Cuba volvió a calificar como país "no libre" y bajó el puntaje a 21, en el informe sobre libertad global de internet que publica anualmente la organización Freedom House.
Freedom on the Net, que incluye el estudio de 70 países y los ubica en una escala de 0 (menos libre) a 100 (más libre), señala que en Cuba las autoridades supervisan el uso de internet, y buscan dirigir el tráfico a la intranet controlada por el gobierno.
El reporte subraya que el estado cubano "participa en esfuerzos de manipulación de contenido y bloquea los sitios de noticias independientes", y hace referencia al Decreto Ley 370, utilizado por el régimen para castiga a la disidencia política e intimidar y silenciar a los periodistas en línea.
"Una serie generalizada de protestas públicas contra el gobierno realizadas a fines de 2020 y a lo largo de 2021 se facilitaron en línea, ya que los cubanos eludieron la censura del gobierno a través de innovaciones digitales de base. Las autoridades impusieron restricciones de conectividad generalizadas y bloquearon las plataformas de redes sociales en respuesta", detalla el reporte.
Entre las mejoras de infraestructura claves, entre junio de 2020 y 31 de mayo de 2021, Freedom House apunta que más cubanos tienen acceso a Internet, y a velocidades de Internet más rápidas, que en años anteriores, aunque, aclara, "es probable que las cifras reflejen el acceso a servicios móviles estatales en los que todavía se alienta a los usuarios a conectarse a la intranet controlada por el estado".
Según datos oficiales, a finales de 2020 había casi 1,5 millones de usuarios de 4G en Cuba, lo que equivale al 25,6 % de la cobertura móvil. En febrero de 2021, el Ministerio de Comunicaciones informó que 4,2 millones, de los 7 millones de personas con acceso a internet en la isla, se conectan a través de teléfonos móviles, lo que indica que en poco más de dos años esta forma de acceso ha superado a todas las demás.
La isla sigue teniendo, a pesar de las mejoras en la infraestructura técnica, una de las tasas de conectividad más bajas del hemisferio occidental, y el acceso regular a Internet sigue siendo extremadamente caro y las conexiones, deficientes, destaca el informe.
Luego de las protestas de noviembre de 2020, que se coordinaron a través de las redes sociales después de que el gobierno allanó la sede del Movimiento San Isidro y bloqueó Facebook, Twitter, Telegram y WhatsApp, las autoridades impusieron restricciones de conectividad a gran escala, recuerda el reporte.
Como consecuencia, el régimen pasó a desconectar a activistas y periodistas de Internet y las redes móviles "para dejarlos sin comunicación durante fechas clave durante el período de cobertura".
En abril de 2021, el gobierno anunció la adopción del Decreto Ley 35, que impone amplias obligaciones a los proveedores de servicios de censurar el contenido en línea sin supervisión judicial o medidas de transparencia; la ley entró en vigencia en agosto, tras las históricas protestas que sacudieron la isla, el 11 de julio pasado.
El informe concluye que el gobierno cubano "manipula el panorama de la información en línea a través de políticas y otras iniciativas destinadas a mantener el dominio de los medios y las narrativas progubernamentales, y desacreditar las fuentes de información independientes".
Además, en Cuba, la "penalización por la actividad en línea es común". Freedom House señala que en la isla, los periodistas independientes, influencers y los activistas de derechos humanos, "a menudo se ven atrapados en las represiones que acompañan a los disturbios políticos o sociales", como sucedió el 11J.
