La policía política no quita el dedo del renglón en su intento de acallar a los familiares del prisionero político Andy García Lorenzo, detenido por participar en las manifestaciones pacíficas del pasado 11 de julio en la ciudad de Santa Clara.
Este martes al mediodía, un inspector de Planificación Física se presentó en el local que ocupa la barbería que opera por cuenta propia Jonathan López, cuñado de García Lorenzo.
Al respecto, Pedro López, padre de Jonathan, informó a Radio Martí.
“Vinieron los funcionarios del gobierno a multarnos con 1.000 pesos más por la construcción del negocio de mi hijo, que está en un terreno que es del Estado por lo cual, si bien es una construcción que es cierto que es ilegal, le da legalidad el hecho de que todo el mundo acá, en el reparto, tiene construcciones de ese tipo y a muy pocas personas han venido a multarles”, explicó López.
Pedro López esgrime como argumento que “además, en ese lugar se trabaja y se pagan impuestos; un lugar donde ellos (el gobierno) entregaron una patente, una licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia. Es un hostigamiento deliberado, porque eso (la barbería) lleva ahí siete años ¿por qué ahora, en este momento?
En opinión de Pedro López, ninguna de las entidades creadas por el régimen, como Planificación Física, por ejemplo, se ha ocupado de crear o habilitar inmuebles donde los trabajadores por cuenta propia puedan ejercer su trabajo y, eso, específico “no sucede, ni acá donde vivimos, ni en el país”.
“Esta vez, (la multa) fue de 1.000 pesos, pero, los perjuicios ocasionados a la familia, en todos estos días, en total ascienden, entre multas y teléfonos, a unos 50.000 pesos. O sea, las cosas de nosotros, sabemos que es probable que no las devuelvan”, aseguró López.
La familia García Lorenzo, extendida a la familia López por el compromiso de Jonathan con Roxana García Lorenzo, hermana de Andy, viene enfrentando el acoso de las fuerzas represivas del régimen por su incesante activismo por la libertad de García Lorenzo y de todos los presos políticos.
Detenidos en múltiples ocasiones, han sido objeto de ofensas, en las que se incluyen vulgaridades y amenazas de toda índole. Multados con hasta 3.000 pesos por persona, se les han confiscado objetos personales y además, en detenciones de hasta 10 horas, han sido chantajeados con tomar represalias con Andy, quien se encuentra prisionero en la cárcel conocida como Guamajal con una petición fiscal de 7 años y en espera de que la sentencia sea ratificada tras un juicio del cual califican de “amañado”.
(Con reporte de Tomás Cardoso para Radio Martí)
