier tipo de actividad o reportar sobre este evento”, dijo a Martí Noticias Normando Hernández, director del ICLEP.
Días más tarde, para el aniversario de los asaltos al Cuartel Moncada, en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, “la represión de la Seguridad del Estado se hizo sentir”, asegura el informe.
Los 101 incidentes violarios registrados por la entidad, con sede principal en Miami, muestran un aumento del 165,7 % en relación con el mes anterior.
El ICLEP documentó transgresiones contra las libertades ciudadanas en nueve provincias: La Habana, Sancti Spíritus, Artemisa, Villa Clara y Pinar del Río.
En ese sentido, contabilizó 27 ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas, 17 detenciones arbitrarias, 7 usos abusivos del poder estatal, 3 agresiones físicas y una reclusión.
Igualmente, compila que 48 personas fueron víctimas de violaciones, “18 mujeres, 1 no binario y 29 hombres, varios de ellos con más de un incidente en diferentes momentos del mes”.
De acuerdo a la recopilación de ICLEP, sobre los comunicadores y los activistas se hizo más fuerte la represión con vigilancia y acoso en sus viviendas, cortes de internet, citaciones e interrogatorios.
La Seguridad del Estado, secundada por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) y por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), fueron las protagonistas de las acciones autoritarias contra la sociedad civil.
Los periodistas Orlidia Barceló Pérez, directora de El Espirituano; Juan Manuel Moreno Borrego, director de Amanecer Habanero; Mabel Páez, directora de El Majadero de Artemisa; y Antonio Suárez Fonticiella, director de Páginas Villareñas, fueron citados a estaciones policiales de las localidades donde residen y advertidos de no reportar ningún incidente el 11 de julio.
“El día 10 de julio vino a mi casa el jefe de sector para decirme que tenía que estar el día 11 a las 8 de la mañana en la policía, que si no iba tomarían otras medidas. Al día siguiente a las 8 y 10 más o menos llegué a la estación y hasta las 5 de la tarde me tuvieron ahí sentada. Nunca apareció el supuesto oficial que iba a atenderme, Hasta que el 'carpeta'[ de la unidad policial], me dice que puedo irme, que el oficial que me iba a atender tuvo problemas y no vino".
El ICLEP también alerta sobre los asedios a Camila Acosta, José Luis Tan y Carlos Michael Morales, periodistas hostigados por la policía política.
No se pueden tolerar ni normalizar las constantes violaciones a la libertad de expresión y prensa en Cuba, indica el ICLEP en su informe.
“El llamado desde el ICLEP es a denunciar ante la comunidad internacional cada agresión que se comete en la isla contra los periodistas, activistas, opositores y ciudadanos que defienden su mirada crítica a la realidad cubana”, concluye.
Periodista cubano denuncia hostigamiento de las fuerzas policiales
El periodista Juan Manuel Moreno Borrego ha padecido detenciones arbitrarias dentro de oficinas policiales sin acceso a agua, comida ni ventilación durante más de siete horas, además de la privación de servicios de internet y telefonía, así como amenazas de prisión.
El periodista Juan Manuel Moreno Borrego denunció el acoso por parte de agentes de la Seguridad del Estado y otros cuerpos represivos del Ministerio del Interior (MININT).
Moreno es director de Amanecer Habanero, un boletín comunitario que pertenece al Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), asentado en Miami.
“Acoso constante, visitas constantes, lo mismo del jefe de Sector que del oficial de la Seguridad del Estado con advertencias, amenazas de que no puedo salir a la calle”, dijo el comunicador a Martí Noticias.
Agregó que, en fechas señaladas, los agentes policiales intimidan a toda la familia con la advertencia de no salir de la vivienda, “hasta nuevo aviso’, como si su casa fuera un calabozo”.
El incidente represivo más reciente tuvo lugar el 13 de julio, cuando Moreno Borrego recibió un mensaje de texto en el que se le conminaba a asistir, urgentemente, ante las autoridades policiales por estar vinculado, supuestamente, a un hecho delictivo, un robo con fuerza.
“Un mensaje de texto, a través de un número que no me responde, un supuesto oficial del DTI (Departamento Técnico de Investigaciones) me ordena que debía presentarme en la estación de policía de Marianao porque el poseedor de mi línea, ya sea si soy yo quien la tenga u otra persona, debe presentarse porque esa línea está envuelta en un hecho delictivo. Sería circulado si no me presentaba y detenido”.
“Resulta que eso viene de hace dos meses atrás cuando un tal oficial del DTI vino a mi casa y me explicó que en el 2021 habían cometido un robo con fuerza de un teléfono y que ese mismo día se había puesto la línea mía en ese teléfono. Revisó los emails de los teléfonos de todos los miembros de la casa y concluyó que todo estaba bien y entonces hace tres días me mandan nuevamente ese mensaje”.
La Ley del Proceso Penal de Cuba establece que las citaciones oficiales se realizan mediante una cédula o documento que debe contener la identificación de la institución y de la autoridad que la dispone, los nombres y apellidos del citado y otras generales como el número de teléfono y la dirección de su domicilio, el objeto de la citación y el lugar, día y hora en que deba concurrir el citado.
También el aviso al citado de que si no concurre sin causa justificada se le impondrá multa de hasta 100 cuotas, y si se trata de una segunda citación, será conducido y acusado por el delito que corresponda.
Moreno ha padecido además detenciones arbitrarias dentro de oficinas policiales sin acceso a agua, comida ni ventilación durante más de siete horas, además de la privación de servicios de internet y telefonía, y amenazas de prisión.
Por su parte, ICLEP instó al régimen a que cese de inmediato la persecución contra el periodista, y a garantizar su integridad física y seguridad personal.
“Las acciones contra el director de Amanecer Habanero no solo son inaceptables y condenatorias, sino que también constituyen un claro intento de silenciar su voz crítica y disidente dentro de la sociedad cubana, en franca violación de los principios más básicos de derechos humanos y libertades fundamentales como la libertad de expresión y prensa”, recalcó la organización de periodistas ciudadanos.
Durante el mes de junio, ICLEP registró y documentó 38 incidentes violatorios en la isla. De ellos, 15 fueron ataques, amenazas y/o agresiones psicológicas, 11 usos abusivos de poder estatal, 6 detenciones arbitrarias, 5 reclusiones y una agresión física.
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