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Más acoso en Santa Clara a la familia del preso político Andy García Lorenzo


Activistas que acompañaron a la familia de Andy García Lorenzo a la cárcel de Guamajal a inicios de diciembre 2021.
Activistas que acompañaron a la familia de Andy García Lorenzo a la cárcel de Guamajal a inicios de diciembre 2021.

La familia del preso político Andy García Lorenzo denunció este lunes el acoso a que está siendo sometida.

El viernes pasado, su hermana Roxana García Lorenzo, el novio de ella, Jonathan López, y los padres de éste, fueron arrestados cuando se dirigían a la audiencia de Santa Clara donde se celebraría la última vista oral del juicio contra Andy y otros 15 manifestantes del 11 de julio.

Reportaje de Ivette Pacheco
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Roxana y Jonathan detallaron a Radio Martí cómo fueron sometidos a interrogatorios en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones (UPICO) “por agentes sin ninguna profesionalidad”, quienes los multaron bajo el decreto ley 370 y les “profirieron amenazas por varias horas”.

Una agente “me trató de intimidar en varias ocasiones”, dijo Roxana. Tenían “una prepotencia increíble, una falta de respeto…chusmería”, comentó Jonathan.

Explicaron que cada uno fue multado con tres mil pesos y que estaban siendo acusados de hacer “escándalo” en “los medios sociales”.

Roxana denunció que los agentes se llevaron sus teléfonos por siete días, pero que si las autoridades demuestran que fueron usados para “hacer transmisiones” o “directas”, “serían decomisados”.

Con anterioridad, a la casa de la familia se personaron inspectores de vivienda para multarlos por un pequeño local construido en la parte trasera del apartamento donde Jonathan trabaja como barbero, algo que según explicaron a Radio Martí Roxana y Jonathan “es ilegal, pero por lo que no te multan mientras no enfrentes al sistema”.

La familia fue avisada de que Andy tendría visita este lunes, en la prisión de Guamajal, hacia donde se dirigió desde temprano su madre, según indicó Roxana.

El juicio contra Andy García Lorenzo, quien enfrenta una petición fiscal de 7 años por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado, y de los otros manifestantes del 11 de julio en Santa Clara, terminó el viernes y quedó concluso para sentencia.

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